Luego de varios días de ocurrido el ataque de las Fuerzas Armadas colombianas a nuestro territorio, la Cancillería ecuatoriana presentó una demanda contra el gobierno de Álvaro Uribe, ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en Holanda por las constantes violaciones al territorio patrio, que ese país ha ejercido a través de las fumigaciones aéreas con glifosato en los últimos siete años.

Esta decisión, que según parece estuvo tomada meses antes de que ocurra el execrable crimen, se produjo en un escenario en el cual el gobierno uribista utiliza varios medios para tratar de desprestigiar la política soberana impulsada por Rafael Correa.

Luego de revisados los hechos, quedó claro que a la cabeza del ataque estuvo el gobierno de los Estados Unidos, quien facilitó el equipo de espionaje para realizar la operación y asesinar a uno de los líderes de las FARC, varios guerrilleros, cinco estudiantes mexicanos y un ciudadano ecuatoriano.

Este apoyo y participación directa en la guerra contra las FARC por parte de los Estados Unidos ha sido evidente en todo el proceso de ejecución del Plan Colombia, más tarde Plan Patriota. Cerca de 6 mil millones de dólares recibe el gobierno colombiano de los Estados Unidos para, supuestamente, combatir el narcotráfico, pero evidentemente se utilizan para financiar esa política guerrerista del presidente Álvaro Uribe contra las fuerzas revolucionarias colombianas.

En la denuncia presentada ante la corte de La Haya se exige que este alto organismo declare al gobierno colombiano como violador de la soberanía ecuatoriana. Asimismo, se solicita que Colombia pague por el daño causado y se abstenga en el futuro de realizar aspersiones a una distancia de 10 km. De la frontera. Se señala, además, que en el año anterior los dos países conformaron una comisión técnica y científica para evaluar los efectos de esta práctica. Luego de varias reuniones no se llegó a un acuerdo que permitiera poner fin a las constantes fumigaciones con glisofato.

El documento señala que en julio de 2007, Ecuador notificó a Colombia que las vías para alcanzar un acuerdo habían sido agotadas por el Gobierno ecuatoriano y por tal razón acudiría a otras instancias para encontrar una solución a la problemática fronteriza. Sin embargo, en enero y febrero de 2008 el gobierno ecuatoriano realizó un nuevo intento para llegar a un acuerdo donde Colombia se comprometiera a fumigara unos 10 kilómetros de la frontera, en su territorio. En las conversaciones entre los cancilleres, Colombia aceptó que no se utilizaría la aspersión aérea en una franja de 10 kilómetros en territorio colombiano, pero que no pararán con la lucha contra la presencia de cultivos ilícitos en la frontera y que se aplicarán programas de erradicación manual, pero eso no se cumplió.

María Isabel Salvador, ministra ecuatoriana de Relaciones Exteriores, en rueda de prensa señaló que: "la proximidad entre la demanda y las resoluciones de la Organización de Estados Americanos (OEA), emitida el 17 de marzo, y Jefes de Estado (8 de marzo) es absolutamente fortuita, pues la redacción del documento se inició en noviembre de 2007, es decir, cuatro meses antes de suscitarse el bombardeo a un campamento móvil de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en territorio ecuatoriano”.

En la denuncia se señala además que las fumigaciones realizadas con el herbicida glifosato, forman parte de la cuestionada estrategia conjunta de los gobiernos estadounidense y colombiano para combatir el narcotráfico que se conoce como Plan Colombia.

La Canciller dijo que el proceso diplomático se agotó por la actitud de Colombia; que no hubo ni hay posibilidad alguna de encontrar solución a este problema por esta vía, debido a la renuencia sistemática de Colombia a terminar las aspersiones aéreas que afectan el territorio de Ecuador.

Muestra de ello es la denuncia que el Gobierno colombiano realizó días después, cuando informaron sobre una ‘violación’ de su espacio aéreo por parte de un helicóptero militar de Ecuador, para muchos en complicidad con altos jefes militares y policiales ecuatorianos que estarían comprometidos con la CÍA en Ecuador.

La Corte Internacional de La Haya

La Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Fue establecida en 1945, en La Haya (Países Bajos), siendo la continuadora, a partir de 1946, de la Corte Permanente de Justicia Internacional. Sus funciones principales son resolver por medio de sentencias las disputas que le sometan los Estados y emitir dictámenes u opiniones consultivas para dar respuesta a cualquier cuestión jurídica que le sea planteada por la Asamblea General o el Consejo de Seguridad, o por las agencias especializadas que hayan sido autorizadas por la Asamblea General de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas. El Estatuto de la Corte forma parte integral de dicha Carta. En virtud del artículo 30 del Estatuto, la Corte adoptó el 14 de abril de 1978 un Reglamento mediante el cual se determinó la manera de ejercer sus funciones y, en particular, sus reglas de procedimiento.