Diez oficios girados por la embajada de Estados Unidos, entre enero de 2008 y enero de 2009, solicitaron al gobierno de Felipe Calderón proceder en contra de individuos, empresas e incluso servidores públicos acusados por ese país de tener vínculos con Osama bin Laden, Al Qaeda, Irán, Hezbolá y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Una de las comunicaciones incluso le requirió ser “copatrocinador” en una petición que la entonces administración de George W Bush promovió ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para acusar internacionalmente a tres individuos de tener nexos financieros con Al Qaeda.

Las nueve solicitudes restantes instaron a las autoridades mexicanas a congelar activos de empresas y personas relacionadas con los llamados “enemigos” de Estados Unidos, a investigar todas sus operaciones bancarias, financieras y de inversión que pudieran tener en el país y a informar las acciones y los resultados de las indagatorias.

Por separado, dos de las 10 peticiones señalaron a servidores públicos de gobiernos no aliados: Irán y Venezuela. En el último caso, la embajada estadunidense matizó sus acusaciones: “Esta acción no es contra un gobierno en particular”; “nosotros no podemos comprobar” el hecho imputado.

México aceptó todas las encomiendas, pero tardó hasta 13 meses en iniciar el proceso para combatir los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, revelan documentos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reservados por 12 años.

Actuación tardía

Los oficios de la Secretaría de Hacienda, de los cuales Contralínea posee copias, revelan que la morosidad se registró en la primera fase del proceso para combatir ambos ilícitos. Esto es, entre las fechas en que la dependencia recibió las misivas de Estados Unidos y las fechas en que alertó al sistema bancario, financiero y de factoraje.

De acuerdo con los documentos, el siguiente paso en el proceso implicaría que los bancos y las instituciones financieras revisaran las posibles relaciones con los sujetos acusados o con terceros relacionados. En caso de encontrar algún vínculo, tendrían que avisar a la autoridad que los regula –Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Servicio de Administración Tributaria– y a la Unidad de Inteligencia Financiera.

Entonces, la llamada Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tendría que iniciar las investigaciones pertinentes para cumplir con el requerimiento de la administración estadunidense de congelar los activos.

Retrasos en la primera fase

De las 10 encomiendas, cinco acusan a personas y empresas de estar relacionadas con Al Qaeda; tres involucran a individuos, entidades y funcionarios de Irán; una, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y a servidores públicos venezolanos; una más, a personas vinculadas con Hezbolá.

La respuesta de las autoridades mexicanas más dilatada –13 meses– engloba las cinco peticiones referentes a Al Qaeda, organización que promueve la resistencia islámica en el mundo. Las comunicaciones de la embajada de Estados Unidos datan de los días 16 y 25 de enero, 12 de mayo, 10 de junio y 7 de agosto de 2008.

En esas fechas, el gobierno estadunidense solicitó a las autoridades hacendarias de México actuar en contra de 11 personas y dos entidades financieras. La cooperación incluía apoyar a Estados Unidos para que el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) agregara a la lista consolidada los nombres de las 11 personas señaladas de colaborar con la organización de Osama bin Laden, y los alias de las dos compañías.

Todas las comunicaciones, firmadas por representantes de la Sección Económica de la embajada, fueron remitidas a Guillermo Zamarripa Escamilla, titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la SHCP.

Por medio de ellas se “alentó” a comunicar cualquier información que se tuviera sobre las personas y entidades acusadas; a “compartir” cualquier acción que se tomara, “incluyendo el bloqueo de bienes para aplicar sanciones” en su contra; y se “urgió” a no revelar de forma pública o privada los nombres de los involucrados, “para evitar la fuga de activos”.

Hasta el 26 de enero de 2009, la Unidad de Banca avisó a los coordinadores de sector de la SHCP, que encabeza Agustín Carstens, la posición del gobierno federal frente a las seis solicitudes del gobierno estadunidense.

De acuerdo con el oficio UBVA/DGAAF/022/2009 –girado por el director general adjunto, José Christian Carreón, al titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social, Manuel Lobato Osorio–, las autoridades financieras se “sirvieron participar en actividades de inteligencia y comunicación coordinadas por la UIF, y en las que también participan esta unidad, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT)”.

La decisión, la tomaron al considerar que “las personas señaladas pudiesen estar vinculadas con la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita o de financiamiento a actividades terroristas, que actualizarían las hipótesis previstas en nuestra normativa aplicable para prevenir tales conductas”.

Tres días después, el 29 de enero de 2009, la unidad que dirige Lobato Osorio giró el oficio 366-III-015/09. En éste, pidió a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) comunicara la determinación del gobierno federal a las instituciones y sociedades mutualistas de seguros e instituciones de fianzas.

Una vez avisadas, éstas debían revisar la lista y las posibles transacciones en riesgo. En caso de confirmar operaciones con las personas acusadas por Estados Unidos, debían reportarlas a la Unidad de Inteligencia Financiera. El mismo requerimiento se le habría hecho a la CNBV y al SAT.

Para solicitar la cooperación de las entidades que coordina, el presidente de la CNSF, Manuel Aguilera Verduzco, emitió los oficios SF-11/09 y SF-12/09 con fecha del 27 de febrero de 2009.

Días antes, el 3 de febrero, la propia Unidad de Seguros que dirige Lobato Osorio giraba el oficio 366-III-019/09, para avisar al director general de Supervisión Financiera de la SHCP, Fernando Álvarez del Río, “las más recientes enmiendas a la lista consolidada de personas y entidades sujetas a la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas”.

La organización que dirige Osama bin Laden, implicada en la serie de atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, ha sido considerada como uno de los principales “enemigos” para ese país y sus aliados en el mundo.

Tan sólo el 17 de julio pasado, el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes estadunidense anunció una investigación en contra de la Central Intelligence Agency, para determinar si ésta violó las leyes al no enterar al Congreso de un programa secreto que tendría por objeto “capturar o matar” a los miembros de Al Qaeda.

Esa misma persecución en contra de sus integrantes y mecenas habría motivado a Estados Unidos a solicitar en cinco ocasiones la cooperación de México.

El 12 de mayo de 2008, incluso, le pidió ser “copatrocinador” en una solicitud a la ONU, para que ésta agregara los nombres de Bahrainis ‘Abd al-Rahman Muhammad Jaffar ‘Ali, Adil Muhammad Mahmud Abd al-Khaliq, Qatari Califa Muhammad Turki al-Subaiy, “a la lista de individuos y entidades asociadas a Osama bin Laden o miembros del Talibán o Al Qaeda”.

Iraníes, vigilancia permanente

De las tres comunicaciones que involucraron a los iraníes destaca una, titulada “Aumento de la presión financiera sobre Irán”. A diferencia del tiempo empleado en las cinco peticiones contra Al Qaeda, en ésta la primera fase se llevó un par meses.

El 18 de diciembre de 2008, Estados Unidos informó a los Estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, entre ellos México, que para hacer frente a la “amenaza” que Irán representa es fundamental aplicar plenamente tres resoluciones del comité: la 1737, de 2006; la 1747, de 2007, y la 1803, de 2008.

Éstas exigen a los Estados miembros congelar los bienes y garantizar que sus ciudadanos no proporcionarán los recursos económicos a las personas o entidades señaladas de participar en los programas nuclear y de misiles balísticos.

La primera, además, les requiere evitar cualquier tipo de ayuda financiera o de servicios, incluida la intermediación, relacionada con la transferencia, fabricación o uso de artículos prohibidos. La segunda los exhorta para que sus instituciones financieras no establezcan nuevos compromisos con el gobierno iraní, salvo aquellos con fines humanitarios y de desarrollo social. La tercera les solicita mantenerse vigilantes de las actividades que establezcan las instituciones financieras en sus territorios con todos los bancos domiciliados en Irán.

También, observar la prestación de servicios financieros y comerciales con ese país, incluidos los de seguros, “con el fin de no contribuir a los programas nucleares y de misiles”.

Estados Unidos indica que ha discutido con el sector bancario internacional la importancia de la aplicación de las resoluciones de la ONU contra Irán, pues ese sector es “vulnerable al riesgo de facilitar involuntariamente las actividades iraníes”.

El “sector financiero puede ser explotado y utilizado para facilitar actividades prohibidas por la ONU”. En su comunicación, la embajada indica que Irán y otras entidades acusadas por Estados Unidos recurren a “engaños”, a “prácticas para eludir las sanciones” y a “máscaras de actividades de interés distintas” a las que realmente practican.

Solicita que las autoridades hacendarias de México “animen” a las instituciones financieras a revisar las relaciones que mantienen con empresas y proyectos iraníes, así como las de corresponsalía bancaria con bancos de esa nacionalidad e instituciones controladas por entidades iraníes, para evitar la prestación de servicios financieros prohibidos.

Las cabezas de sector fueron avisadas el 26 de enero de 2009 por la Unidad de Banca de la Secretaría de Hacienda. A su vez, éstas debían contactar a las comisiones reguladoras e instar a las instituciones financieras a cumplir las recomendaciones de Estados Unidos.

En el caso de la CNSF, el 24 de febrero de 2009 su titular Manuel Aguilera Verduzco emitió el oficio SF-09/09, en el cual “se da a conocer la importancia de que las instituciones financieras continúen revisando aquellos servicios otorgados a compañías iraníes, los proyectos que pudiesen estar desarrollando en Irán, así como las relaciones de corresponsalía bancaria establecidas con bancos o instituciones financieras de ese país”.

En un segundo caso, se acusa a funcionarios iraníes y a dos medios de comunicación iraquíes de desestabilizar al gobierno de Irak, impuesto por Estados Unidos tras la ocupación militar (2003) y la muerte de Sadam Husein. A este último el Alto Tribunal Penal iraquí lo condenó el 5 de noviembre de 2006 a morir en la horca: fue responsabilizado de la ejecución en 1982 de 148 chiítas de la aldea de Duyail, “un crimen contra la humanidad”.

Las FARC y Venezuela

Estados Unidos también requirió la colaboración de México en contra de tres funcionarios del gobierno de Venezuela, por su supuesto vínculo con las FARC. Al igual que Al Qaeda e Irán, la administración chavista y la guerrilla colombiana forman parte de la lista de “enemigos” del gobierno estadunidense.

Entre los capítulos que han marcado la “enemistad” está el fallido golpe de Estado en contra del presidente Hugo Chávez, el 11 de abril de 2002. En éste, se dijo, participó la Central Intelligence Agency.

A la fecha, la tensión bilateral permanece y es en ese contexto en el que se inscriben las solicitudes para investigar a servidores públicos del gobierno venezolano. La comunicación enviada por la embajada estadunidense el 19 de septiembre de 2008 acusa, pero atempera: “Esta designación es fundamentalmente en contra de las FARC y no de ningún gobierno en particular”.

El señalamiento, previamente filtrado a medios de comunicación colombianos, se formalizó el 12 de julio del año pasado, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro designó públicamente bajo la Ley Kingpin a dos funcionarios del gobierno de Venezuela y a un funcionario superior retirado por “asistir materialmente en las actividades de tráfico de narcóticos de las FARC”.

Shub “urgió” al gobierno de Calderón a tomar medidas similares a las de Estados Unidos: “Les solicitamos congelar los activos de estas entidades e individuos, así como los activos de personas o entidades que actúen a su favor o bajo su dirección, por entidades de su propiedad o controladas por ellos”.

Luego, enlistó los nombres de los funcionarios y sus supuestos vínculos con las FARC.

Citó a Hugo Carvajal Barrios, director general de Fuerzas Armadas e Inteligencia. Acusó que él “protege los envíos de droga frente a las autoridades antinarcóticos; les proporciona armas, lo que les permite mantener su fortaleza en el cultivo de coca y en las zonas de producción a lo largo de la frontera de Colombia y Venezuela; les provee de identificaciones oficiales venezolanas, a fin de que sus miembros puedan viajar con facilidad hacia y desde Venezuela. También ha celebrado numerosas reuniones con los líderes Noé Suárez Rojas (alias Grannobles), Luciano Marín Arango (alias Iván Márquez) y Rodrigo Londoño Echeverry (alias Timochenko, Timoleón Jiménez), acusados por la Corte de Distrito de Columbia, en marzo de 2006, de traficar estupefacientes a Estados Unidos”.

Señaló a Henry de Jesús Rangel Silva, director de Inteligencia y Servicios de Prevención: “ha celebrado reuniones con Iván Márquez, y ha presionado para que haya una mayor cooperación entre el gobierno (venezolano) y sus aliados armados, incluidas las FARC”.

Y concluyó con Ramón Emilio Rodríguez Chacín, exministro del Interior y de Justicia: “funciona como contacto para proveerles armas, puesto que las FARC utilizan el producto de las ventas de drogas para comprar armamento al gobierno venezolano; también ha celebrado reuniones con Iván Márquez y Rodrigo Granda Escobar”.

El oficio también le imputó a Rodríguez Chacín la gestión de un préstamo que el gobierno venezolano haría a fines de 2007 a las FARC, por 250 millones de dólares. Luego aclara: “Nosotros no podemos confirmar si el préstamo realmente se hizo”.

En el contexto de las acusaciones –de las que sólo se ofrece una relatoría a las autoridades mexicanas– indica que el Frente 10 de las FARC “está muy involucrado en el tráfico de estupefacientes desde su base, en el departamento colombiano de Arauca, que limita con el estado venezolano de Apure. Arauca es conocida por sus cultivos de coca y por la producción de cocaína”.

Para controlar el tráfico de estupefacientes en ese lugar, dice la misiva, las FARC han participado en combates con grupos rivales. Agrega que la frontera entre el espacio aéreo de Arauca, Colombia, y Apure, Venezuela, es una importante ruta para el contrabando de cocaína y armas, pues es difícil para las autoridades colombianas patrullar esa zona.

Hezbolá

La más reciente solicitud a la que tuvo acceso Contralínea está fechada el 13 de enero de 2009 e involucra a la organización islamista libanesa Hezbolá, señalada de recibir armas, capacitación y apoyo financiero de Irán.

El oficio enviado por la embajada estadunidense a las autoridades hacendarias mexicanas indica que el pasado 6 de enero el Departamento del Tesoro designó a la compañía de construcción Wad Project bajo la orden ejecutiva 13224, “en virtud de los objetivos terroristas y la prestación de apoyo a terroristas o a actos de terrorismo”.

“Aunque se trata de una designación estadunidense, alentamos a los países a adoptar medidas similares a las nuestras para congelar los activos de la compañía (…) Además, el gobierno de Estados Unidos agradece cualquier información de las actividades que esa entidad realice en México.”

Las autoridades mexicanas aceptaron colaborar en los 10 llamamientos relacionados con supuestos delitos internacionales de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Según se desprende de los documentos, en ninguno de los casos se cuestionó la integración de nombres de individuos y empresas, tampoco se solicitaron pruebas de la “culpabilidad” de los acusados.

Penalidades

“En 2007 se tipificó el financiamiento al terrorismo en México con sanción privativa de la libertad de hasta 40 años, y actualmente se trabaja en la implementación de disposiciones de carácter general que comprendan la prevención, detección y reporte de este delito, abrazando una triste realidad para nuestro país” (sic): Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Anexo. Transmisores de dinero.

Los requerimientos de la ONU

La Organización de Naciones Unidas (ONU) emitió al menos 11 oficios que informan cambios a la lista consolidada de personas sujetas a restricciones de viaje, congelación de activos y embargo de armas.

Éstos fueron dirigidos a los miembros de su Consejo de Seguridad, incluido México, entre enero de 2008 y abril de 2009. Los cambios atienden diversas resoluciones firmes del Comité de Sanciones de la ONU, que afectan a organizaciones como Al Qaeda y a países o gobiernos como República Democrática del Congo y Costa de Marfil.

Las modificaciones se refieren, sobre todo, a adiciones de nombres, alias, otros datos de identificación y de residencias, así como rectificaciones de datos previos.

Los oficios fueron turnados por la Secretaría de Relaciones Exteriores a Luis Urrutia Corral, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A su vez, esta dependencia avisó las disposiciones de la ONU al sistema financiero, bancario y de factoraje del país. El rango de respuesta fue de uno a tres meses, según se desprende de los documentos. (NF)

Gobierno mexicano actúa tardíamente: FMI y GAFI

En materia de combate al financiamiento al terrorismo, el Fondo Monetario Internacional y el Grupo de Acción Financiera Internacional dicen que las autoridades mexicanas no han aplicado, “sin demora”, la legislación o los procedimientos para permitir la congelación de fondos u otros activos de las personas designadas de conformidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

En su reporte conjunto Mexico: detailed assessment report on anti-money laundering and combating the financing of terrorism, indican que “las autoridades perciben la amenaza del terrorismo en México en la financiación que se deriva principalmente de los métodos terroristas apoyados por la delincuencia organizada, y de la proximidad y la estrecha relación con otros países que enfrentan graves amenazas terroristas”.

“Las leyes que tipifican los delitos del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo son amplias, pero no satisfacen plenamente las normas internacionales, y hay margen para mejorar su aplicación. En particular, ni las leyes ni los procedimientos prevén la congelación sin demora de los fondos u otros activos de los terroristas y de las personas designadas de conformidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad”, señala el informe. (NF)

Nancy Flores