Evidentemente, lo primero que se esperaba por parte de la Asamblea Constituyente, después de la serie de contradicciones en las que cayeron tanto Julio Logroño como su jefe de bloque, Gilmar Gutiérrez, en torno a las pruebas en video mostradas en su contra por Cao L. Muñoz, era la suspensión del cargo del primero, y el levantamiento de su inmunidad para que sea sometido a la justicia ordinaria, además de la apertura de un proceso de investigación para Gilmar Gutiérrez para que, de demostrarse su participación en los hechos, corra la misma suerte que su coideario.

Pero más allá de la sanción, no solo política sino penal, que debe aplicarse para los involucrados en este caso, lo de fondo es la obligación que tienen las entidades del Estado -incluida la Asamblea-, de emprender en una profunda investigación de lo dicho por Muñoz y por el mismo Julio Logroño, pues si bien pareciera que por su desesperación este último comenzó a echar lodo con ventilador, en casos de corrupción tan graves como éste hay una máxima que se ha probado hasta la saciedad: cuando hay desacuerdos entre corruptos "se sacan los cueros al sol", y salen verdades insospechadas.

Muñoz, según lo reprodujimos en nuestra edición anterior, dijo expresamente al asambleísta de PAÍS Gabriel Rivera, mientras intentaba convencerlo de votar en contra de la nueva Constitución: "Yo compré (en) todo el gobierno de Sixto, Abdalá, Alarcón, y con Jamil. La única vez en la vida que me salió un hijueputa -se llama Johnny Terán, ahorita presidente de AME-; esa única vez fui, le repartí a todo el mundo su billete, y al otro día (se produjo) un escándalo en la Corte Suprema, llegó (Johnny Terán) con 100 millones y dijo: "Me quisieron comprar"; con toda la prensa… Y tiró 100 millones. Yo le di 5.000 millones de sucres en la mano al hijueputa..."

Afirmación grave que debió provocar una reacción inmediata en la Asamblea y los organismos de justicia del país para que, de oficio, inicien las investigaciones de presuntos nuevos implicados en actos de corrupción durante esos gobiernos. Pasando incluso por sobre ese viejo principio de prescriptibilidad de los delitos, creado para dejar en la impunidad actos de corrupción. Este escenario de cambios que vive el país debe ser el sustento moral y político que una acción así requiere. En las grabaciones presentadas, Cao Lay Muñoz menciona a ex presidentes de la república, quienes hasta ahora no se han pronunciado. Dirán tal vez que mientras estaban como jefes de Estado debían tomar las medidas necesarias para lograr "gobernabilidad" en el país, argumento que usaron a su turno Alberto Dahik y César Verduga, hoy prófugos de la justicia, y que lo único que hicieron es legitimar una práctica absolutamente inmoral en beneficio de los grupos económicos de poder.

Por otro lado, Julio Logroño ha mencionado nombres de oficiales de las Fuerzas Armadas como supuestos mentalizadores de esta acción, y al hacerlo ha mostrado grabaciones, cuya veracidad debe ser investigada. Pues, como dice nuestro pueblo: "quien nada debe, nada teme". Es importante que las Fuerzas Armadas se abran a una investigación desde las instancias de la justicia civil, porque de no hacerlo, lo que cualquiera podría pensar es que la tan consabida participación política de la institución militar durante todos estos años de crisis política ha sido una práctica no solo oculta, sino también corrupta.

Además, podría quedar la sospecha de una falta de lealtad, o de la existencia de intentos conspirativos -en el peor de los casos-, de un sector de las Fuerzas Armadas hacia el gobierno de Rafael Correa, lo que volvería al asunto aún más grave. No se trata de exageraciones gratuitas, puesto que la historia nos ha demostrado no solo en el país, sino en el continente y en el mundo entero, que las acciones de espionaje que ha utilizado el poder han llegado a límites insospechados de violación de los derechos humanos y de violaciones constitucionales y legales.

En el caso "hombre del maletín", el Ecuador tiene más que un escándalo aislado más, tiene apenas una veta por la cual empezar a transparentar toda una acción corrupta que ha acompañado a "la larga y triste noche neoliberal".

En el caso del ministro coordinador de seguridad interna y externa, Gustavo Larrea, implicado por los hermanos Gutiérrez y por Logroño, parecería ser que se está acudiendo a un rumor que en realidad ha circulado en el ambiente político durante este Gobierno, en el sentido de que Larrea estaría al frente de una de las tendencias que existen al interior del Movimiento PAÍS y que, en ciertos momentos, tiene diferencias y hasta disputas con otros sectores cercanos al presidente Rafael Correa, algo natural, debido a las características de un movimiento político creado por el primer mandatario para enfrentar las elecciones y que ahora busca encontrar su identidad política.

Hay que estar conscientes, además, que lo que en este momento sale a la luz es el fracaso de una de las tantas estrategias que los Gutiérrez y las demás fuerzas de la derecha han creado para conspirar contra el Gobierno y el proceso de cambio. Muchas otras siguen en pie, por lo cual las fuerzas de la tendencia democrática, patriótica y de izquierda deben estar atentas y dispuestas a la acción de masas.