El informe de la Comisión Científica Ecuatoriana (CCE) presenta conclusiones científico-técnicas que demuestran los daños que el paquete herbicida produce sobre los sistemas ecológicos, la economía regional, la salud física y mental de los pobladores de la frontera norte, todo lo cual el gobierno de Colombia pretende negar alterando la verdad. La historia se repite: en los litigios relativos a la salud entre las empresas públicas o privadas que producen contaminación y las comunidades afectadas, se aplica el mismo esquema: las empresas – la Monsanto en el caso de las aspersiones -, forjan datos de prueba para sustentar la inocuidad de sus productos; recurren a la propaganda; contratan a científicos para que respalden o “demuestren” la inocencia del producto.

La transnacional Monsanto, como los responsables de las operaciones de aspersión de herbicidas dentro del Plan Colombia, sostiene estos argumentos: a) que se requieren más pruebas que contradigan las pruebas de inocuidad realizadas por el productor; b) que se exageran los efectos por motivos extra científicos; c) que de cesar la aplicación de los productos cuestionados, se estarían favoreciendo amenazas mayores como el narcotráfico.

Frente a tales “argumentos” el informe de la CCE revela hechos incuestionables, a la vez que denuncia la historia oscura desde el propio registro y calificación farmacológica del Roundup con glifosato; pues los estudios toxicológicos estuvieron asociados con prácticas fraudulentas. En 1976, la EPA descubrió errores y deficiencias en estudios conducidos por uno de los más importantes laboratorios norteamericanos involucrados en la determinación toxicológica del pesticida, requisito previo a su registro. La EPA acusó al laboratorio de falsificación rutinaria de datos y omisión de informes.

Los estudios realizados en Colombia han sido denunciados por el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia por adolecer de errores metodológicos: no poseen una estructura científica con hilo conductor entre hipótesis y demostración; excluir los elementos sociales y económicos; basarse en estudios secundarios para estudiar los impactos del herbicida en la salud humana, y desconocer los estudios que reconocen su peligrosidad. Desestimó los expedientes de más de 8.000 quejas interpuestas ante la Defensoría del Pueblo por comunidades afectadas en Colombia y que abarcan daños sobre la vegetación (87%), salud humana ( 6.9%) y el resto en especies animales y vegetales. El eje metodológico lo constituye la búsqueda destinada a invisibilizar los impactos negativos más agudos y extensos… Errores técnicos: para la valoración de impacto en aguas superficiales, no se explicitan los parámetros de agroecología y ecología que permitan valorar la dinámica del herbicida, ni los tiempos entre aspersiones y toma de muestras.

La manipulación criminal de la información y de la ciencia ha sido parte del entramado del poder, afirma Edgar Isch (2) y revela varios casos, tales como el del jefe del Instituto del Clima de la NASA, que acusó al gobierno de EE. UU de censurar la información científica sobre el calentamiento global; de presionar para reescribir los informes científicos sobre el efecto invernadero y sus causas; demorar, editar y minimizar informes sobre el cambio climático para cambiar su sentido… Un fenómeno similar se constata en el caso de las aspersiones aéreas en la ejecución del Plan Colombia. En el problema de las aspersiones aéreas en la frontera colombo-ecuatoriana afloró una cuestión ética y moral de bases profundas que es preciso clarificar, pues se evidencia “una visión científica ciega a las necesidades sociales y aferrada a un paradigma que usa la incertidumbre como herramienta para justificar la permisibilidad, anteponiendo el interés de las empresas al bien común y a la protección de la vida”, (Guimaráes et al. 2006) citado en el informe de la CCE.

Frente a esta visión, el movimiento científico y social mundial levanta una severa crítica al paradigma científico reduccionista y lineal que fragmenta y descontextualiza los problemas de la salud y el ambientae; empobrece la observación científica, reduciéndola a evidencias cuantitativas, supuestamente precisas, y reduce la noción de prueba a la demostración de asociaciones factuales, puntualiza Jaime Breilh, miembro de la CCE. Dicho paradigma científico ha facilitado la hegemonía de un modelo estrecho de “toma de decisiones basadas en la ciencia”, que utiliza la incertidumbre como recurso de expiación de culpa, como instrumento de maniobras ligadas a intereses estratégicos y como obstáculo para la aplicación del principio de precaución. (Craye, 2006).

Finalmente, el científico ecuatoriano Luis Romo Saltos (3) advierte que “el código de conducta ética y moral de la investigación científica que se basa en el valor supremo de la verdad, se infringe cuando se realiza la investigación con el fin de satisfacer los apetitos de las fuerzas destructivas. El control político e ideológico de la Ciencia es deformante y corruptor”.

En las aspersiones aéreas del gobierno de Colombia en la región del Putumayo, se pone en evidencia un conflicto de orden ético y moral, pues se busca ocultar la verdad sobre los efectos en salud de las poblaciones humanas de la frontera y sobre los daños en los ecosistemas; se deforma los resultados de investigaciones para imponer una “verdad” a la medida de los intereses políticos del gobierno de Colombia y de los Estados Unidos. No es extraño entonces que se forjen “pruebas” ad hoc sobre la incursión de fuerzas militares colombianas en el territorio ecuatoriano.