Petróleos Mexicanos (Pemex) concede más de 220 millones de pesos a empresas de origen estadunidense, en contratos sin licitar. La trasnacional Dupont –que encabezó en México el también exdirector general de la paraestatal, Raúl Muñoz Leos– obtuvo casi el 80 por ciento de los beneficios.

De acuerdo con el Informe de la fiscalización de la Cuenta Pública 2005, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la paraestatal más importante del país adjudicó directamente tres contratos multianuales a las compañías Dupont, Mckinsey and Company y Charles River Associates Incorporated.

Los convenios, firmados para la prestación de servicios en diversas consultorías, fueron otorgados fuera de norma por la subsidiaria Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB), lo que causó un posible daño patrimonial de 227 millones 800 mil pesos.

La ASF documenta que la multinacional Dupont –reconocida como la segunda compañía química más grande del mundo–, obtuvo el convenio 5400019140, por 170 millones 984 mil 300 de pesos, cuando su exdirector general estaba al frente de la paraestatal, el 1 de julio de 2004, para su conclusión el 30 de junio de 2007.

Además, el contrato 5400018589 fue asignado a la consultaría Charles River Associates Incorporated, por 50 millones 341 mil 400 pesos por concepto de servicios de “consultoría para innovación en producción”, que se realizarían del 31 de julio de 2003 al 30 de abril de 2005.

Mckinsey and Company fue la tercera proveedora que prestaría servicios: bajo el contrato 5400019685 recibió de Pemex 6 millones 512 mil 700 pesos. El contrato estuvo vigente del 9 de mayo al 6 agosto de 2005.

Para el máximo órgano de fiscalización del país, PGPB incumplió con las normas aplicables al procedimiento de contratación mediante licitación pública, y tampoco sustentó “la razonabilidad de los costos y la utilidad de los estudios realizados”.

Además, señala la Auditoría: “se carece de reportes sobre los beneficios obtenidos de los servicios contratados; y se determinaron deficiencias de control interno por errores y omisiones en los informes del Comité de Adquisiciones, enviados al Órgano Interno de Control”.

Pemex justifica contrato

Dupont, empresa en la que Raúl Muñoz Leos desempeñó diversos cargos desde 1964, fue contratada con el fin de “fortalecer el liderazgo para la transición hacia una cultura independiente”, a través de la instrumentación del Sistema de Administración de Ejecución Disciplinada (SAED).

El convenio, según documenta el máximo órgano de fiscalización, pretendía “lograr niveles superiores de competencia y aprovechamiento del Sistema de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA)”. No obstante, trabajadores de la paraestatal aseguran que dicho sistema se ha aplicado anteriormente con recursos de la propia empresa.

Entre los objetivos contenidos en el proyecto de Dupont también destacan: “La ejecución sobresaliente de las iniciativas estratégicas de su Plan de Negocios; capitalizar las oportunidades para el crecimiento del valor económico agregado; establecer una cultura de negocio, ejecución disciplinada y de mejoramiento continuo”.

Para explicar la contratación de Dupont, la subsidiaria Pemex Gas y Petroquímica Básica justificó a la ASF que la multinacional “cuenta con los derechos de autor de los estándares de ingeniería y SSPA (…) adaptados de las fuentes originales en Estados Unidos a las necesidades de PGPB”.

Además, dice que la compañía de origen estadunidense “es la única empresa productora que opera plantas, ductos e instalaciones similares a los de PGPB (…). Su experiencia en materia de seguridad de procesos y de administración ambiental es reconocida a nivel mundial y su desempeño operativo y empresarial ha sustentado su operación continua durante mas de 200 años”.

Dupont sustituye a Pemex

Alfredo Hernández Peñaloza, presidente de la Unión de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera (UNTCIP), asegura que los servicios prestados por Dupont a Pemex han sido un pretexto para sustituir el trabajo de los empleados de la paraestatal, y así entregar los recursos económicos a trasnacionales.

Hernández Peñaloza explica que en 1998 –durante la administración de Adrián Lajous Vargas en Pemex– se puso en marcha el Sistema Integral de Administración de la Seguridad y la Protección Ambiental (SIASPA), con el fin de administrar mejor los recursos de la empresa. Sin embargo, con la llegada de Vicente Fox al poder y Muñoz Leos al frente de Pemex el programa se elimina por completo.

Dupont, critica el trabajador, entra en puestos clave de la estructura de Pemex, pero “una industria química qué tiene que ver con aspectos de capacitación, además de que se le paga mucho dinero”.

El esquema que opera la trasnacional, explica el presidente de la UNTCIP, se instrumenta para crear una cultura de trabajo con seguridad y, así, evitar los impactos ambientales. No obstante, esto es “absurdo, porque es una obligación elemental de cualquier área de seguridad y protección ambiental; a esto se le llamaba higiene industrial.

“Es compromiso de cualquier ingeniero observar que se trabaje con limpieza, se use el uniforme, cascos y se revisen los extinguidores. Son funciones que ya se tienen establecidas dentro de la empresa y nos lo venden como las tecnologías administrativas modernas; esto lo hacía el SIASPA”.

De acuerdo con el manual del SIASPA, era tarea de Pemex “desarrollar sus actividades en una forma que haga compatibles sus objetivos económicos con los de la seguridad de sus empleados e instalaciones y la protección al medio ambiente”.

Este proyecto, en la gestión de Lajous Vargas, se anunciaba que sería un “componente medular” para la paraestatal, ya que su aplicación tendría impacto en el valor económico, la productividad del personal y los activos de Pemex, así como consolidaría la armonía con las comunidades y los diversos segmentos de la sociedad relacionados con la empresa.

John Saxe Fernández, investigador del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias de la UNAM, coincide con el presidente de la UNTCIP y agrega que Dupont se ha caracterizado por ser una empresa que penetra todas las esferas de la economía mundial, ya que tiene intereses en instituciones académicas, bancarias y empresariales.

“Dupont no es cualquier cosa: es uno de los grupos de poder más fuertes en Estados Unidos. Tiene miles de empleados, albercas, yates y aviones que cualquier otra familia poderosa. Además, figura como accionista de Coca Cola, del Mett Massachusetts Institute of Technology, de la Universidad de Pennsylvania y de la Universidad de Columbia, principales instituciones estadunidenses, de tal manera que eso es lo que está detrás de Dupont México, y es importante entender cuál es el modus operandi de todo esto”, dice el catedrático universitario.

La enciclopedia libre de internet Wikipedia informa que para 2006 Dupont registró ventas por 27 mil 421 millones de dólares y cuenta con 59 mil empleados. Está colocada en el número 66 de las compañías más importantes de Estados Unidos y opera cinco sectores: electrónica y comunicaciones; seguridad y protección; agricultura y nutrición; materiales de alto rendimiento; tecnologías, textiles y tintes.

Charles River y Mckinsey, beneficiadas

Charles River Associates Incorporated fue otra de las empresas a las que se les concedieron contratos millonarios de manera irregular, según la Auditoría Superior de la Federación en el Informe de la fiscalización de la Cuenta Pública 2005.

La firma internacional beneficiada por Pemex obtuvo el contrato 5400018589 por adjudicación directa, lo que significó un supuesto daño a la hacienda pública de 50 millones 341 mil 400 pesos, toda vez que el servicio a contratar debió someterse a licitación.

La compañía de origen estadunidense fue contratada para realizar, del 31 de julio de 2003 al 30 de abril de 2005, el proyecto de “Servicios de Consultorías para Innovación en Producción, y así incorporar innovación en proyectos de inversión, procesos operativos, prepararse para el impacto de los contratos de servicios múltiples, así como incrementar el desempeño y el valor económico agregado, de la Subdirección de Producción”.

El dictamen de justificación para la adjudicación directa señala que hay razonabilidad, ya que la firma no incrementó sus tarifas a PGPB desde 1999 y, además, le otorgaba a la Subdirección de Producción un descuento del 10 por ciento en el costo para el desarrollo del proyecto.

No obstante, la ASF determinó que en esta adquisición se violó el artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que promueve que la adjudicación de contratos sea a través de licitaciones públicas.

La contratación de Mckinsey and Company por 6 millones 512 mil 700 pesos, igualmente a través de adjudicación directa, tampoco fue aprobada por la ASF. Aunque la dirección general de PGPB justificó el convenio con el argumento de que el consultor estadunidense tiene experiencia en estudios previos relacionados con la “generación de valor de la empresa”.

Mckinsey elaboraría un “análisis de las palancas de valor (acciones o estrategias para cumplir con un objetivo) y sus implicaciones para PGPB”, que supuestamente buscaba “que Pemex Gas y Petroquímica Básica cuente con elementos necesarios para accionar las palancas de valor relacionadas con el manejo de insumos ante distintos escenarios de evolución del entorno en el que el organismo se desenvuelve”.

Sin embargo, la ASF determina que “no sustentaron la razonabilidad de los costos y la utilidad de los estudios”, en ninguno de los tres casos.

Se solicitó entrevista con Petróleos Mexicanos, a través de la Dirección General de Comunicación Social, y con Dupont México, sin que hasta el cierre de esta edición se hayan obtenido respuestas.

Revista Contralínea / México

Fecha de publicación: 2a quincena Febrero de 2008