Baragua, una pequeña y desconocida ciudad enclavada en la inmensa Amazonía peruana, fue el escenario de uno de los mayores genocidios cometidos por un gobierno en los últimos tiempos. Este crimen cometido por el gobierno de Alan García (alias “Caballo”) el pasado 5 de junio, ha levantado una ola generalizada de indignación y rechazo del pueblo peruano y de los pueblos de América Latina, que han condenado esta cobarde acción en contra de los pueblos indígenas amazónicos.

Mas ahora se conoce que son más de 55 los indígenas peruanos acribillados, son 225 los heridos, alrededor de cien apresados y más de 22 desaparecidos. Ellos, más otros miles de indígenas, se levantaron en una huelga general en defensa de su tierra, en defensa de su derecho al agua, frente a la pretensión de privatizar las fuentes de agua, en contra del desalojo de sus tierras para entregarlas a las transnacionales petroleras, mineras y de agricombustibles. Se levantaron, en definitiva, en defensa de la vida.

Por qué este baño de sangre en el Perú


Alan García logró en diciembre de 2007 que el Congreso Nacional le delegara las facultades para ‘acondicionar` las leyes peruanas a la entrada en vigencia del TLC con EEUU a partir del 1° de enero de 2009, es decir, legislar libremente para la entrega de los recursos naturales y la Amazonía a las transnacionales. Con una agilidad inusitada, entre el 09 y el 28 de junio de 2008 Alan García emite y publica casi cien (100) Decretos Legislativos los mismos que establecían una entrega abierta de los recursos naturales como los bosques, el agua, las tierras y la vida de la gente en la Amazonía a la voracidad de las empresas transnacionales, principalmente norteamericanas, que son las que se benefician del “Acuerdo Comercial”.

Las organizaciones sociales de los indígenas peruanos, desde el momento mismo en que conocieron de la promulgación de estos decretos, desarrollaron diversas acciones en contra de lo que ellos denominaron “La ley de la Selva”. Varias movilizaciones, paros y huelgas se desarrollan durante los meses restantes del 2008 orientadas a exigir la derogatoria de los decretos lesivos a la soberanía y al bienestar de los pueblos; se buscaron diversos acercamientos para hacer conocer su posición, plantearon conformar una Mesa de Diálogo para discutir y resolver sus demandas, para que se establezca una nueva legislación en la que se incluyan los derechos de estos pueblos ancestrales garantizados por convenios y declaraciones internacionales.

La respuesta de Alan García fue el desprecio y la tergiversación de las demandas indígenas, los oídos sordos y la amenaza de reprimir toda acción que vaya en contra del TLC y los decretos aprobados. Por desgracia la amenaza fue cumplida, el pueblo fue masacrado. El asesino justificó este crimen diciendo que no podía someterse a la voluntad de un pueblo que ni come ni deja comer, utilizando la vieja saga del perro del hortelano, y señaló además que el gobierno no podía someterse a cuatrocientos mil indígenas. Esa fatídica madrugada en Baragua se impuso la ley y el orden de la burguesía, con un horroroso derramamiento de la sangre de los pueblos indígenas, abandonados históricamente por los distintos gobiernos derechistas y neoliberales del Perú.

La solidaridad se extiende y la lucha no cesa


Un rechazo rotundo se ha generalizado en todo el Perú por la mayoría del pueblo peruano y las organizaciones sociales, sindicales y políticas; solo el pequeño círculo de conmilitones de Alan García busca justificar este crimen.

Las organizaciones de docentes, mineros, pescadores, trabajadores estatales, comunidades campesinas e indígenas del Perú han convocado para el 11 de junio a una jornada nacional de lucha, concordando con el inicio de la Huelga General Indefinida en toda la Amazonía, resuelta por la Cuarta Cumbre Amazónica desarrollada los días 6 y 7 de junio en la ciudad de Tarapoto.

En la plataforma unitaria de la Amazonía se establece que esta huelga se la realiza en defensa de la Patria y de todos sus recursos naturales, plantean también entre otros aspectos importantes: juicio político y penal a Alan García; vacancia presidencial por incapacidad constitucional; derogatoria inmediata de los decretos legislativos que afectan a la Amazonia y sus pueblos; derogatoria de la ley de Carrera Pública y Magisterial; y otros que violan los derechos sociales y políticos, culturales y ambientales del pueblo peruano; aprobación de la Ley de Desarrollo Sostenible de la Amazonía; cese inmediato al Toque de Queda y Estado de Emergencia en Bagua y toda la Amazonía; libertad para el dirigente amazónico Alberto Pizango, entre otros aspectos.

El pueblo latinoamericano, el pueblo ecuatoriano se solidarizan y rechazan este crimen de lesa humanidad perpetrado por el gobierno de Alan García y se une al llamado de la cumbre amazónica que dice que “La sangre derramada, jamás será olvidada y siempre de pie nunca de rodillas”.