La primera quincena de enero de este año, el secretario de Economía Eduardo Sojo Aldape y José Manuel Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio (ANTAD), acordaron que los precios de los productos “sensibles” se mantengan en rangos “razonables” a favor del consumidor y de las cadenas productivas.

No obstante, tiendas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no formaron parte del paquete Vivir Mejor, anunciado por el ejecutivo federal.

Mario Di Costanzo, economista y secretario de la “hacienda pública” del llamado “gobierno legítimo”, dice que “estas tiendas son una fuente importante de abastecimiento para el 15 o 20 por ciento de las familias que acuden a ellas, por lo que, incluso, sería necesario incrementar su cobertura”. Distribuidos en el país, el ISSSTE tiene 340 establecimientos; el IMSS, 136; Sedena, 14, y la UNAM, tres.

Cartas emitidas por el exgerente de la tienda 22, Balbuena, del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias del ISSSTE, Alberto Trujillo, a los secretarios de Desarrollo Social, Ernesto Cordero Arroyo; Hacienda, Agustín Carstens; Economía, Eduardo Sojo, y al director del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes, entre otros, advierten sobre la “omisión” que hace el gobierno: “Pareciera que sus consejos o juntas de gobierno forman parte de la ANTAD o de Wal Mart –principal cadena comercial en todo el mundo–, a juzgar por el divorcio con que se conducen en la política de fomento al sector productivo”.

Alberto Trujillo dice que actualmente, en materia de suministro de bienes y servicios hay un “gran hoyo” en la red del abasto nacional, por la ausencia de las cadenas del sector social que, aunque presentes en la operación diaria, tienen tendencias comerciales.

Esto se debe, explica el exfuncionario público –cesado de su cargo por denunciar actos de corrupción–, al “achicamiento” del sector social desde 1976: “El patrón de la economía mixta empezó a ser abandonado, posteriormente las políticas neoliberales dictaron que el sector privado ocupara el espacio de las paraestatales. En paralelo, la dependencia del comercio y del abasto cedió el terreno al sector privado, con la desaparición de la Conasupo, misma que fue absorbida por las tiendas del ISSSTE”.
Convenio ANTAD-gobierno federal
Mario Di Costanzo asegura que la firma del programa Apoyo a la Familia 2008, celebrado entre el secretario de Economía y el representante de la ANTAD, no ha tenido “ningún” efecto, pues los precios de los productos básicos han subido hasta 80 por ciento.

“El precio del aceite durante los últimos 18 meses ha aumentado más del 80 por ciento y el del arroz, 140 por ciento. Una canasta que a enero de 2006 costaba 700 pesos, en la actualidad cuesta más de 1 mil pesos; si esto hubiera servido por lo menos durante los primeros meses que se echó andar el programa, se hubiera detenido el incremento”, indica Di Costanzo.

El economista sustenta su dicho en el informe El cuidado de la economía nacional y la defensa de la economía popular frente a la carestía, que recién elaboró con información recabada de diversas tiendas departamentales: de los 742 pesos que erogaba un mexicano en 42 productos de la canasta básica, el gasto se incrementó a 1 mil 31.40 pesos, “lo que significa un crecimiento de 39.30 por ciento respecto a enero de 2006, y de 26.02 por ciento si lo comparamos contra diciembre pasado”.

Esto se debe, explica, a que hay una “imperfección” en el mercado: las cadenas como Wal Mart o las tiendas afiliadas a la ANTAD ya tienen pactos con los distribuidores. “A las tiendas de abasto social se les dificulta acceder a las mercancías por el acaparamiento que hay en el mercado”.
Carlos Navarro López, diputado por el Partido de la Revolución Democrática, expone que “de nada sirve el convenio”, porque el incremento de los precios en los productos de la canasta básica es algo “imparable”, es un alza desproporcionada a los aumentos salariales. “La gente no va a encontrar alimentos baratos”.

Agrega que “el gobierno federal no cree en las instituciones que llevan una política de seguridad social, que ellos no comparten. Así han desmantelado muchas entidades; en el caso del campo, terminaron con todo: Conasupo, Fertimex, Banrural, entre otros, y ahora tienen abandonadas a las tiendas del Seguro Social y del ISSSTE”.

El investigador del Instituto de Investigaciones Económicas (Iiec) de la UNAM, Emilio Romero Polanco, dice que las tiendas de abasto social juegan todavía un papel importante, a pesar de que se ha reducido el número de localidades donde se encuentran establecidas.

“Los acuerdos con tiendas de autoservicio se comprometen a financiar a grandes empresas agroalimentarias, que se benefician de las políticas federales para evitar una política alcista de productos básicos, pero por otro lado son las responsables de movimientos especulativos que generan los incrementos, sin que se fortalezca una red de abasto que apoye a los sectores vulnerables y medidas presupuestales que pretendan activar al campo”, explica.

La diputada panista Adriana Vizcarra, presidenta de la Comisión de Economía, justifica la omisión en el programa Vivir Mejor, del gobierno federal, respecto de las tiendas de abasto social, pues los planes que está presentando el presidente para hacerle frente a la crisis van dirigidos al sector que vive en pobreza alimentaria: “Éstos ya están previstos a través de más de 22 mil las tiendas de Diconsa, que hay en toda la república, que atienden a más de 5 millones de familias”.

Este acuerdo, en el que se comprometen los precios de ANTAD, dice, lo adquieren los propios empresarios, no el gobierno. Mientras que en el caso de las tiendas de la UNAM, ISSSTE e IMSS a “final de cuentas el apoyo lo tendría que absorber la propia institución, que de alguna forma es presupuesto del gobierno federal”.

Garantizan mercado a la ANTAD

A finales de mayo pasado, el secretario de Economía, Eduardo Sojo, advirtió que la crisis alimentaria mundial que tiene influencia en México se puede prolongar. El encargado de la política económica mexicana reforzó el pacto con las tiendas departamentales que conforman la ANTAD.

Frente a ello, dijo el funcionario, el gobierno federal mantiene un seguimiento puntual de la evolución de los precios con el objetivo de garantizar que las familias más pobres del país tengan acceso a los alimentos de consumo básico.

Ante este panorama, el investigador del Iiec, Emilio Romero Polanco, dice que el futuro de las tiendas de abasto social es “incierto”. “Aunque el gobierno está obligado a sostenerlas porque son insustituibles, subsisten en condiciones precarias, como las que enfrenta la economía nacional”.

Revista Contralínea / México
Fecha de publicación: 15 de junio de 2008

Las tiendas de abasto social

Total: 493
ISSSTE: 340
IMSS:136
Sedena: 14
UNAM: 3
Cabeza de sector: inexistente


Pobres urbanos, sin atención

Cinco millones de mexicanos que habitan en zonas urbanas del país –y representan alrededor de 1 millón 29 mil 640 hogares– padecen pobreza alimentaria, esto es que ni siquiera tienen recursos para comer.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en total 14 millones 400 mil personas no alcanzan a cubrir sus necesidades de alimentación: 9.4 millones de éstas se localizan en áreas rurales.

La institución indica que, a 2006, 9 millones 43 mil 904 personas que viven en zonas urbanas –1 millón 845 mil 367 hogares– sufren pobreza de capacidades; mientras que 23 millones 625 mil 620 mexicanos –5 millones 90 mil 247 hogares– se ubican en pobreza patrimonial.

No obstante, el gobierno de México carece de una política social de combate a la pobreza en áreas urbanas, señala el Programa de la Organización de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU-Hábitat. En octubre de 2006, el organismo internacional alertó que a partir de 2007 se incrementarían los cinturones de miseria en todo el mundo. (ER)