La crisis bancaria ocurrida en 1999, que provocó la caída del demócrata cristiano Jamil Mahuad, fue el hilo que desenredó toda la historia del atraco al sistema financiero por parte de la oligarquía ecuatoriana. Los gobiernos de turno, autoridades del Ministerio de Finanzas, Junta Monetaria, Directorios del Banco Central, Superintendentes de Bancos y Compañías, entre otras instancias, aparecieron como cómplices y encubridores del caos financiero y el crecimiento acelerado de la banca.

Roque Espinosa, analista y docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, en su escrito “La crisis económica -financiera ecuatoriana de finales de siglo y la dolarización”, recuerda que el mayor atraco ocurrió en 1999. Según el experto, el sistema bancario ecuatoriano, y más concretamente los intereses económicos financieros vinculados a este sector, demostraron que son capaces de transferir al Estado y al resto del país (especialmente a las clases medias y a las masas empobrecidas) los costos de la crisis financiera de ese año.

“Esto ha ocasionado que la posibilidad de solucionar la crisis no se haga mediante la liquidación efectiva de los bancos y el pago de las obligaciones contraídas con el patrimonio de los banqueros (tal como lo dispone la Ley) o interviniendo las empresas vinculadas a los grupos financieros, sino mediante la asunción de todas las responsabilidades y obligaciones al Estado siguiendo el ejemplo de la intervención del Banco Central del Ecuador”, indica el mencionado documento.

El peso del salvataje bancario se realizó sin que los banqueros corruptos hayan aportado, efectivamente, con sus recursos y patrimonio, para financiar las entidades financieras que, de acuerdo a diferentes estimaciones, fluctuó entre 7 mil y 8 mil millones de dólares. La crisis económica, política y social todavía se siente luego de 9 años de que los banqueros, aún prófugos, demuestren lo fácil y descarado que era en ese entonces atracar al pueblo con ayuda de las autoridades. Pese a la crisis financiera, algunos bancos se fortalecieron y ahora tambalea su ‘atraco’ debido a la propuesta de declarar al sistema financiero como un Servicio Público Delegable.

Una ley que frenaría el abuso financiero

La crisis financiera desembocó en la dolarización y en la pérdida de soberanía sobre la política monetaria, es un ejemplo de lo determinante de las fluctuaciones del Sistema Financiero sobre la economía en general y sobre los procesos de decisión y conducción de la misma.

Para ejercer un control exhaustivo sobre sus actividades y dotar al Estado de todas las herramientas jurídicas para evitar que crisis como las vividas en el país se repitan y porque la estabilidad económica es un bien público, la Asamblea Nacional Constituyente iniciará en segundo y definitivo debate la propuesta de la Mesa 7 de declarar al Sistema Financiero como un Servicio Público Delegable.

Alberto Acosta, presidente de la Asamblea Constituyente, en su acostumbrada rueda de prensa, aseguró que la banca trabaja mayoritariamente con recursos que no son propios, que por su naturaleza las actividades financieras generan dinero ficticio del cual extraen rentabilidad y que el dinero cumple una función esencialmente social. Por tanto, dado que la generación monetaria debe ser un privilegio exclusivo del Estado, está Constitución declararía a las actividades financieras como un servicio público delegable. Esto permitirá ejercer, según Acosta, un mayor control sobre el sistema y garantizar su estabilidad.

La semana pasada, en el edificio Luis Vargas Torres de Ciudad Alfaro, los integrantes de la Mesa 7 de la Asamblea coincidieron en tres objetivos básicos para declarar al sistema financiero como delegable: Primero, para preservar los recursos de los depositantes; segundo, para fortalecer mecanismos de control; y tercero, para aplicar una regulación estatal a través de una Superintendencia autónoma y que la banca sea un motor de desarrollo.

De su lado, Fernando Pozo, presidente de la Asociación de Bancos Privados y hermano de Mauricio Pozo, ex ministro neoliberal del Gobierno del hasta ahora involucrado en la compra de conciencias a los asambleístas, Lucio Gutiérrez, indicó que las reformas que se prevén para el sector financiero afectarían a los depositantes, si se considera a la banca como un servicio público delegable o se determina que se puedan entregar “franquicias bancarias por 10 ó 15 años”. Actitud que no es cierta, porque, según la propuesta, uno de los principales objetivos es garantizar los ahorros de los clientes porque el Estado regularizará las tasas de interés, entre otras leyes financieras, que antes eran manejadas ‘a dedo’ por los gobiernos de turno, autoridades del Ministerio de Finanzas, Juntas Monetarias, Directorios del Banco Central y Superintendentes de Bancos y Compañías.