El complejo inmobiliario Aura Arena Blanca, en Bahía de Banderas, Nayarit, provoca daños a la ecología y viola las normas ambientales, de uso del suelo y urbanísticas, denuncia Eric Coufal Díaz, abogado defensor de los residentes afectados. Señala que el gobernador del estado, Ney González Sánchez, ordenó romper en forma ilegal los sellos de clausura de las obras que colocó la Procuraduría de Justicia de la entidad.

El complejo inmobiliario afecta el patrimonio de particulares que fincaron ahí sus residencias, por el impacto que representa la construcción de torres y edificios que amenazan la seguridad de sus inmuebles. Uno de los afectados es Jon Shirley, exvicepresidente de Microsoft, quien advierte que acudirá a instancias internacionales para exponer su caso.

En las denuncias ante autoridades judiciales, Eric Coufal entregó evidencias de las omisiones del gobierno mexicano, que en el caso del desarrollo Aura Arena Blanca constituyen hechos violatorios a las leyes y normas ambientales establecidas en el marco del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte.

Ante estos hechos la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) emitieron el pasado 15 de julio un comunicado en el cual rechazaron que se haya cometido ecocidio con estas obras.

“Las autorizaciones se refieren exclusivamente a los aspectos ambientales del proyecto y su expedición no exime a los promoventes de obtener los permisos o licencias requeridas por otras dependencias del Ejecutivo federal, o bien por autoridades de otros órdenes de gobierno, conforme a la legislación local que resulte aplicable al tipo de proyecto que se pretende desarrollar”, señalaron.

Cualquier afectación de índole estructural, arquitectónica o urbanística no es responsabilidad de la autoridad ambiental federal, sino de quienes ejecuten las obras de ingeniería que, a juicio de los afectados, constituyen un riesgo para sus intereses y lo que, en su caso, puede ser reclamado en las vías judiciales previstas en la legislación civil, dice el comunicado de ambas dependencias.

En entrevista vía telefónica, el abogado Coufal Díaz señala que la actitud de estas instancias federales resulta por demás sospechosa, ya que en lugar de asumir su responsabilidad para vigilar la correcta aplicación de la legislación ambiental, protegen los intereses de “desarrollistas ecocidas”.

Dice que la autoridad federal otorgó indebidamente los permisos cuando ya se habían consumado los actos de “delincuencia ambiental”, como fue la excavación de más de 25 mil metros cúbicos de tierra. Además, cuestionó el que ambas dependencias no hayan dado respuesta a los recursos de revisión interpuestos desde el 11 de febrero pasado con motivo de dichas autorizaciones y tampoco a la denuncia popular promovida el 18 de ese mismo mes.

Al respecto, la dependencia admite que, en efecto, actualmente se encuentra en trámite ante la Semarnat un recurso de revisión interpuesto contra las autorizaciones otorgadas para el mencionado proyecto, por lo que la delegación en Nayarit realizó una visita de inspección y reportó que no había irregularidades.

Precisa que el 14 de julio personal de la Dirección General de Inspección de Impacto Ambiental y Zona Federal Marítimo Terrestre constató preliminarmente que no existen daños al medio ambiente ni al ecosistema, ya que el desarrollo inmobiliario no se ubica dentro de un Área Natural Protegida ni en zona de manglares. “Tampoco se ha detectado flora y fauna silvestres que hayan sido afectadas o que pudieran serlo”.

Sin embargo, el personal encontró “algunas irregularidades no significativas” que ya fueron notificadas al desarrollador, quien informó a la autoridad haber iniciado su regularización ante la Semarnat.

Fue a finales de 2007 cuando ese grupo inmobiliario, representado por los empresarios Alberto Djaddah Jamous, Ricardo Sarraf Assad, Jacobo Levy Tawil, Rafael Sevilla Arias, Juan Carlos Rodero Godínez, Carlos Pacheco Arredondo, Joseph Liberman Sourasky y Roberto Madrid Jácome, inició el desarrollo Aura Arena Blanca.

Entonces, lanzaron una agresiva campaña de publicidad con montajes ilusionistas donde se contemplaba el proyecto “original” de este complejo inmobiliario, que según los folletos y carteles disponibles representaba un proyecto condominal de baja densidad, aledaño al coto turístico residencial conocido como Real del Mar.

Sin embargo, el proyecto original nunca fue respetado por los empresarios, ya que solicitaron al ayuntamiento de Bahía de Banderas una “ampliación” a la licencia de construcción, y donde, pese a que se violaba el Plan Municipal de Desarrollo vigente y otras reglas aplicables, les otorgaron un nuevo permiso. Técnicamente el proyecto Aura Arena Blanca se encontraba fuera de la ley.

De esta manera, el grupo Anima o Torres Aura comenzó la construcción de un edificio de condominios que estaba proyectado para cuatro niveles y que continuó a ocho y terminó en 10 pisos, con todo y la agresión al entorno natural y a las residencias vecinas, seriamente afectadas en su privacidad e incluso estructuralmente.

También se edificaron dos torres de siete pisos en contravención a lo autorizado; se ejecutaron obras de despalme y excavación sin permiso o licencia por parte de la autoridad municipal y se obstruyeron e invadieron vialidades municipales, entre otros problemas.

La delegación de Semarnat en Nayarit concedió desde abril de 2008 la autorización para el proyecto inmobiliario, el cual fue avalado por el ayuntamiento presidido por el priista Héctor Paniagua Salazar, y que involucra directamente al exalcalde Jaime Cuevas Tello, también del Partido Revolucionario Institucional.

La parte afectada presentó denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del estado de Nayarit, instancia que el pasado 7 de julio llevó a cabo la clausura y aseguramiento total de las obras, servicios y actividades de construcción del desarrollo inmobiliario, entre las que figuran las Torres “A” y “B”, además de la suspensión de las licencias de construcción.

Sin embargo, y en desacato a este mandato judicial, trabajadores de la empresa constructora removieron los sellos de clausura y allanaron el inmueble, hechos supuestamente ordenados por el gobernador de Nayarit, Ney González Sánchez, quien “en lugar de velar por el cumplimiento del estado de derecho asume de manera personal la defensa de este grupo de desarrollistas”, dice Coufal Díaz.

El gobernador Ney González Sánchez se limitó a comentar que la controversia por la empresa Aura Arena Blanca “es una disputa entre particulares”. “Estaremos atentos y sensibles a lo que ordene la autoridad en la materia y a lo que resuelva la vía judicial. Hemos ofrecido mesas de trabajo que no han sido del interés de las partes”, adujo.

“Puede que tengan razón en no aceptar, ya que el gobierno de Nayarit no tiene intervención directa en el tema, excepto en las menciones que en medios se hace de la institución a mi cargo. Es un tema en el que tengo una opinión personal. En este caso concreto lo que menos importa es mi opinión personal. Se necesita la opinión de un juez”, enfatizó el mandatario.

La clausura fue un montaje escénico a cargo de la procuraduría nayarita, ya que la agente del Ministerio Público, Elvia Ludmila Heredia Verdugo –quien horas antes había ejecutado el mandato judicial y se encontraba a unos metros del lugar cuando se violaron los sellos–, no impidió el allanamiento, por el contrario, ordenó el retiro de los 20 agentes judiciales para permitir el reinicio de los trabajos de construcción.

Entre los supuestos actos de ilegalidad relacionados con el desarrollo Aura Arena Blanca están las autorizaciones del cambio de uso del suelo y de impacto ambiental por parte de la delegación de la Semarnat, dependencia que fijó a los afectados una fianza de 20.5 millones de pesos para la suspensión de los trabajos.

Para que se haga justicia y se castigue los atropellos cometidos por el “Grupo de Desarrollo Ánima” en la Cruz de Huanacaxtle, se presentaron denuncias y recursos jurídicos federales: el recurso de revisión, interpuesto el 11 de febrero de 2009 ante la delegación de la Semarnat en Tepic, Nayarit; una denuncia popular, el 18 de febrero de 2009, así como el recurso de revisión, interpuesto el 20 de Marzo de 2009 ante la delegación de la Profepa.

Violación al MIA

Contrario a su función de ejecutar la política del Estado de protección ambiental, preservar los recursos naturales, e incidir en las causas que originan la contaminación, la pérdida de ecosistemas y de la biodiversidad, el delegado de Semarnat en Nayarit, Armando Zepeda Carrillo, asume una actitud de protección de los desarrolladores, señala el abogado.

Lo más grave, añade, es que de acuerdo con el oficio 138.01.00.01/1414/08, emitido por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el 24 de julio del 2007 les fue negado el dictamen de impacto ambiental presentado a esa dependencia.

Zepeda Carrillo no sancionó a los responsables del desarrollo Aura Arena Blanca, que violaron la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y que causaron cuantiosos daños a una residencia ubicada en Real del Mar –cuyo valor es de 10 millones de dólares–. Fijó una desproporcionada fianza que asciende a más de 20 millones de pesos como condicionante para suspender las obras que el Grupo Aura construye en esa área.

La ley establece en su artículo 87 facción IV que cuando se solicita la suspensión se debe de decretar una garantía de daños y perjuicios que se pudieran ocasionar al suspenso, en este caso a los desarrolladores, pero aquí es precisamente una fijación excesiva, onerosa y en contra del particular afectado que es la víctima de los desarrolladores y la autoridad.

El Órgano de Fiscalización Superior de Nayarit emitió una recomendación para que se inicien acciones contra la extesorera municipal de Bahía de Banderas, María del Carmen Wong, por haber omitido en el envío de la cuenta pública 2007 los comprobantes relacionados con las cuentas del proyecto Aura Arena Blanca, derivado de los permisos, licencias y autorizaciones que les concedieron a los desarrolladores del grupo.

Existen antecedentes en Quintana Roo donde la Profepa ha ordenado demoliciones de construcciones que han incurrido en violaciones graves a las leyes de orden ambiental y urbano o que han invadido zonas de playa o predios de particulares. En Nayarit, los quejosos exigen que se cumpla el estado de derecho, “pisoteado por el ayuntamiento de Bahía de Banderas y la delegación de la Semarnat, principalmente”.

José Réyez