El presidente de la UGTE, Nelson Erazo, manifestó que el próximo 20 de mayo, se iniciara las movilizaciones en todas las provincias del país para exigir el archivo inmediato de este ilegal e inconstitucional Decreto, pero al mismo tiempo los trabajadores se tomarán las calles y plazas para demandar de parte del ejecutivo la solución inmediata a los requerimientos de los trabajadores y los pueblos pobres como por ejemplo la aplicación irrestricta del mandato 08, sobre la estabilidad de los trabajadores ex tercerizados que fueron asumidos por las empresas usuarias, el respeto al derecho de organización sindical, establecido en la Constitución Política del Estado, art. 326 numeral 7; el respeto a la Contratación Colectiva, el reingreso inmediato a sus puestos de trabajo de los trabajadores injustamente despedidos por el sólo hecho de querer organizarse y haber exigido el fiel cumplimiento del mandato 08.

En ese camino uno de los pasos de la central sindical la UGTE se planteará una demanda de inconstitucionalidad no solamente por los problemas del Mandato 08 y los despidos generados, sino por el Decreto Ejecutivo 1701, donde el presidente Correa, prácticamente elimina el derecho a la Contratación Colectiva, al establecer la división de los trabajadores entre trabajadores intelectuales y manuales o lo que es lo mismo oficinistas y obreros.

Esta clasificación estaría a cargo de la Secretaría Nacional de Remuneraciones (SENRES), entidad que realizaría dicha clasificación según sus antojadizas interpretaciones, poniendo en riesgo la estabilidad de los trabajadores.

El Decreto Ejecutivo 1701 es inconstitucional, ilegal y violenta la Constitución, los convenios internacionales de la OIT 87 y 98, los derechos humanos y el Código del Trabajo, que garantizan el respeto de los derechos adquiridos, la contratación colectiva, la estabilidad y el derecho a la vida, los mismos que amparan al trabajador en el Código del Trabajo.

“El presidente Correa se extralimita en sus facultades y distorsiona la realidad cuando, aprovechándose de los privilegios, que ratificamos deben ser eliminados, involucra a todos los derechos como privilegios para así eliminarlos, como ocurre con este decreto 1701 -señaló Erazo- lo cual representa un vieja práctica de la noche neoliberal que dice combatir. Si este decreto se ejecuta, prácticamente quedaría anulada la contratación colectiva para los trabajadores del sector público, lo cual desdice de un gobierno democrático que plantea profundizar su política hacia el socialismo para lo cual se debe ampliar los derechos, al contrario de restarlos”.

Los trabajadores se unifican para enfrentar este atropello


En este panorama donde los derechos laborales una vez más quieren ser pisoteados, los trabajadores en una Asamblea realizada el sábado 16 de mayo, que contó con la participación de la Centrales Sindicales UGTE, CEOSL, CEDOCUT y CTE, y otras organizaciones sindicales, resolvieron iniciar las jornadas de protesta y movilización en demanda de la derogatoria de este decreto y de los reglamentos que propiciaron la revisión arbitraria de los contratos colectivos.

El 20 de mayo se realizarán movilizaciones en cada una de las provincias; se impulsará el debate en los sectores laborales para llevar a efecto la movilización nacional el 27 de mayo en la ciudad de Quito, y en este camino se vayan dando nuevos pasos en la discusión sobre una tarea histórica, la construcción de la tan anhelada Central Unitaria de los Trabajadores CUT.

El 30 de mayo en la ciudad de Quito se realizará la Convención Nacional Unitaria de todos/as los trabajadores para decidir las nuevas acciones que posibiliten la reconquista de los derechos laborales hoy mancillados, así como la fecha de una posible huelga nacional, de no existir una respuesta apropiada por parte del gobierno.

Seguridad maltratada


El martes 12 de mayo, en las faldas del monumento a la libertad, en la Plaza Grande de la ciudad de Quito, cerca de 15 personas descansaban y tomaban el sol, otras tantas se sentaban en las bancas, y los demás caminaban por el parque o trataban de acomodarse en el centro del plaza y en los bordillos que protegen a las plantas del lugar. El ambiente normal de este tradicional lugar de la capital, cambió con la presencia de trabajadores que fueron despedidos por una malintencionada interpretación del mandato 08 de la Asamblea Constituyente.

Pedro Caiza, Dirigente del gremio de seguridad y de la Federación de Trabajadores Petroleros Tercerizados FETRAPET, que tiene cerca de 5.000 trabajadores de las distintas áreas que laboran en las empresas petroleras, comentó que los visitantes de ese día eran 200 guardias de seguridad de Petroproducción de las provincias de Sucumbíos y Orellana, que “llegaron hasta la capital con el propósito de hablar con el presidente Rafael Correa y hacerle conocer la realidad de 853 trabajadores de seguridad. La empresa DENEP CIA. LTDA, empleadora de estos guardias, les paga sus salarios cada dos meses, no aporta al IESS, no cancela los Fondos de Reserva, no quiere cancelar la bonificación por alojamiento y alimentación que los trabajadores deben percibir, debido a su mala interpretación del art. 83 del Código del Trabajo; además, esta empleadora exige a los trabajadores que emitan facturas por esa bonificación, argumento que fue descalificado por las autoridades de trabajo de la provincia de Sucumbíos.

De las reuniones mantenidas entre las autoridades del gobierno, del Ministerio de Trabajo y los representantes de los trabajadores de la seguridad petrolera, se logró: que se suprima el contrato de la petrolera estatal con DENEP CIA. LTADA, previa a la cancelación de todos los haberes que adeuda a los afectados, que la empresa DENEP cancele los aportes y demás obligaciones pendientes con el IESS y, lo más importe: que se contrate otra empresa para que brinde esos servicios con la misma nómina de personal que actualmente labora en dichas instalaciones.