Los que pensaron que el atraco de los banqueros al pueblo ecuatoriano se originó en 1998, están equivocados. Con la aprobación de la Ley General del Sistema de Instituciones Financieras el 12 de mayo de 1994, varios banqueros recibieron préstamos del Banco Central para otorgar créditos vinculados. Banco Continental fue el primer caso.

Para el Ec.Jorge Rodríguez, ex vocal de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC), uno de los gestores de esta ley fue Gustavo Ortega Trujillo, Superintendente de Compañías de ese entonces y hermano de Leonidas Ortega Trujillo, dueño del Banco Continental. Esta ley, según información pública, concedió más libertades para los créditos vinculados, obtener préstamos del Estado, debilitamiento a los controles que antes llevaba la Superintendencia de Bancos, incluso, autorización para evadir controles directos con la banca. Esa ley dio paso al libertinaje finaciero.

El punto de partida para una posible caída masiva del sistema bancario se inició con el manejo dudoso del Banco Continental, al que, valiéndose de la Ley de Instituciones Financieras, el Banco Central del Ecuador (BCE), dirigido por Augusto de la Torre, entregó un crédito subordinado por 485 mil millones de sucres. Como afirma Juan Centurión, en su libro “El Saqueo Bancario”, la pérdida de esta estafa fue asumida por todos los ecuatorianos, ya que los ‘magos de las finanzas’ (Ana Lucía Armijos y Alberto Dahik, con apoyo de Sixto Durán Ballén) decidieron que el Continental pasara al Banco Central”. Lo coincidente es que quien asumió la supuesta tarea de rehabilitar este banco fue el varias veces Ministro de Finanzas Jorge Gallardo Zabala, quien también fue llamado para salvar al Banco del Pacífico y actuó como vicepresidente de esta entidad. “La especialidad del señor Gallardo era la de redimir bancos” enfatiza Centurión.

El 10 de mayo de 1996, luego que el Continental se fusionó con las empresas Financonti y Contileasing y se creó Conticorp a través de la compra de las acciones del Grupo Financiero Continental, la Superintendencia de Bancos demandó a Leonidas Ortega Trujillo. La gerencia de esta empresa, como delegado del Banco Central, la asumió Pablo Lucio Paredes, actualmente asambleísta del movimiento Futuro Ya. Finalmente, Banco del Pacífico absorbe al Continental, con rumores de que en esta entidad financiera también se habían saqueado sus depósitos.

El 31 de mayo de 1997, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Solórzano Constantine, dicta un auto de detención contra Ana Lucía Armijos (Presidenta de la Junta Monetaria), Mauro Intriago Dunn, acusado de ocultar información, Augusto de la Torre (presidente del Banco Central). Estos sujetos estuvieron prófugos casi un año hasta que llegó el Gobierno de Jamil Mahuad para salvarles y la Asamblea Nacional Constituyente de 1998 para orquestar el atraco bancario más descarado de la historia del Ecuador.

Varios bancos que tenían antecedentes de haber recibido créditos por parte del Banco Central y que luego cayeron por no cancelar las cuantiosas cantidades de dinero que recibieron por parte de los en ese entonces prófugos de la justicia (Ana Lucía Armijos y Augusto de la Torre), apoyaron la candidatura presidencial de Jamil Mahuad Witt. Como luego lo confirmó Fernando Azpiazu Seminario, ex propietario del Banco del Progreso, cuando afirmó que había contribuido a la campaña del Demócrata Popular con 3 millones de dólares. Nunca se supo cuáles bancos más apoyaron esta candidatura que lo llevó a ganar el poder frente a su contrincante de ese entonces, Álvaro Noboa (PRIAN), en la segunda vuelta.

Cuando en enero de 1998 asume la presidencia Mahuad se arregla, junto a los banqueros y el nombrado nuevo presidente de la CSJ, Héctor Romero Parducci, en vez de Solórzano Constantine, el regreso de quien sería nuevamente una de las involucradas en el atraco del sistema financiero: Ana Lucía Armijos.