Autor: Martin Hacthoun/Prensa Latina
Sección: Opinión
19 Julio 2009

Sin embargo, ese asunto se ha convertido en foco de agria discordia entre las fuerzas políticas nepalíes, lo que provocó el colapso del primer gobierno de esta naciente república del Himalaya e impide el completamiento y consolidación del segundo.

El cambio de guardia en Singha Durbar o Palacio del León, la sede del gobierno nepalí, ha puesto en el limbo al Comité Especial para la Integración, Rehabilitación y Supervisión de los Exguerrilleros Maoístas y al panel de expertos adjunto.

Desde el estallido de la controversia en torno al jefe del Estado Mayor del Ejército, general Rookmangud Katawal, y el colapso del gobierno encabezado por el UCP-M el pasado 4 de mayo, ese comité especial está prácticamente difunto y la comisión técnica no ha hecho progreso alguno.

En un reciente comentario, el servicio Kantipur señaló que la meta del anterior gobierno de completar la incorporación en el cuerpo armado de los miembros del Ejército Popular de Liberación (PLA, por sus siglas en inglés) antes del 23 de julio resulta ya imposible.

Ésa es la fecha en que expira el mandato de la Misión de la Oranización de las Naciones Unidas para Nepal, que tiene la función de monitorear la vida de 23 mil 610 combatientes del PLA que viven en siete cantones y otros 21 albergues satélites.

Voces se escuchan hoy solicitando que se renueve esa gestión internacional.

El Ejército Popular de Liberación fue el brazo armado del partido maoísta nepalí que luchó durante 10 años (1996-2006) contra la monarquía hasta que optó en 2006 incorporarse a la vida política del país como resultado de los Acuerdos de Paz sellados ese año.

En abril de 2008, los maoístas ganaron contra todo pronóstico las elecciones constituyentes al obtener la mayoría en la Asamblea Nacional.

Ese cuerpo legislativo abolió el último reinado hindú sobreviviente en el mundo, y los maoístas encabezaron la primera coalición de gobierno.

El pasado enero se les unieron dos minoritarias organizaciones comunistas y el partido cambió el nombre por el de UCP-M.

Otro de sus objetivos fue avanzar en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz de 2006, y en éstos la formación del nuevo ejército republicano con la incorporación de los exinsurgentes.

Pero el general Katawal, que se sentía apoyado por fuerzas políticas internas y externas, en particular por el entonces opositor Partido del Congreso Nepalí (NCP), se opuso e incluso desafió todas las instrucciones civiles.

El exprimer ministro Pushpa Kamal Dahal propuso entonces al gabinete la sustitución del irreverente oficial, quien debe pasar a retiro en agosto, y el Consejo de Ministros accedió.

Pero luego de apoyar la medida, el Partido Comunista Unificado Marxista Leninista (UML), principal socio en la coalición del gobierno encabezado por los maoístas, dio marcha atrás de forma inesperada e incluso rompió con la alianza gubernamental.

Eso provocó la caída de la administración liderada por el UCP-M al quedar en minoría. La crisis se agravó cuando el presidente constitucional Ram Baram Yadav desafió la decisión del gabinete y le dijo al general Katawal que se mantuviera en el puesto.

Pushpa Kamal Dahal, el primer ministro de la república nepalí, renunció el 4 de mayo. Acusó al UML y al NCP de confabularse para hacer colapsar a su gobierno y denunció a la India por estar detrás de la crisis política y con el ejército.

Inmediatamente, el NCP le propuso al UML formar una coalición y que su exsecretario general Madhav Kumar Nepal fuera el primer ministro.

Se desató una fuerte desavenencia interna en el UML entre los que propugnaban no abandonar el gobierno de Kamal Dahal y la facción de Kumar Nepal, que en definitiva prevaleció ante la oportunidad de asumir el poder, algo que no consiguieron en las urnas.

Nació así un segundo gobierno, mientras el UCP-M de Kamal Dahal y partido mayoritario en la Asamblea Nacional optó por llevar a cabo un programa de protestas en ciudades y pueblos, y en la casa legislativa.

Dahal demanda que prevalezca en el país lo que califica de supremacía civil, es decir, que se anule la decisión de Yadav de proteger al general Katawal y que se cumpla tal como está estipulado en los Acuerdos de Paz la integración del nuevo ejército, incluyendo a los exguerrilleros.

Los diputados maoístas han decretado un boicot que ha paralizado la Asamblea Nacional, y su partido el domingo 21 de junio, en una demostración de fuerza popular, organizó sentadas frente a todas las dependencias del gobierno durante la visita del secretario indio para Asuntos Exteriores, Shivshankar Menon.

Desde que asumió el nuevo equipo de Kumar Nepal, lejos de buscar un acomodo con los maoístas, ha echado para atrás cuanta medida adoptó el anterior gobierno del cual el UML era parte, incluso llamó a filas a ocho generales del antiguo ejército monárquico que habían pasado a retiro.

Inconformes con la manera que Kumar Nepal ha venido haciendo las cosas, los parlamentarios de su propio partido lo criticaron por estar más concentrado en abolir medidas instrumentadas por la anterior administración en vez de centrarse en elaborar su propia agenda y visión de gobierno.

En medio de esta crisis, el comité para la rehabilitación de los exinsurgentes maoístas no ha podido acometer tarea alguna desde la caída del gobierno encabezado por el UCP-M, señaló el general retirado Balananda Sharma, uno de sus principales integrantes.

El número de reuniones también ha descendido y no se han hecho más visitas a los cantones donde se encuentran los exinsurgentes, señaló Sharma al diario The Kathmando Post.

La comisión técnica, creada en marzo último con la encomienda de sugerir opciones para la integración del nuevo ejército, decidió el pasado 21 de junio discutir el control y supervisión de los excombatientes, lo cual considera el primer paso a dar con el nuevo primer ministro.

“Y entonces comenzaremos el trabajo de su integración y rehabilitación”, indicó Deepak Prakash Bhatt, uno de los miembros de ese panel.

Desde su nuevo puesto, Kumar Nepal ha prometido que llevará a su fin el cumplimiento de ese acuerdo, pero en la práctica no hay señales, al menos por el momento, de que se den pasos concretos en esa dirección, mientras prevalece la incertidumbre sobre la suerte de esos miles de exguerrilleros.