Este 27 de mayo se cumplen tres años desde que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (GTDAONU) declaró improcedente la detención de Los Cinco, e instó al Gobierno estadounidense a que adoptara de inmediato las medidas necesarias para solucionar esa situación.

Lejos de acatar la justa recomendación, la administración de George W. Bush se burló de ella.

Simultáneamente, la Fiscalía federal maniobró con argucias leguleyas pero con éxito para recurrir el fallo que dictaron tres jueces de la Corte de Apelaciones del undécimo circuito de Atlanta, Georgia, que invalidó el juicio originario, donde fueron condenados los patriotas, y las absurdas sentencias que allí recibieron. La misma Corte judicial estadounidense abrió después otro proceso apelativo, pendiente aún de decisión.

El único objetivo de ese proceder —fuertemente criticado por expertos en jurisprudencia de los propios Estados Unidos y del resto del mundo— ha sido prolongar la cadena de apelaciones para mantener encarcelados a los cubanos, sometidos a todo tipo de arbitrariedades y separados de sus familiares.

Recordemos que el Grupo de ONU conoció el caso como resultado de la solicitud que le hicieran los familiares de esos luchadores y emitió su veredicto después de evaluar los argumentos y pruebas proporcionadas por estos, así como los aportados por el propio Gobierno de la Unión.

Según consta en su decisión, las evidencias en que se basó muestran que “la privación de libertad de los Cinco fue arbitraria, en contravención del artículo 14 de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos y corresponde a la categoría III de las categorías aplicables, examinadas en los casos presentados al Grupo de Trabajo”.

Obviamente, esa conclusión está basada en un análisis casuístico de pruebas y circunstancias en las cuales se desarrollaron la detención, el juicio originario y maniobras arbitrarias de la Fiscalía, conducentes a negar el debido proceso, incluido el acceso de los abogados defensores a los expedientes incoados y pruebas documentales y accesorias.

A esa realidad insoslayable, el análisis de los expertos unió el hecho de que los Cinco fueron mantenidos inicialmente “en confinamiento solitario durante 17 meses”, lo cual determinó que “la comunicación con sus abogados, el acceso a la evidencia y, por consiguiente, las posibilidades de contar con una defensa adecuada se vieran debilitadas”.

Al tomar en cuenta los elementos indicados, el Grupo concluyó que “son de tal gravedad que le confieren a la privación de libertad de estos cinco hombres un carácter arbitrario".

Como han puesto de relieve notables juristas internacionales, el criterio de la comisión de las Naciones Unidas es sumamente importante, pues se trata de una decisión técnica que no cuestiona el sistema jurídico norteamericano y se deriva del estudio de la documentación del proceso, y no de opiniones personales de los familiares que presentaron la reclamación en las sesiones de la agrupación correspondientes al año 2004.

Ignorar esa realidad ha sido una más de las tantas felonías del presidente W. Bush, cuyo mandato presidencial, en cuenta regresiva, registra el mayor índice de impopularidad de la historia estadounidense y él mismo pasará a la posteridad como el más oscuro e incapaz de los mandatarios que hasta el presente han ocupado la Casa Blanca.