Así conmina la Unión Nacional de Educadores al Ministro de Educación Raúl Vallejo y al gobierno para respondan frente a la problemática educativa:

¿Por qué después de dos años y medio de gestión NO hay escuelas para todos los niños y niñas?

¿Por qué las cinco mil escuelas públicas cerradas no se han reabierto, violentando el derecho constitucional a la educación de los niños, niñas y jóvenes que hoy peregrinan y suplican por un cupo en las Instituciones Educativas.

¿Por qué la precariedad de la educación subsiste al sostener más de 6.800 escuelas unidocentes, un solo maestro para siete años de educación básica, maestros que en medio del abandono, de la pobreza y la miseria, continúan retándole a la vida y al Estado a ser justos con su trabajo y conciencia social?

Señor Ministro responda qué ha pasado con las 12 mil partidas docentes creadas en el año 2007, y por qué hasta el momento los maestros no llegan a las instituciones educativas, mientras los padres y madres de familia siguen pagando los sueldos de muchos de los maestros “especiales”.

¿Qué ha pasado con la reposición de las partidas de los maestros que se jubilaron en el 2006, 2007, 2008 que suman 5440, más los de este año 2009 que se acogieron a la jubilación en un número de 4.331?

¿Por qué en lugar de entregar nombramientos a los maestr@s que se presentaron a los concursos de méritos y oposición, el Ministerio de Educación firma contratos con un número limitado de aspirantes?

¿Qué ha pasado con la recuperación, reconstrucción y construcción de la infraestructura escolar, sí sabemos que un gran porcentaje de las instituciones educativas en el Ecuador no han sido aún intervenidas en ningún nivel?

¿Por qué se arrogó la atribución de llevar adelante un proceso de evaluación docente sin haberse creado la Institución Pública y Autónoma que manda la Constitución Política del Estado?

¿Por qué a pretexto de la evaluación docente, se violenta los derechos de los maestros y se atemoriza a la niñez y la juventud disponiendo la intervención del ejército y la policía en las escuelas y colegios públicos, se irrespeta la seriedad con la cual se debe tratar la evaluación integral al Sistema Educativo?

¿Por qué se pretende despedir a 2657 maestr@s privando a la niñez y juventud de distinguidos profesionales y condenando al hambre a sus hijos y familia?

¿Por qué no se cumple con la responsabilidad del Estado y del Ministerio en la capacitación, actualización y profesionalización docente, que desde noviembre del año pasado iniciaron y hasta el momento no la han desarrollado, violentando la Ley al no permitir el derecho al ascenso de categoría de los maestros y maestras que hace dos años y medio no han tenido la oportunidad de ascender en el escalafón docente?

¿Por qué se mantienen las injusticias e inequidades con la mayoría de los educadores populares a los cuáles se los hace trabajar por 150 dólares mensuales, no se afilia al Seguro Social, se los amenaza y chantajea con la no renovación del contrato si demandan la afiliación al IESS?

¿Qué ha pasado con el proyecto educativo que el Gobierno y el Ministerio deberían proponer para eliminar los contenidos curriculares neoliberales que aún persisten en el sistema educativo que impone a la Escuela Pública, a los maestros y a los estudiantes enseñen y aprendan conceptos y contenidos atrasados, inservibles para la enfrentar la realidad actual?

¿Por qué se da el cumplimiento parcial de la gratuidad de la educación, que ocurre con la inversión del 0.5% anual del PIB que el gobierno esta en la obligación constitucional de cumplir hasta alcanzar el 6% del PIB?

¿Por qué no se cumple con la entrega puntual y completa de los 25 dólares por padre de familia a todas las escuelas públicas?

Es verdad que se está cumpliendo en buena medida con la entrega de libros y textos escolares, uniformes y alimentación escolar, pero así mismo es cierto que centenas de miles de niños y niñas no tienen acceso a todos los útiles escolares, a la alimentación completa. Sin embargo es necesario precisar que el cumplimiento cabal de estos derechos es una norma constitucional que el gobierno está obligado a realizar y que, además se cubren con la riqueza que generamos millones de trabajadores de la ciudad y el campo, con los impuestos que pagamos los y las ecuatorianas. No se trata de ninguna dádiva. Es un derecho que tenemos que exigir.

Estos son algunos de los graves problemas que enfrenta la educación pública; estas cuestiones hacen parte del diálogo que queremos plantear al señor Presidente de la República, para lo cual le solicitamos ser recibidos en comunicación del 19 de Agosto.

Por pedir respuesta y solución a estos problemas que aquejan y persisten en la educación, el Señor Ministro Raúl Vallejo Corral toma otra decisión ilegal y arbitraria de ordenar a los entes respectivos que no se descuente las alícuotas de la UNE. En relación a esta acción el Ministro debe responder ante la Ley y los Jueces competentes, porque lo estamos demandando; de igual manera estamos acudiendo a los jueces correspondientes por el incumplimiento a la Ley de Seguridad Social al no afiliar a miles de educadores populares, por la mora patronal de la cual somos víctimas los maestros y maestras fiscales, por cuya razón no podemos acceder a las prestaciones y servicios que brinda el IESS violentando nuestros derechos legales y constitucionales.