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UVM, demandada por violación a derechos laborales

Treinta maestros de la Universidad del Valle de México, campus Texcoco, son despedidos por exigir equidad y respeto a la Ley Federal del Trabajo. Demandan a la institución ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje por triangular su relación laboral y no respetar prestaciones sociales.

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Subcontratados por Administradora del Valle de Texcoco, SA de CV –empresa outsourcing, propiedad de Laureate y la Universidad del Valle de México (UVM)–, afiliados al sindicato blanco Progresista Justo Sierra de Trabajadores de Servicios de la República Mexicana y obligados a firmar un contrato colectivo de protección patronal, 30 maestros de la UVM Texcoco demandan a la institución por discriminación laboral, triangulación indebida de la relación laboral y violaciones a la Ley Federal del Trabajo (LFT) ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal.

Los docentes inconformes aseguran que tras la adquisición de la UVM por el corporativo estadunidense Laureate Education, Inc, la política laboral de la universidad consiste en crear administradoras que contraten al personal para la institución, pero sin otorgarles las prestaciones marcadas por la ley, que sí disponen quienes laboran en los campus del Distrito Federal. Según organizaciones defensoras de derechos laborales, el outsourcing o subcontratación contraviene derechos fundamentales del trabajador.

Los profesores exigen homologación con los del Distrito Federal: “a trabajo igual, salario igual”, demandan. Explican que la institución evita pagar a los docentes las prestaciones a las que tienen derecho, “pese a que nos exigen el mismo trabajo”.

Formalmente, el contrato colectivo de trabajo convenido entre la Universidad del Valle de México, SC, y el Sindicato Justo Sierra otorga prestaciones establecidas en la LFT: contrato por tiempo indeterminado; de 14 a 28 días de vacaciones; prima vacacional del 45 al 60 por ciento de salario; aguinaldo de 46 por ciento del salario; seguro de vida; seguro de gastos médicos mayores; ayuda para gastos funerarios; fondo de ahorro; ayuda para compra de despensa; permiso con goce de salario por antigüedad; becas a familiares; beca para estudio de maestría; uniformes; bono de antigüedad; despensa, y fondo de jubilación.

Por el contrario, la relación contractual entre Administradora del Valle de Texcoco y la organización sindical sólo concede cinco días de vacaciones, 4 por ciento de prima vacacional, 5 por ciento de aguinaldo y ninguna otra prestación. Los 30 maestros enuncian que sufren despidos injustificados y se les obliga a firmar renuncias y contratos cuatrimestrales para omitir el pago de vacaciones; además, deben lidiar con el “trato irrespetuoso y amenazante de algunos directivos”.

La UVM tiene otras subcontratistas en el país: Administradora del Valle del Centro, SA de CV, incluye a los campus de Aguascalientes, Puebla, Guadalajara, Guadalajara Norte, Saltillo, Monterrey, Mexicali, Torreón y Cuernavaca; Formación Completa, SC, el campus Lago de Guadalupe; Estrategia Educativa y Cultural de Tabasco, SC, el campus Villahermosa; Grupo Educativo Potosino, AC, el campus San Luis Potosí; Grupo Educativo del Sureste, el campus Tuxtla, y Administradora del Valle de Toluca, el campus Toluca.

Ni el rector de la UVM Texcoco, Ángel Villa Escárcega, ni José Manuel Sánchez, director de relaciones laborales de la UVM, han respondido a las demandas de los maestros. Por ello, los profesores disidentes solicitaron la colaboración del Frente de Sindicatos de Instituciones Agropecuarias y Tecnológicas. En un oficio firmado por su dirigente, Rosendo Servín García, la organización pidió al presidente municipal, Constanzo de la Vega Membrillo, que convocara a las partes para que los inconformes presentaran sus demandas e instalara un equipo conciliador, pero no fue el caso.

El 22 de mayo anunciaron la creación del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la Rama Educativa 20 de Noviembre. La solicitud de su registro, dicen los maestros, está siendo obstaculizada por las autoridades por tratarse de un sindicato independiente. A la fecha no se les ha hecho la toma de nota.

El 13 de junio pasado, a los 30 maestros se les impidió la entrada a las instalaciones de la institución. La única explicación que recibieron fue que hablaran con su sindicato. Por ello, mantienen “un paro” afuera de la UVM Texcoco y señalan que ampliarán su demanda para ser restituidos en sus puestos. Los disidentes declaran que se ha emprendido una campaña en su contra y se les ha amenazado con boletinarlos para que ya no impartan clases en otras instituciones. Además, desde que iniciaron su demanda, la UVM Texcoco reforzó su seguridad y ordenó a los demás profesores de la institución que no establecieran relación alguna con los inconformes.

Los profesores de la UVM Texcoco exponen que su demanda es cuestión de principios: “No es posible ser profesor sin vivir congruentemente, debemos mostrar a nuestros estudiantes que los derechos deben defenderse a toda costa y con la dignidad por delante”.

Lucha laboral

Martín Álvarez Pulido, docente en programación; David de la Torre Fernández, docente en sicología; Mauro Yautensi Gómez, docente en administración, y María Eugenia López, docente en ingeniería electrónica, sostienen que, de un año a la fecha, “aumentó el golpeteo y las agresiones verbales”. Los maestros integrantes del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la Rama Educativa 20 de Noviembre señalan que al entrar la administración actual se les dijo que, si no cumplían con las demandas de la institución, sería despedido el 50 por ciento de la planta docente total.

Maestros desde 2001, comenzaron su lucha hace un año y declaran que, en respuesta, se les ha aislado y se les desconoce. Reclaman que a otros académicos en el país se les ha prohibido comunicarse con ellos y hablar del tema. Así, les han cancelado el correo electrónico de la UVM, medio por el cual mantenían comunicación con otros profesores. Los presidentes de academia de la institución que apoyaron a los maestros fueron reprendidos.

Expresan que las autoridades les espetan que “agradecidos deberían estar por tener el sueldo más alto para maestros en la zona”. Por hora-clase les pagan de 79 a 110 pesos. Pulido expone: “Si exiges tu derecho, no eres de la UVM; pero si ganas concursos y asistes a congresos, sí lo eres”. Describe que “pese a que la UVM publicita sus servicios como de primer mundo, tiene instalaciones de tercer mundo y hasta carecen de laboratorios y equipo para carreras como ingeniería en sistemas e informática”.

Desde 2005, en representación de la planta docente, presidentes de academias, integrantes del Comité de Investigación Científica y Tecnológica y del Colegio de Abogados de la UVM solicitaron hacer definitivo el contrato de trabajo. En la carta dirigida al rector Ángel Villa Escárcega sugieren que en caso de no proceder su demanda, se elaboren contratos intersemestrales y se mantenga el mismo ingreso económico. Y es que aunque prometieron entregarles un contrato por tiempo indeterminado, en 2001 –con el argumento de la caída de las Torres Gemelas en Estados Unidos– se los negaron, quedando sujetos a contratos cuatrimestrales. A los peticionarios les quitaron horas, redujeron salario y hasta los despidieron.

La cláusula vigésima cuarta obliga al personal académico y administrativo a laborar una jornada extra según las necesidades de la empresa, tiempo que no se les remunera. Ya sea por cursos, asesorías o capacitación están obligados a asistir; si se niegan, son despedidos. Estiman que por todas las actividades extra que están obligados a cubrir, les deberían pagar hasta 150 pesos la hora.

Agregan que la UVM los presiona para reprobar a los estudiantes deudores. Enviada por la dirección académica, la circular del 29 de noviembre de 2007 solicita el apoyo de los docentes en licenciatura para abatir la cartera vencida del plantel. En el oficio se advierte que si el alumno no ha pagado la colegiatura, para la fecha de entrega de calificaciones, tendrá que ser reprobado sin que se le informe sobre su puntuación real. La docente María Eugenia López expone que una de sus alumnas debía un peso y ella registró su calificación real, lo que le valió un regaño por parte de la administración.

Una relación de deudores que cursaron la materia de habilidades de interacción indica que por cuotas que van desde los 188 pesos hasta los 5 mil 335 pesos, se quedaron sin derecho a examen siete alumnos en el primer ciclo de 2008. También en el bachillerato se siguen las mismas instrucciones. En este caso, la lista de deudores –asienta la circular 01/2005– se publica en la sala de firmas y antes de presentar su examen, el deudor tendrá que acudir a entrevista con la dirección y recibir autorización.

Entre otras violaciones, María Eugenia López, que fue presidenta de academia en ingeniería en sistemas, agrega que no les entregan copia de su contrato y su comprobación de gastos no coincide con lo percibido al año.

El contrato

La Campaña Internacional contra los Contratos Colectivos de Protección Patronal en México –que reúne a 13 organizaciones internacionales, cinco organizaciones no gubernamentales, una académica y siete sindicatos– define a este tipo de relación contractual como “una simulación para proteger al patrón de una auténtica sindicalización, que impide que los trabajadores se organicen de forma libre y democrática, y sean tomados en cuenta para negociar sus condiciones laborales”.

Apunta que en México más del 90 por ciento de las relaciones contractuales son de este tipo e indica que “roban derechos como la seguridad social, el empleo estable, una jornada digna y la libertad de asociación sindical”. Describe que los contratos son firmados y administrados por representantes sindicales, sin que intervengan los trabajadores sujetos al mismo; son detentados por titulares que no son electos democráticamente, y los trabajadores desconocen a qué sindicato pertenecen y a qué condiciones están sujetos.

El Sindicato Justo Sierra es liderado por Ramón Salvador Gámez Martínez, acusado en 2005 de pederastia y conocido como el “zar de los contratos de protección”. Es dueño de más de 2 mil contratos colectivos y el control de 50 mil empleados (Contralínea, Periodismo de Investigación 101). Según la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la organización sindical posee 204 contratos.

La cláusula quinta del contrato firmado entre el Sindicato Progresista Justo Sierra y Administradora del Valle de Texcoco apunta que para ingresar como trabajador al servicio de la empresa es necesario pertenecer al sindicato. Es decir, que de no firmar su carta de afiliación a esa organización, los docentes no son contratados.

En oficio fechado el 16 de agosto de 2004, Rosa de Guadalupe firmó una carta donde “solicita ser miembro activo de la organización sindical”. El pliego apunta que la académica de asignatura se compromete a “cumplir con los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno sindical y ser leal a esta agrupación de trabajadores, titular de la contratación colectiva y legítima representante del interés profesional denominada Administradora del Valle de Texcoco”.

Además, según la cláusula quincuagésima, los trabajadores miembros del sindicato –con excepción de los de confianza que no deberán pertenecer al Justo Sierra– podrán ser separados de la empresa, previa solicitud del sindicato, en caso de que renuncien o deserten de éste o les aplique la cláusula de exclusión por separación, lo que –argumentan los docentes– viola su libertad de asociación.

Los contratos individuales de trabajo son vigentes por cuatro meses. Acabado ese periodo, los maestros son obligados a firmar su renuncia. Como consta en carta dirigida, el 28 de septiembre de 2007, a Administradora del Valle de Texcoco, los maestros deben informar que “por convenir a sus intereses dan por terminada la relación laboral que los ligaba a la empresa en el puesto de académico de asignatura, sin responsabilidad posterior, ya que la terminación la realizan voluntariamente”.

Ahí anotan que durante el tiempo que prestaron sus servicios, su único patrón, Administradora del Valle de Texcoco, cubrió completas y a tiempo todas las prestaciones: salarios, séptimos días, días de descanso, horas extra, prima vacacional y aguinaldo. “Por lo tanto –finalizan en el oficio– nada tengo que reclamarles ni me reservó acción ni derecho alguno que ejercitar en su contra”.

David de la Torre apunta que, de no firmar su finiquito, se les retiene su quincena y aunque existe una cláusula contractual que establece entregar un contrato por tiempo indeterminado después de dos semestres, esto no ocurre. Los maestros disidentes –expresa– optaron por no firmar su último contrato temporal, “pues es una estrategia para reducir sus derechos laborales”.

Indica que como eventuales no pueden cotizar para préstamos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. María Eugenia López describe que le negaron un crédito porque al mes sería “dada de baja”. Añade que ni siquiera les pagan completa dicha prestación.

Doctor en sociología e investigador en estudios laborales y relaciones industriales, el académico Enrique de la Garza Toledo, de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Iztapalapa, considera “una vergüenza” que existan ese tipo de sindicatos y que sean solapados por el gobierno. Sostiene que “trasnacionales como Laureate no se caracterizan por su respeto al derecho laboral y sólo hacen negocio”.

Agrega que “administrativos y docentes están en desprotección, aunque tienen un sindicato, y los contratos de protección están para proteger a la empresa, no a los trabajadores, para quienes son desventajosos porque afectan su libertad sindical. Hay represión y colusión entre autoridades, líderes sindicales y autoridades universitarias.”

Fortuna solicitó entrevista con el rector de la UVM Texcoco, Ángel Villa Escárcega; asimismo, se buscó la posición de la Rectoría Institucional de la UVM y de la Secretaría del Trabajo ante este caso, sin que se haya recibido respuesta.

Outsourcing, precarización laboral

Según consta en el acta del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, con fecha del 15 de noviembre de 1999, se constituyó la Administradora del Valle de Texcoco, SA de CV, con un capital mínimo de 60 mil pesos, duración de 99 años y el permiso 9032128 expedido por la Secretaría Relaciones Exteriores.

El documento señala que su objeto social es prestar servicios de asesoría en materia administrativa, contable, financiera y de organización. Advierte que será administrada por un consejo constituido por José de Jesús Ortega Martínez, presidente; Jorge Eduardo Ortega Martínez, secretario; María de los Ángeles Ortega Martínez, tesorera; María Teresa Martínez Núñez viuda de Ortega y Rosalba Ortega Martínez, vocales, y Pilar Muñoz, comisaria.

Siete años después, el 3 de mayo de 2006, mediante la operación CI13 I1009 –anota el acta con folio 255533– se ratificó a Douglas L. Becker, propietario de Laureate Education, Inc, y a José de Jesús Ortega Martínez como consejeros propietarios de Administradora del Valle de Texcoco.

Las facturas de pago por concepto de sueldo son expedidas por la Administradora del Valle de Texcoco, como se observa en dos recibos con fechas del 29 de abril de 2002 y 29 de noviembre de 2005. En el primero, de un salario por 1 mil 985 pesos, se descontaron 57 pesos con 66 centavos por concepto de seguro social y 9 pesos con 65 centavos por cuota sindical. Tres años más tarde, el mismo docente recibía 1 mil 200 pesos y se le deducían 29 pesos con 15 centavos y 5 pesos con 17 centavos por cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Sindicato Justo Sierra, respectivamente.

En dichas facturas aparece como dirección de Administradora del Valle de Texcoco, Segunda Cerrada de Galeana número 15, colonia San Ángel Inn, domicilio que, aseguran los maestros, pertenece a la familia Ortega Martínez.

En sus artículos 12 y 13, la Ley Federal de Trabajo (LFT) define al intermediario como la persona que interviene en la contratación de otras para la prestación de servicios. Advierte que tanto éste como quien use a terceros para reclutar personal serán responsables de las obligaciones contraídas con los empleados. Además –en su artículo 15– el mandato señala que el trabajador gozará de los mismos derechos que quien fue contratado por la empresa.

Matteo Dean, en su reporte Outsourcing, ¿oportunidad o riesgo? –publicado en abril pasado por el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS)– define al outsourcing como el que involucra a subcontratistas que promueven el trabajo en renta.

De acuerdo al cuaderno de investigación Tercerización y subcontratación en México –de Matteo Dean y Alejandro Espinoza Yáñez del CILAS– el outsourcing favorece la flexibilidad laboral, es decir, la necesidad de la empresa por tener un costo de trabajo menor y de evadir obligaciones que delega en el subcontratista.

Advierten que esta práctica “conserva la precariedad del empleo informal”. Señalan que el outsourcing fomenta los contratos temporales e imposibilitan la organización sindical: “El patrón puede disponer de la movilidad del trabajador y cambiarlo de forma ‘preventiva’ antes que cualquier otra forma de represión”.

Según el estudio, conforme crecen las empresas, aumenta el outsourcing. “Esto indica –concluye el análisis– que la subcontratación es una estrategia, cuyo propósito es encauzar la acumulación de capital, en particular del gran capital”. Esa táctica, apuntan los investigadores, consiste en disminuir responsabilidades de nómina, modificar la regulación y la relación laboral.

Educación trasnacional

En el segundo cuatrimestre de 2007, Laureate Education, Inc, ganó 375 millones 800 mil dólares, es decir, 24 por ciento más que durante el mismo periodo del año anterior. En su portal, Laureate señala que –en ese lapso– la matrícula de sus instituciones de educación superior (IES) presencial creció 17 por ciento, mientras que en sistemas de educación a distancia aumentó 27 por ciento. Hoy atiende a 330 mil alumnos en 30 IES en América, Europa y Asia.

Entre enero y junio de 2007, registraron ingresos por 659 millones 300 mil dólares, 22 por ciento más que en el primer semestre de 2006. Roberto Rodríguez –académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y coordinador asociado de la Red de Investigadores de la Educación Superior– en su artículo “Presente y futuro de la universidad trasnacional en México”, publicado en agosto de 2007, indica que casi la mitad de las ventas de la trasnacional, de su activo fijo y su población escolar se concentra en México y Chile.

Seguidos de Ecuador, Perú y Brasil –que en conjunto le sumaron a la compañía ingresos por 194 millones 67 mil dólares–; mientras que en México, Costa Rica, Honduras y Panamá, Laureate ganó 175 millones 234 mil dólares y registró una matrícula de 95 mil 500 durante los primeros seis meses de 2007. Según el investigador, en 2006 la UVM lideró las ventas netas con 282 millones 445 mil dólares y el activo fijo con 252 millones 500 mil dólares. Además, con 80 mil estudiantes, la universidad representa la tercera parte del total de matrícula en IES del grupo.

Laureate nació en 1999 por iniciativa de Douglas L. Becker, socio del grupo Sylvan –dedicado a servicios de capacitación, entrenamiento y educación formal–, para desarrollar una red internacional de universidades. Rodríguez explica que mediante la creación ex profeso de Sylvan Learning Systems México, S de RL de CV, en 2000 adquirió el 80 por ciento de la empresa Planeación de Sistemas, SA de CV, creada a su vez por Sylvan y la familia Ortega Martínez. La operación sumó 42 millones 400 mil dólares.

Además de sus 20 campus, la UVM compró en 2004 la Universidad Hispano Mexicana; en 2005, la Universidad del Noroeste, y en 2007, la Universidad de Valle de Bravo y la Universidad del Desarrollo Profesional –con 23 sedes en nueve estados–. También, declarada como subsidiaria y afiliada a Laureate está la Universidad Pro Desarrollo de México. En 2007, la compañía adquirió otro 10 por ciento de las acciones de la UVM, con lo que es propietaria del 90 por ciento.

Rodríguez anota que, gracias a que goza de exenciones fiscales y a su expansión, la trasnacional duplicó su volumen de ventas y triplicó sus ganancias en los últimos tres años. Observa que mientras Laureate, empresa con fines de lucro, paga tributaciones en Estados Unidos, en México es accionaria de asociaciones civiles con fines educativos, como la UVM, y así se evita de pagar gravámenes aquí y en otros países.

Ver tabla

Outsourcing en expansión

De acuerdo con el cuaderno de investigación Terciarización y subcontratación en México, de Matteo Dean y Alejandro Espinosa Yáñez, de 1999 a 2004 la subcontratación creció 41.5 por ciento. Para 2004, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) registró 1 millón 399 mil 264 empleados bajo este concepto, es decir, 8.62 por ciento del total de la fuerza laboral en empresas.

Matteo Dean, en su reporte Outsourcing, ¿oportunidad o riesgo?, publicado en abril pasado, señala que esta práctica está en expansión en todo el mundo y es fomentada, sobre todo, por las grandes empresas. El sector manufacturero ocupa a casi la mitad del personal subcontratado en México. Agrega que anualmente la compañía Manpower –subcontratista de personal– da servicio a 500 mil trabajadores, mientras que el Instituto Mexicano de Teleservicios tiene registradas 118 mil call-center.

El INEGI define al personal subcontratado como “el que trabaja para la unidad económica, pero es ajeno a la razón social y que realiza labores sustantivas, cubriendo como mínimo una tercera parte de la jornada laboral”. Según cifras del instituto, en 2004, con 19.7 por ciento de la población en edad de trabajar, Quintana Roo lidera la lista de entidades con mayor terciarización. Sigue el Distrito Federal, con 14.82 por ciento; Durango, con casi el 11 por ciento; Nuevo León, con 10.38 por ciento, y Jalisco, con 9.89 por ciento.

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