Representantes de los gobiernos seccionales, consejeros, concejales, organizaciones sociales de pobladores, campesinos, trabajadores, nacionalidades indígenas y afrodescendientes, grupos ambientalistas, de derechos humanos, maestros, jóvenes, y pueblo en general, junto a personalidades y profesionales patriotas y democráticos, de las provincias petroleras de Orellana, Sucumbíos y Esmeraldas, reunidos en la ciudad de Francisco de Orellana (El Coca), los días 10, 11 y 12 de febrero de 2008, en el III Encuentro de Provincias Petroleras del Ecuador, nos dirigimos a la Asamblea Nacional Constituyente y al Gobierno Nacional del Ec. Rafael Correa:

Somos habitantes de las provincias proveedoras de la principal riqueza del país: el petróleo, y de su industrialización; sin embargo, subsisten grandes preocupaciones dada la persistencia de las repercusiones acumuladas de varias décadas de producción e industrialización petrolera, que han dejado innumerables secuelas y graves impactos económicos, sociales, políticos y ambientales en estos territorios y sus pueblos. Tomando en cuenta que el modelo de desarrollo basado en el extractivismo nos ha ubicado dentro del orden económico internacional como fuente de mano de obra y materia prima barata, generando una succión de nuestras riquezas alimentando elites mundiales y nacionales, mientras que en nuestra región se han generado desplazamientos humanos forzosos, deforestación, afecciones graves a la salud de nuestras poblaciones, destrucción de la economía y cultura campesina y de las nacionalidades ancestrales.

Considerando que el gobierno nacional, sin tomar en cuenta el desastre ambiental provocado por la era petrolera, pretende continuar con un modelo extractivista basado en la explotación minera a gran escala en el país.

Sabemos de la trascendencia y utilidad de este recurso no renovable, patrimonio de todos los ecuatorianos, de su gran significación para el desarrollo nacional; mas, como se ha denunciado y reclamado permanentemente, gran parte de esta riqueza ha servido para engrosar las arcas de empresas extranjeras multinacionales, de sus socios y cómplices nacionales que, implementado una explotación irracional del petróleo, han provocado daños irreparables en nuestros territorios y en la vida de nuestros habitantes; al igual que un sinnúmero de otras repercusiones que han agudizado las condiciones de marginación y pobreza de los pobladores.

Conscientes de la necesidad urgente de propiciar cambios sustanciales en la dirección del manejo de este recurso vital; de preservar este patrimonio en beneficio de todos los ecuatorianos, y dentro de ellos, también de los habitantes de las provincias petroleras; de impulsar una producción responsable con la vida y el devenir de las futuras generaciones; de preservar y garantizar la importancia de los recursos naturales, los participantes en el III Encuentro de Provincias Petroleras del Ecuador, luego de un debate profundo y responsable resolvemos lo siguiente (extracto de la Resolución del primer punto, nacionalización del petróleo):

a. Demandar el respeto a la Ley Especial de la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador, Petroecuador, y propender a su mejoramiento, dotándole de los medios económicos necesarios para el cumplimiento de las funciones en todas las fases de la industria hidrocarburífera.

b. Exigir a la Asamblea Nacional Constituyente que mediante mandato constitucional declare la caducidad del contrato de Petrobrás (Ecuador TLC) en el Campo Unificado Palo Azul, los Bloques 18 y 31.

c. Emplazar al Procurador General del Estado a que en base al Informe del Ministerio de Minas y Petróleos se inicien de manera inmediata las acciones de caducidad de los campos unificados: Palo Azul y los Bloques 18 y 31, previa indemnización por los daños y perjuicios irrogados al Estado.

d. Rechazar la decisión unilateral, ilegal y arbitraria del Directorio Político de Petroecuador por la aprobación del Proyecto de transformación del Bloque 15 en Petroamazonas Sociedad Anónima. Del mismo modo, exigir la incorporación del Bloque 15 a PETROPRODUCCIÓN, filial de Petroecuador.

e. Exigir el cumplimiento del Art. 74 de la Ley de Hidrocarburos en cuanto a la causal de caducidad por incumplimiento del pago de impuestos, patentes, derechos superficiarios y regalías, en los casos de las petroleras privadas que se niegan a acatar la Ley 42 y el decreto ejecutivo 99-1 de la redistribución del excedente del precio del barril de petróleo.

f. Declarar ilegal la firma de los contratos petroleros de los campos Marginales desde 1999 hasta 2008 y demandar su reversión al Estado.