Dentro de las propuestas del Gobierno para una nueva Constitución se encuentra aquella sobre la Reforma Integral y Democrática del Estado, en la cual se busca ejecutar un nuevo modelo territorial, una nueva división político-administrativa, un nuevo sistema de representación y una redefinición de lo fiscal.

Esta propuesta, que fue planteada el régimen desde agosto del año anterior y ahora es trabajada con la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades), considera que la crisis del Estado centralista tiene su origen en los principales polos de acumulación del capital, que han provocado inequidad en el desarrollo socioeconómico y cultural de los territorios, grandes flujos migratorios internos y externos e ineficacia en la acción gubernamental.

Según el Gobierno, el objetivo es “fortalecer todos los niveles del Estado, clarificar las competencias, sistematizar el marco normativo, generar información para la toma de decisiones, y monitorear la ejecución de las políticas públicas con incidencia territorial”. Para ello se piensa en una nueva división política-administrativa que, entre otras reformas, suponga la creación de regiones descentralizadas y/o desconcentradas, y el establecimiento de un conjunto de incentivos que conlleven mayores niveles de autonomía regional.

Para Fander Falconí, titular de la Senplades, la propuesta de sumar provincias para conformar una región se basa un análisis de 52 variables clasificadas en los componentes demográficos, geográficos, sociales, fiscales, de riesgos e infraestructura. Según este funcionario, después de un análisis técnico, se establecieron criterios de compatibilidad entre aquellas provincias que pueden dar vida a las nuevas unidades territoriales. Incluso, para realizar el nuevo esquema territorial, también se tomó en consideración una consultoría histórica. Sin embargo, surgen algunas interrogantes: ¿Qué pasa con los estudios y estrategias políticas para que esto se cumpla y dónde quedará el trabajo administrativo de algunos gobiernos locales que han descentralizado su poder?

Según varios analistas políticos, consideran que, por más descentralizadora que resulte esta propuesta, la estrategia política que tendría el Gobierno sería acumular más poder a través de liderar los Consejos Regionales junto a los prefectos y alcaldes. Consideran además que, de aprobarse esta propuesta en la Asamblea Constituyente, el gobierno apuntará a captar, a través de elecciones populares, que los prefectos y alcaldes pertenezcan al partido de Gobierno, porque el representante del régimen en el Consejo Regional entraría directamente.

Si ésta sería lo lógica y luego de haber desaparecido de la plataforma política los partidos políticos tradicionales fuertes en la Costa, Sierra y Oriente, como el Partido Social Cristiano (PSC), el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), la Izquierda Democrática (ID) y hasta el Partido Sociedad Patriótica (PSP), ¿qué pasaría con los partidos y movimientos que han logrado éxitos descentralizadores y de equidad social como el Movimiento Popular Democrático (MPD) y Pachakutik en sus alcaldías y prefecturas? ¿Transformación territorial o Acumulación de poder?

Ejecutivo Regional o Consejo Regional (integrado por prefectos de la región autónoma y un delegado del Presidente de la República, quien presidirá el Consejo); Asamblea Regional (integrada por los diputados y representantes de las provincias de la región); Ejecutivo Provincial (integrado por los prefectos de la provincia por elección popular); Consejo Provincial (integrado por alcaldes o delegados de las provincias, delegado del Presidente de la República, y el presidente de las juntas parroquiales); Ejecutivo Cantonal (integrado por alcaldes de elección popular, quienes serán los titulares del poder Ejecutivo en el nivel cantonal y tendrá competencias administrativas autónomas de conformidad con la nueva Constitución y con la ley); Concejo Cantonal (integrado por miembros electos en distritos plurinominales, más dos delegados por todas las juntas parroquiales del cantón); Distritos (con participación ciudadana, y ejecución de acciones delegadas por el respectivo municipio); y la Junta Parroquial (en cada parroquia existirá una instancia de participación ciudadana, que ejecutará acciones delegadas por el respectivo municipio).