Nadie, a base de leyes y reglamentos, puede someter el accionar de una Universidad crítica, reflexiva, democrática y participativa, por ello, frente a la propuesta de la SENPLADES en cuanto al COGOBIERNO, lo democrático y progresista es recuperar el COGOBIERNO PARITARIO.

El 25 de agosto, el presidente del Conesup, Gustavo Vega, junto con representantes de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), presentaron una propuesta elaborada conjuntamente, a los asambleístas Jorge Escala y Juan Fernández, vocales de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Esta propuesta, elaborada de manera participativa y democrática, apunta a fortalecer la participación y compromiso de los actores universitarios.

En el documento entregado a los asambleístas de izquierda, se establece la creación del Consejo Nacional de Educación Superior (CONAES), que será un organismo público de planificación, regulación y coordinación interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva. También un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad de instituciones, carreras y programas, el Consejo Nacional de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad (CONAAC).

Ambos organismos estarán integrados por representantes de los estudiantes, de docentes, del Ejecutivo, del Consejo de participación y de los trabajadores. El objetivo no es dejar de lado la fiscalización ni las observaciones que tenga el Ejecutivo, pero no puede ser tal como en la propuesta de Senplades, que la del Ejecutivo sea la única visión válida.

En todos los niveles del gobierno universitario se debe apuntar a lograr un régimen de carácter paritario; así como debería tener expresión paritaria el valor de cada uno de los votos.

Se debe recuperar también la Asamblea Universitaria, así como revitalizar las Juntas de Facultad y Juntas de Escuelas, para que se conviertan en espacios democráticos del debate y análisis de las líneas académicas, administrativas y financieras a aplicar. En estos escenarios se desarrollarían en mejores condiciones los procesos de RENDICIÓN DE CUENTAS, los cuales serían periódicos, transparentes, públicos y parte del proceso para la Autoevaluación de las Universidades.

La experiencia histórica de luchas y reivindicaciones de nuestro pueblo oprimido, por alcanzar sus derechos y una vida digna a las nuevas generaciones, nos deja un legado, y es que, solo a base de propuestas, exigencias e incluso a costa de muchas vidas se consigue lo que se anhela, y ésta fue la forma por la cual finalmente se consiguió plasmar en la nueva Constitución el derecho a la GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN.

La gratuidad no es una beca. La gratuidad debe extenderse a todo lo que corresponda a la escolaridad del estudiante, y todo lo que implica la carrera universitaria debe ser cubierto por el Estado, tal como lo plantea la disposición transitoria Nro. 18 de la Constitución, es decir no se puede permitir que a pretexto de la autonomía, rectores impongan su visión neoliberal y declaren que hay “Gratuidad”, pero cobren aranceles e impuestos, derechos hasta por respirar. La gratuidad debe ser defendida y aplicada con responsabilidad tal como consta en el artículo 89 de la propuesta hecha por estudiantes y Conesup.

Habría que definir mejor, entonces, lo que debe entenderse por “responsabilidad académica”. Es decir: un universitario solidario, comprometido, consciente, cumplidor, puntual, cabal. Bajo esta perspectiva, se debe evaluar las condiciones en las cuales se desenvuelve el estudiante, su participación integral en el proceso educativo, su compromiso social a través de la extensión universitaria y vinculación con la comunidad, su alto nivel de conciencia y criterio social, sumado al cumplimiento de sus responsabilidades académicas. Si la gratuidad responsable no es entendida así, entonces no se estará cumpliendo con los preceptos constitucionales y con las propuestas presentadas y debatidas por las universidades del país.

De otro lado, el proyecto de ley de la SENPLADES implementa un examen de ingreso o de admisión a la Universidad, que medirá la capacidad del estudiante, si es apto o no para estar en una institución superior. En el caso de no serlo, simplemente quedará fuera, desconociéndose así el art. 356 de la Constitución, que garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso, permanencia, movilidad y egreso para todos.

Éstas, entre otras, son las acciones que deben llevarse a cabo en el rumbo de auténticas transformaciones democráticas y progresistas en la educación superior.

(SC/FJ/FF/LR)