Privatiza IFAI su centro de estudios

El Centro Internacional de Estudios de Transparencia y Acceso a la Información (CETA), en el que se invirtieron más de 4 millones de pesos, inicia su vida “autónoma”: el pasado 31 de diciembre se desincorporó del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), que dirige Alonso Lujambio Irazábal.

La separación se justifica por su naturaleza jurídica. De acuerdo con el acta constitutiva 26074, registrada el 2 de mayo de 2006 ante el notario público Carlos Antonio Morales, se trata de una asociación civil, a pesar de que el instituto carece de facultades para crear este tipo de organismos.

Entre los firmantes de dicha acta sobresale el excomisionado del IFAI, José Octavio López Presa, quien renunció a su cargo en marzo de 2005, “por motivos de estricto carácter personal”, y fue sustituido por Alonso Lujambio. Un mes antes de su dimisión, su colega Juan Pablo Guerrero Amparán iniciaba cabildeos para crear el centro de estudios, entonces identificado como CIAI.

“Transmitir el proyecto de la constitución en México, bajo la coordinación del IFAI, de un centro internacional de acceso a la información, para conocer posibilidades de apoyo y viabilidad”, es el tercer objetivo que se lee en el reporte del viaje de trabajo a Washington, Estados Unidos, que Guerrero Amparán presentó en febrero de ese año.

Dinero de los marginados

En abril de 2005, el CETA fue aprobado por la Fundación William and Flora Hewlett, que donó 1 millón de dólares a la dependencia pública para el desarrollo del proyecto IFAI-Comunidades, destinado a promover el derecho a la información de los grupos marginados.

C.R. Hibbs, directora en México de esa fundación, explica que se trató de “una iniciativa del IFAI, cuando estábamos hablando del donativo Hewlett, del que sólo fue una pequeña parte. La idea era fortalecer a la institución y tener alcance en las poblaciones más pobres, y ellos tenían esa demanda internacional: querían crear el CETA para generar más conocimiento sobre el tema. Ellos llevaron ese proyecto a la mesa”.

Aunque Guerrero Amparán promovió desde febrero la creación del centro, contradice la versión de Hibss. “El CETA se desvincula del IFAI porque la intensión del donativo era crear un centro que atendiera las necesidades de los solicitantes de información. Se planteó que tuviera una vocación independiente. El financiador pensó que el IFAI, que entonces era una institución joven que apenas empezaba, podía ser el vehículo para la creación de un centro de la sociedad”.

El proyecto mismo revela que, para garantizar la viabilidad del centro con recursos públicos y privados, éste se integró al de IFAI-Comunidades. Además de realizar análisis académicos, su creación obedeció a tres objetivos: difundir la labor del instituto por medio de redes con organismos nacionales y extranjeros; establecer mecanismos que faciliten el acceso a la información, y mejorar el manejo de archivos gubernamentales.

No obstante, de abril de 2005 a la fecha su tarea se ciñó a la constitución legal, planeación estratégica y lanzamiento del propio centro; el diseño de los términos de referencia para el desarrollo de un centro de documentación; la elaboración de cinco investigaciones, y la realización de tres cursos de capacitación a empresarios internacionales, periodistas y funcionarios públicos. Ninguno de éstos fu destinado a los grupos marginados.

En el rubro de la investigación académica, la institución subcontrató –a través del CETA y sin licitaciones de por medio– a consultoras terceras para realizar los análisis. Hasta ahora, el IFAI es el primer ente público que “privatiza” su centro de estudios, al que le destinó miles de pesos y dio en comodato oficinas, computadoras, impresoras.

Ni el Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales, de la Suprema Corte de Justicia; ni el Centro Nacional de Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; ni los centros de la Cámara de Diputados –de Finanzas Públicas, de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, Sociales y de Opinión Pública, de Equidad de Género, de Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria, y Servicios de Investigación y Análisis– han sido desincorporados.

—No estoy seguro de que sea la primera vez que un ente público genera una asociación civil claramente orientada a la sociedad. La figura específica está en varias instancias federales, por ejemplo en el Centro de Investigación y Docencia Económica, AC. La diferencia es que no le va a costar al contribuyente. El CETA va a tener que vivir de sus medios, a diferencia de los centros (de la Cámara de Diputados, la Corte y la Comisión) –justifica el comisionado Guerrero Amparán.

Opacidad en manejo de recursos

Aun cuando el artículo tercero del acta constitutiva del CETA indica, en su numeral I, que “la asociación tiene por objeto asistir al IFAI, o a cualquier dependencia o entidad similar, en sus actividades de promoción y difusión del ejercicio del derecho de acceso a la información pública gubernamental”, desde el 1 de enero de este año no tendrá obligación alguna con la dependencia.

—El CETA termina sus proyectos con IFAI en diciembre. Aunque fue una iniciativa del instituto, ahora es autónomo –dice Issa Luna Pla, directora del centro desde febrero pasado–. Somos una asociación civil. Estamos constituidos formalmente y tenemos presupuesto aparte. Hasta diciembre, uno de nuestros clientes es el IFAI. Puede ser que después trabajemos proyectos en común.

La doctora en derecho e investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM aclara: “La asociación no recibe dinero del IFAI. Nosotros fuimos pagados por las investigaciones”.

En siete meses, Luna Pla y su equipo de tres personas cobraron 700 mil 828 pesos, según información oficial. Aunque la doctora asegura que los ingresos percibidos se derivaron de la actividad académica, un informe proporcionado a Contralínea por el comisionado Guerrero, responsable del proyecto IFAI-CETA-Comunidades, revela gastos diversos.

Según el documento, de abril de 2005 a septiembre de 2007, el Instituto Federal de Acceso a la Información destinó al menos 4 millones 45 mil pesos al CETA: 3 millones 124 mil del donativo de la Fundación Hewlett y 920 mil 904 pesos del erario.

No obstante, estas cifras difieren de las obtenidas a través de la Ley de Transparencia. Según la respuesta a la solicitud 0673800111007, el IFAI habría aportado sólo 789 mil 807 pesos de su presupuesto, y la fundación, 2 millones 618 mil pesos. La diferencia entre ambos reportes asciende a 637 mil pesos.

Según Juan Pablo Guerrero, los recursos del erario se erogaron porque “el CETA es público. Nada más público que una organización con esas características, otra cosa es que no sea gubernamental y qué bueno, porque así se podrá crear conocimiento y se formarán recursos humanos al servicio público de la sociedad civil, no del gobierno. No es crear más burocracia ni generar una instancia supeditada a los intereses gubernamentales, como es a fin de cuentas el IFAI”.

Subcontrataciones

En ambas relatorías sobresalen pagos a empresas terceras que realizaron las investigaciones. La consultora Probabilística cobró 655 mil 155 pesos por el estudio Cultura de la transparencia en funcionarios públicos, en el marco del proyecto IFAI-Comunidades.

Si bien los informes indican que la erogación se hizo con recursos del donativo en tres entregas –la primera, en 2006, por 189 mil 750; la segunda, por 103 mil 40, y la tercera por 362 mil 365 pesos–, en su portal de transparencia, el IFAI reporta el gasto con cargo a su presupuesto, según el contrato C80/06.

Caso similar es el de la asociación civil Aequum-Centro de Estudios sobre Equidad y Desarrollo, a la que se le adjudicó directamente el contrato C45/06, firmado el 1 de junio de 2006 para la elaboración del Estudio sobre la evaluación del impacto económico de la ley de transparencia. El costo, cubierto por el erario, fue de 195 mil 500 pesos.

Dichos análisis –junto con los estudios ¿Cómo responden las instituciones a las resoluciones del IFAI?, Análisis exploratorio: hacia un informe e indicador de transparencia e Igualdad en la transparencia de ingresos tributarios– son atribuidos al Centro Internacional de Estudios de Transparencia.

Otro gasto que destaca es la contratación de Barrera, Siqueiros y Torres Landa. El informe indica que los 108 mil 404 pesos que costó la asesoría en materia jurídica para el proyecto IFAI-Comunidades fueron pagados con el dinero donado, mientras que el portal de transparencia no reporta esta contratación.

De acuerdo con la página de internet del CETA, cuyo costo de 16 mil pesos fue sufragado con recursos públicos, el despacho jurídico realizó “un estudio comparativo sobre las ventajas y desventajas de las diferentes opciones de figura jurídica del centro”, y determinó que éste “debería ser una asociación civil”.

El experto en derecho a la información y académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva, explica que la dependencia no está facultada para constituir asociaciones civiles.

—El IFAI no tiene atribuciones legales expresas para crear asociaciones. Si (los comisionados) dicen que para cumplir sus obligaciones tienen que crear asociaciones, ésa es una interpretación muy forzada, pues la Ley de Transparencia no lo establece expresamente.

El comisionado Guerrero Amparán justifica que “todo peso gastado por el IFAI en esta materia se relaciona directamente con las atribuciones legales de este instituto, en cuanto a creación de estudios, de redes sociales, de capacitación de grupos comunitarios y generación de conocimiento en la materia”.

Cita el artículo 37 de la Ley Federal de Transparencia, fracciones 6, orientar y asesorar a los particulares acerca de las solicitudes de acceso a la información; 13, difundir entre los servidores públicos y los particulares, los beneficios del manejo público de la información, como también sus responsabilidades en el buen uso y conservación de aquélla, y 14, elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el conocimiento sobre la materia de esta Ley.

Ernesto Villanueva concede que el CETA no es una creación del IFAI y que las aportaciones seguramente se hicieron bajo la figura de donativos. Aunque reconoce que hay un “acompañamiento político” en su fundación, dice que se trata de un organismo ciudadano de carácter privado.

Ni un solo peso de los 920 mil 904 que el IFAI invirtió en este proyecto se dio bajo la partida 7505, correspondiente a donativos con recursos públicos a instituciones sin fines de lucro, revelan los informes.

Más aún, en 2006 el CETA también generó gastos por los servicios de vigilancia, energía eléctrica, limpieza, internet, fotocopiado, mantenimiento integral, agua embotellada, papelería y telefonía convencional, que sumaron 191 mil pesos. Ésta última también registra erogaciones en 2007, por 5 mil 700 pesos.

—Su naturaleza es extraña, porque surge ahí adentro –reconoce su directora, Issa Luna Pla?–. Aunque inicia como un proyecto del Instituto y de la Fundación Hewlett, se consultaron a muchos expertos para saber qué podía hacer un centro de investigación que no hace el IFAI. Es un centro de pensamiento y de investigación que surge a raíz de la iniciativa de un ente público y una fundación privada.

Bienes en comodato

Datos proporcionados por Comunicación Social del propio instituto descubren que, en México, 20 asociaciones civiles estudian el tema de la transparencia y el acceso a la información.

—Por más que yo esté al frente, no puedo contestar –por qué el Instituto constituyó el CETA–, pues no estuve en ese periodo. Mi comisión es hacer de esto algo independiente. La vida del pasado del IFAI hay que preguntársela al IFAI. Hasta donde me han contado, fue porque se necesita investigación internacional; pero es el IFAI el que sabe, porque ellos tenían el interés con la Fundación Hewlett. A mí me cayó como organización, no como proyecto –explica Luna Pla.

Respecto a este punto, Juan Pablo Guerrero argumenta que “muchas son organizaciones con las que tenemos buenas relaciones, pero no hacen estudios específicamente en materia de transparencia”. El comisionado reconoce que con otras asociaciones el IFAI no mantiene buena relación, como el caso de Libertad de Información, de Ernesto Villanueva.

Dos meses después de su constitución legal, la dependencia pública cedió en comodato el primer piso de sus instalaciones, ubicadas en avenida México 151, colonia del Carmen, Coyoacán, Distrito Federal. También “prestó” el mobiliario.

Seis computadoras, dos de ellas portátiles; dos impresoras; un escáner; una máquina de escribir; seis escritorios; tres butacas; dos sillas secretariales; cuatro sillones semiejecutivos; tres mesas, y siete aparatos telefónicos se enlistan en el contrato de comodato, signado el 12 de julio de 2006 por Marta Vergara González de Cossío, entonces directora del CETA, y Joaquín Solis Arias, director general de Administración del instituto.

Los bienes muebles, con valor total de 231 mil 414 pesos, fueron devueltos al IFAI un año después. De acuerdo con el acta de finiquito del uso gratuito del espacio de oficina y el activo fijo instalado en el primer piso del IFAI, firmada por Issa Luna, el 31 de julio de 2007 se llevó a cabo la entrega recepción.

“Hay que estar atentos en estas administraciones donde hay recursos públicos y privados; porque, al final, mucha de la infraestructura que se utiliza para ejercer el proyecto es pública, son recursos públicos. El IFAI tiene una doble obligación de información y de rendición de cuentas, tanto a los donantes como a la ciudadanía en general”, dice Miguel Pulido, especialista en derecho a la información e investigador del Centro de Investigación y Análisis Fundar.

El comisionado Juan Pablo Guerrero reflexiona: “Si era realmente necesario, podremos decirlo cuando el CETA nos empiece a devolver los frutos de la inversión, que sobre todo ha hecho la Fundación Hewlett. Si había una necesidad de crearlo, creo que sí, el IFAI creyó que sí y la Fundación Hewlett también”.

El funcionario puntualiza que “las 20 organizaciones –que ya existían–, muchas de ellas anteriores al IFAI y con el mayor prestigio, no dieron respuesta a preguntas centrales”, como “¿si hay relación entre acceso a información y rendición de cuentas?”; “¿hay vinculación entre acceso a la información y combate a la corrupción?”. “Las pruebas empíricas, ¿las ha generado Fundar, Limac?”, cuestiona.

Revista Contralínea
México
Fecha de publicación: Enero de 2008