A partir del supuesto de que en la realización de los plenos derechos de los ciudadanos, se concreta la materialización de la equidad y, consecuentemente, la superación de los conflictos económicos, políticos y sociales, los promotores y defensores de la denominada “revolución ciudadana”, como el Presidente Correa y su partido País, despliegan una intensa ofensiva y, en muchos casos, hasta agresiones en contra de la organización y los derechos sociales de diversos sectores del campo popular, inculpándolos de privilegiados por del “corporativismo”.

Generalmente, estas acusaciones y acciones vienen acompañadas de persistentes mensajes, respecto de que hoy, con el “gobierno de la revolución ciudadana”, los obreros, campesinos, maestros, artesanos, pequeños comerciantes, estudiantes, mujeres, etc., no necesitan de su organización social ya que sus derechos están garantizados por el poder ciudadano; todo lo cual forma también parte del la permanente reiteración de que se inscribe en el propósito de superar la “larga noche neoliberal”.

En el fondo de este comportamiento, para muchos incoherente, en realidad discurren un mundo de concepciones e intenciones que identifican la naturaleza, las convicciones, las acciones y limitaciones de una “revolución ciudadana” que recupera del pasado aquellas conceptos de la reivindicación de los derechos individuales (léanse ciudadanos), como la concreción de los fundamentos de la equidad, trasladándolos y acoplándolos con las condiciones del presente, para presentarlos como las expresiones del “Socialismo del Siglo XXI”.

Más allá de la concreción efectiva de algunas de las reivindicaciones de los derechos individuales, que se justifican frente al desplazamiento y hasta desconocimiento de los mismos por parte de las políticas neoliberales, lo que ocurre hoy es que se ha puesto en escena una evidente contradicción entre una visión individualista pequeño burguesa y burguesa, y la realidad objetiva del desenvolvimiento de la sociedad, que afirma un creciente proceso de socialización de la producción y, consecuentemente, el desenvolvimiento de unas relaciones sociales de producción.

Y, esas relaciones sociales de producción bajo el capitalismo, encierran inevitablemente relaciones de explotación y de opresión.

Dichas relaciones de explotación son el resultado del control capitalista de los medios de producción, de su propiedad privada capitalista que determina el poder económico de esta clase social, la burguesía, y que favorece al mismo tiempo las condiciones de opresión de esta clase sobre quienes están vinculados a la producción únicamente con su fuerza de trabajo, los trabajadores asalariados.

Dada la naturaleza del desenvolvimiento de la economía como un todo, las instituciones del Estado, en el marco del capitalismo, no pueden funcionar al margen de sus mismas leyes generales; y, consecuentemente, las relaciones de los gobernantes, administradores y funcionarios del Estado capitalista con sus trabajadores se rigen por estas mismas leyes, independientemente de las buenas o malas intenciones de los mismos.

Los derechos individuales que, conforme se consolidó régimen capitalista, fueron formalmente proclamados en todas las legislaciones, aquellos como la igualdad ante la ley, la igualdad de oportunidades, etc., etc., se estrellaron siempre con la realidad objetiva de la desigualdad económica que, necia y persistentemente, diferencia y coloca en campos distintos y opuestos a los “ciudadanos” capitalistas, propietarios de los medios de producción y a los “ciudadanos” asalariados, víctimas de la explotación de los anteriores.

Son estas condiciones objetivas las que determinaron el surgimiento de las luchas sociales, como expresiones colectivas de aquellos “ciudadanos” sin otro poder que el de la expresión colectiva, es decir la expresión social. Aquí esta la base para el surgimiento y la conquista de los denominado derechos sociales, los mismos que, por las razones expuestas, tiene efectivamente las características de un derecho tutelar y protector de los más débiles.

Mientras no se eliminen las causas que provocan las diferenciación de la sociedad en clases sociales y se superen las contradicciones inherentes a esa realidad, resulta imposible pensar que la recuperación de los derechos individuales, por más radicales que se presenten, resuelve los problemas de la inequidad y peor aún de la explotación en el capitalismo.

Más aún, el cauce para la solución definitiva de los conflictos y diferencias generadas por el capitalismo, jamás será la afirmación de alternativas individuales, en un proceso en que el desarrollo de la socialización de la producción es irreversible. La única solución a esta contradicción está en la eliminación de la propiedad privada sobre los medios de producción, es decir, armonizar la socialización de la producción con la socialización también de dichos medios de producción. Y, esto es lo que representa el verdadero socialismo.

Mientras eso no ocurra, resulta también imposible decretar que ya no es necesario el derecho, la organización y la lucha social, dado que, supuestamente, la “revolución ciudadana” garantiza esos derechos. Tanto no es así, que los “ciudadanos” gobernantes han colocado a las organizaciones sociales y derechos, como uno de los objetivos principales de su ataque y agresión, para neutralizar el derecho social por la fuerza y no superándolo con el derecho ciudadano, como se entendería desde su concepción.

Sin embargo, ni las falacias, ni las agresiones, ni las intimidaciones podrás evitar que continúen manifestándose, en diferentes niveles y expresiones, las luchas de los diferentes sectores sociales, como evidencias de la lucha de clases en la sociedad.