Todos los análisis coinciden en que uno era el Ecuador de antes del referéndum, y otro será luego del triunfo del SÍ. Proponerse escenarios es la tarea obligada de los actores sociales y políticos, sobre todo cuando el intenso debate producido en este proceso constituyente, y que ha involucrado a grandes segmentos de la población, dejó expectativas en torno al cambio que debe producirse en el país.

Cuando se mira de manera más coyuntural las cosas, los hechos que destacan son la posición del alcalde Jaime Nebot, en el sentido de desconocer la vigencia de la nueva Constitución en Guayaquil, posición que tomó fuerza con el estrecho triunfo que el NO obtuvo sobre el SÍ en esa localidad; y la polémica armada por los jueces de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que renunciarían todos, evitando así que se cumpla el artículo 21 del régimen de Transición, aprobado en el nuevo texto constitucional.

Las dos cosas podrían significar una oportunidad para generar caos e inestabilidad política por parte de las fuerzas de la derecha. Y ello, como es obvio, podría poner trabas al proceso de transición entre el marco constitucional anterior y el nuevo. La derecha, con su derrota, no ha pensado en arriar sus banderas, jamás aceptará aquella tesis medio religiosa y anticientífica acerca de que el cambio debe producirse en paz, lo ha demostrado ya con los incidentes producidos en la Universidad Católica de Guayaquil, o con el intento de agresión al presidente de la República mientras pasaba al frente de la central de campaña de Álvaro Noboa en esa misma ciudad. El alcalde Nebot, en sus spots de televisión que promovían el NO, llamaba expresamente a los guayaquileños a rebelarse, y no ha perdido oportunidad para advertir que su ciudad “reaccionará” si el gobierno intenta imponer el cumplimiento de la nueva Constitución.

En cuanto a la Corte, lo más probable es que los jueces no logren una actitud totalmente unificada, y que se expresen fisuras en su decisión de renunciar, que consta en un manifiesto público que dieron a conocer días antes del referéndum. De todas formas, la experiencia vivida con la anterior Corte Suprema de Justicia nos dice que este órgano puede convertirse en epicentro de una crisis política de magnitud, puesto que originaría un problema de ausencia de legitimidad, tan necesaria para que la nueva normativa comience a funcionar.

La confrontación pueblo-oligarquía se presenta, entonces, intensa en el futuro próximo, y no excluye la violencia. A nadie le gusta pensar en eso, nadie la quiere, pero es obvio que en el tránsito entre lo viejo y lo nuevo necesariamente existe una ruptura violenta, y solo ella, practicada desde el lado de los pueblos, puede dar paso a la consecución de la paz, de la igualdad, de la solidaridad, así ocurre en la historia de la sociedad, por eso no hay que tenerle miedo y mucho menos rechazarla. Ahora se trata del cambio o el cambio, no hay otra opción para los ecuatorianos.

El viejo truco de la concertación


El libreto ya es conocido: apenas se registró la nueva derrota de las fuerzas de la derecha, los medios de comunicación preguntaron al Presidente de la República: ¿y abrirá el diálogo con los sectores que perdieron? Claro, la respuesta “racional” pareciera ser la afirmativa, a ella obligaron al primer mandatario y a unos cuantos funcionarios del régimen. Esa es la política inmediata, hablar de la necesidad de la concertación, y si el gobierno no se somete a las imposiciones de esa minoría, entonces el siguiente paso es acusarlo de autoritario, de dictador. Al otro día del referéndum, el diario El Universo planteaba: “Hay un matiz a considerar, sin embargo, y es que también se corroboró que existe una minoría importante (sobre todo en Guayaquil, la ciudad más poblada, además de dos provincias del Oriente) y que se han hecho serios reparos, todavía pendientes, a la legalidad del nuevo texto constitucional. Respetar esa minoría –a diferencia de lo que se hacía en el pasado– y despejar esos cuestionamientos serán las dos condiciones esenciales para que el cambio democrático se haga realidad”.

Pero lo más grave es que la esencia ideológica de ciertos líderes del Movimiento País no permite descubrir este truco, y simplemente siguen la lógica del “gran acuerdo nacional” con esos sectores que, por el momento, son minoría electoral, pero que siguen siendo el poder real, pues controlan la economía del país, y no dudarán en usar todo tipo de recurso: legal o ilegal, para mantener el control.

Esta trampa de la derecha vendrá acompañada, seguramente, de una política de exigencias. Dirán: de acuerdo, los derechos consagrados son importantes, ahora cúmplanlos, y de inmediato. Algo así ha dicho ya el alcalde Nebot. Estos sectores saben que el escenario económico internacional se vuelve cada vez más complejo y ello tarde o temprano traerá situaciones difíciles al Ecuador y por tanto al régimen cuando tenga que resolver desde el punto de vista fiscal, todas las ofertas consagradas en el texto constitucional.

En una situación revolucionaria no habría más vueltas que dar: priorizar el interés nacional, de los pueblos, por sobre el interés de los organismos financieros y gobiernos tenedores de deuda externa, por sobre el interés de las transnacionales y del poder monopólico. Combate sin miramientos a la corrupción; aplicación de una política firme contra la oligarquía, pero absolutamente democrática y abierta hacia los sectores populares. Pero ese no es aún el escenario, estamos frente a un gobierno democrático y progresista, nada más.

En todo caso, los escenarios futuros no hay como adivinarlos, aunque sí es posible prever algunos y actuar con oportunidad, y en ello, las organizaciones populares y las fuerzas de la izquierda revolucionaria tienen un papel preponderante.