El apresamiento de cuatro jóvenes periodistas de una agencia alternativa de noticias por parte de las fuerzas policiales al mando de algún fiscal de segunda categoría, ha preocupado hondamente a la ciudadanía ecuatoriana.

Según se desprende de algunas fuentes informativas no oficiales, los citados jóvenes habrían estado en compañía de un guerrillero colombiano y eso de inmediato les hizo sospechosos de algo y no solamente que fueron apresados sino que sus hogares fueron allanados, sin orden de juez alguno.

Nos preguntamos si los citados jóvenes periodistas estuvieron cometiendo algún delito. Como sabemos que no es así y que seguramente al ser parte de una agencia alternativa lo que hicieron es dar a conocer al mundo las iniquidades del sistema capitalista que vivimos. Eso es suficiente para señalarlos como delincuentes y tratarlos de la manera más indigna.

Cuesta trabajo creer que en el gobierno de la revolución ciudadana, las cárceles periódicamente tengan la presencia de luchadores populares, sean mineros, sean defensores de los intereses ciudadanos o simplemente hombres de la calle que manifestaron su descontento cuando pasaba la comitiva presidencial.

Es extraño conocer que jóvenes universitarios, intelectuales y comprometidos, que dejan su tiempo libre y más bien lo usan en beneficio de las mejores causas populares, sean presas de la brutalidad policial, en tanto que los bandoleros, narcotraficantes y sucios banqueros campean con su humanidad por los salones y las calles de Quito.

Preguntamos al señor Presidente de la República si ya ha ordenado la detención de los directivos de la Mutualista Benalcázar. ¿Acaso no es delito el haber manejado de manera irresponsable los fondos de más de sesenta mil ecuatorianos? ¿No es esa una acción punible por la que el acucioso fiscal que detuvo a los cuatro jóvenes periodistas debía poner atención y proceder a la investigación y sanción correspondientes?

Los niveles de delincuencia asumen caracteres de sobresalto. Bancos, mutualistas, hogares, centros comerciales y las personas mismas sufren las inclemencias de pillos y más truhanes. Muchos de ellos están libres e impunes en tanto que los esfuerzos policiales se orientan a la persecución de los dirigentes populares o de simples ciudadanos que luchan por días mejores. Todavía está en nuestra memoria el caso del joven adolescente de apellido Guañuna que fue víctima del terrorismo policial.

No quisiéramos pensar que las presiones del presidente colombiano Álvaro Uribe estén pesando para intentar dar una fisonomía fascista al régimen del Ecuador, pero sí proclamamos públicamente que ningún dirigente estudiantil o popular debe ser detenido, so pena de pensar que se entroniza un régimen dictatorial. No podemos confundir de manera alguna las clarísimas determinaciones geopolíticas de Uribe, de los Estados Unidos y de los tenebrosos grupos paramilitares colombianos.

Recordemos que hace pocas semanas una manifestación de la FEUE de Cuenca terminó con el atropello y detención de varios jóvenes, algunos de los cuales debieron declararse en huelga de hambre para salir de prisión.

Veamos otro caso. ¿Cuál acaparador de alimentos está preso? Y sin embargo el pueblo está pagando el alza constante de los productos de primera necesidad. Esto nos hace ver que la justicia, tan cuestionada en estos últimos días, actúa con palo de ciego. La iniquidad campea por todo lado y la justicia permanece en el olvido.

Vamos a estar pendientes de la acción policial y militar. Que ni un solo activista ambiental, popular, minero o de los derechos humanos sea calumniado y peor detenido o amedrentado. No vamos a permitir que esta campaña de amedrentamiento continúe y se haga parte de la costumbre nacional. Ya sabemos lo que ocurre: cada vez vemos que se llevan a nuestros hermanos, hasta que terminarán llevándonos a nosotros también.