Correo, 12-7-2008

En ediciones anteriores nosotros tocamos este álgido punto en nuestra columna cuando comentamos que en nuestra región se estaba produciendo un choque entre sistemas, el democrático con libertad de empresa y economía de mercado y el que recurría a actitudes y posiciones políticas de ultranza que se encontraban completamente desfasadas. Ello incurre en el hecho de que minorías que añoran situaciones de privilegio frente a las mayorías y que desean llegar al poder por la vía de la fuerza sin respetar la voluntad popular expresada libremente en las urnas. El tema lo estamos viviendo directamente en el Perú. Nadie puede negar el derecho que tiene la población a reclamar lo que considera justo. Pero esos reclamos tienen una vía clara y específica, sin vandalismo ni destrucción y menos aún el caos y en la que se deben de respetar los derechos de los demás. La actitud adoptada por la CGTP y quienes lo acompañan ha distado mucho de ese camino. Por el contrario hemos apreciado con estupor lo sucedido en el interior del país, donde unos cuantos se irrogan el derecho de destruir propiedades, alterar absolutamente el orden público, cerrar carreteras impidiendo el paso y la libre circulación de los ciudadanos y mercaderías por el territorio nacional y en especial causando muerte con su accionar. Esperamos que caiga el peso de la Ley con todo rigor contra los responsables directos e indirectos. La democracia tiene el derecho y la obligación de defenderse y en especial el defender a sus ciudadanos. Basta ya del caos. Este no nace por generación espontánea, por el contrario viene siendo inducido y lo peor que todo sindica a que esta inducción viene del exterior que no solo la promueve sino que la financia. Es un tema que por un lado el ejecutivo se encuentra en la obligación de investigar a profundidad y encontrar a los responsables y entregarlos al Ministerio Público para que se apliquen las condenas correspondientes. No que de acá a un mes el tema ya fue olvidado. Si es así, entonces definitivamente las fuerzas que lo promueven habrán ganado. También el Congreso está en la obligación de llevar adelante sus propias investigaciones. Ellos fueron elegidos para representar a la población en general, no a directrices de fuerzas externas que todos sabemos cuales son. Aquí ya no se puede andar a medias ni medias tintas, hay que actuar. El presidente García ha puesto el dedo en la llaga claramente y ha denunciado que existe esta conspiración. Ahora hay que develarla y capturar a todos los que atentan contra la soberanía popular. Si quieren cambiar a la democracia, entonces que ganen en las urnas dicho derecho, pero no obligando al resto de ciudadanos a lo que no deseamos.