En septiembre del 2002, el Municipio de Quito convocó públicamente a la licitación para la construcción y administración del aeropuerto en Tababela, pero sorprendentemente, a vista de las autoridades de control, este concurso se realizó bajo la modalidad extranjera suiss challenge, modalidad que puede ser aplicada solamente cuando los capitales invertidos son privados, y en la que el primer oferente es el que gana.

La CCC, como primer oferente que presentó la propuesta de 413 millones, ganó, a pesar de que las otras tres empresas concursantes tenían ofertas entre los 200 y 300 millones de dólares y experiencia en este tipo de “negocios”.

El primer requisito para participar de esta licitación fue tener experiencia en la construcción y administración de aeropuertos, exigencia que la CCC no cumplía, ya que la única actividad de la Canadian Comercial Corporation, que no es una empresa estatal canadiense, es buscar negocios, nada más; y no como lo pinta el Gral. Moncayo en su millonaria campaña publicitaria, para justificar la mala administración del dinero de la ciudad.

Macarena Valarezo, actual concejala de Quito, mencionó que, aparte del precio, se violentaron las bases del concurso, el contrato y las leyes ecuatorianas, ya que la CCC, oferente ganadora, entregó arbitrariamente dicha obra a QUIPORT, y ésta a su vez subcontrata a Andrade Gutiérrez (firma brasileña) para la ejecución de la tarea.

A QUIPORT, en el 2002, también se le entregó la administración del aeropuerto Mariscal Sucre, pero la CORPAQ, bajo la autorización del alcalde y la venia de varios concejales, remodeló durante dos años esta terminal aérea, invirtiendo entre gastos administrativos y remodelación un total de 180 millones de dólares. Una vez culminada la obra de remodelación en el Mariscal Sucre en el 2006, éste pasó completamente a la administración de QUIPORT, para recibir de ganancias los 60 millones de dólares que por tasas y tarifas ingresan anualmente a sus arcas, sin haber invertido un solo dólar, según lo sostiene Macarena Valarezo.

La documentación sobre el concurso, las bases y las violaciones a las leyes, el incremento que la CCC hizo a su propuesta, que aparte de ser la más cara: 413 millones de dólares, ahora ha subido a 630 millones de dólares, sus contradicciones y arbitrariedades cometidas están en manos de varios estamentos de la justicia, como la Fiscalía, la Contraloría, la Comisión Anticorrupción del país y la presidencia de la República, y solo se tiene el pronunciamiento de la primera, pero nada más, no hay más acciones de parte de las autoridades gubernamentales.

Hace varios meses, el presidente Rafael Correa declaró ante los medios que eran verdaderos atracos los que se cometen en varios municipios con las fundaciones y corporaciones, y que se llevan toda la plata, y ni aun así las autoridades gubernamentales ni seccionales se han pronunciado, el expediente es de 15 mil fojas y dos años al parecer no son suficientes para la investigación. El concejal del Movimiento País aún no se sintoniza con el trabajo del Municipio, que todavía no se hace eco por lo menos de las declaraciones del presidente Correa.

El pueblo debe conocer que no existe aún ningún préstamo extranjero que se anunció para la construcción del aeropuerto en Tababela, y que esta obra está siendo financiada con los pagos que los quiteños y demás ecuatorianos realizan por conceptos de tasas y tarifas, que suman 60 millones de dólares anuales y que recibe QUIPORT por la administración del Mariscal Sucre.

Además, las tasas y sus incrementos paulatinos son ilegales, ya que el ciudadano paga valores correspondientes a tasas, por los servicios que está ocupando, pero QUIPORT cobra tazas a los usuarios por servicios que funcionarán a partir del 2010 en Tababela.

Por otro lado, en la adjudicación de estos contratos multimillonarios a empresas buscadoras de negocios, se evidencian dos cosas: 1. que los mal llamados “representantes del pueblo” son unos incapaces para administrar la cosa pública, si no cómo se explica que la administración de un negocio rentable, como es un aeropuerto, entreguen a una intermediaria llamada QUIPORT; y 2. que no valoran la capacidad y la mano de obra ecuatoriana;, que sí es valorada, requerida y calificada en el extranjero.

A esta obra excesivamente cara, que bordea los 700 millones, se debe añadir los gastos que se deben realizar para construir las vías de acceso que aproximadamente serán unos 300 millones de dólares más, cifra que le convierte a este aeropuerto en el más caro de Sudamérica, en relación a otros de países vecinos, que poseen aeropuertos con mejores características y construidos a precios razonables y justos.

El Gobierno, que está haciendo una buena labor social con los sectores vulnerables, las autoridades de las instancias de control, deben cortar estos atracos que se están realizando con los dineros del pueblo quiteño, investigar quiénes son los autores intelectuales, sancionarlos y exigir se declare la caducidad de estos contratos dolosos, porque luego de una violación a las leyes, como la que se hizo en el contrato de construcción y administración del aeropuerto con la CCC, no cabe ni siquiera la renegociación.