Los veinticinco grados de calor a la sombra y los esfuerzos para imitar la gesticulación y los tonos vocales del ventrílocuo de palacio, enrojecieron el rostro de niño travieso del ministro Andrés Felipe Arias. El escenario y el auditorio fueron cuidadosamente seleccionados. Doscientas personas del notablato local de Florida, Valle, reunidas en el Centro Vacacional Comfaunión, escucharon las voces de orden:

"No al despeje".

"El despeje significa siembra de minas, siembra de coca, tráfico de armas".

"Es una cuestión de principios. El Gobierno no cederá".

En el recinto se encontraban los alcaldes de Florida, Hugo Venancio Córdoba Bastidas y de Pradera, Luis Orlando Mina. El primero dijo que no permitiría despeje en el casco urbano y el segundo, que no es el momento de posiciones radicales, precisamente cuando se abrían posibilidades de llegar al acuerdo humanitario con la facilitación de Venezuela.

Pradera (497 kilómetros cuadrados, 50 mil habitantes), está situada al sur del Valle del Cauca. Florida (378 kilómetros cuadrados, más de 60 mil habitantes) se halla al oriente del departamento, a 33 kilómetros de Cali. En ambos municipios se cultiva la caña de azúcar y operan varios ingenios. Las zonas altas, extensas y montañosas, de toda la región, pertenecen a la cordillera central y están habitadas por varios cabildos indígenas de la etnia Nasa (Páez).

Cuando el Gobierno decidió suspender los contactos que adelantaban la Iglesia, Alvaro Leyva y otras personalidades en aras al establecimiento de una Zona de Encuentro temporal para el acuerdo humanitario, ya existía un ambiente favorable en toda la región. Indígenas, campesinos y los trabajadores de la industria azucarera, agrupados en el sindicato Sintracañazucol, se habían comprometido a colaborar al éxito de las negociaciones que allí se adelantarían. La Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (ORIVAC) y la Organización Nacional Indígena (ONIC), respaldaron la iniciativa de las comunidades indígenas de Pradera y Florida de convertir la Guardia Indígena en una Fuerza de Paz, para colaborar con las autoridades civiles en el mantenimiento de la tranquilidad de los habitantes de la región.

El estallido del petardo en la universidad militar de Usaquén, cuya autoría sigue en el misterio, se produjo en el momento en que se realizaba en Pereira el Congreso del pueblo embera, convocado por la Alianza Social Indígena (ASI). En medio del sacudimiento anímico que produjo el discurso del presidente Uribe, cerrando cualquier posibilidad de acuerdo con las FARC y señalando como única alternativa el rescate militar, los delegados al Congreso aprobaron por unanimidad una condena a la "declaratoria de guerra" del primer mandatario, que "pone en duda la seriedad del proceso y, sobre todo, pone en riesgo la vida y la seguridad de los secuestrados y de una verdadera política de paz".

Después ya se conoce lo que pasó. Un batallón de alta montaña fue instalado en las vecindades de los resguardos indígenas. Los constantes patrullajes mantienen en estado de nerviosismo a la población.

Personas desconocidas en la región recorren áreas urbanas y caminos.

Ya once de los doce diputados, cuyo retorno esperaban los vecinos de Florida y Pradera, sufrieron infortunadamente el cumplimiento de la fúnebre premonición de uno de ellos, a través de un video: "Los que vamos a morir, te saludan".

En Pradera y Florida, en sus valles y en sus montañas, son mucho más que los doscientos acompañantes del Ministro los que claman contra el rescate a sangre y fuego de militares y civiles secuestrados y respaldan la negociación y aplicación de un acuerdo humanitario, en el territorio nacional.