En un panorama de insultos, prepotencia y de una fuerte ofensiva presidencial mediática contra las organizaciones sociales y sus lideres, orientada a deslegitimar sus demandas, tergiversar el sentido de su lucha, dividir y destruir las organizaciones sociales, la soberbia presidencial y la torpeza del Ministro de Gobierno ha dado como resultado la muerte de Bosco Wisuma, profesor bilingüe de la nacionalidad Shuar, miembro de la Unión Nacional de Educadores (UNE).

La arrogancia de Rafael Correa y de Alianza País son los culpables de este crimen de Estado. Todos los pedidos de dialogo fueron burlados, pospuestos o ignorados; las demandas y propuestas de los distintos sectores sociales fueron al tacho de la basura de alguno de los burócratas de Carondelet. Todos tenían que someterse a la agenda de aprobación de leyes, sin debate, sin dialogo. Ese pueblo que le dio el gran caudal de apoyo era desoído.

Paulatinamente, esta conducta fue generando inconformidad, descontentos en los trabajadores públicos y privados, a los cuales se les cercenó sus derechos; los comerciantes minoristas denunciaron que el bloque de PAÍS pretendía burlarse de su proyecto de ley, que les garantiza el trabajo; los pueblos amazónicos y otros sectores manifestaron su oposición al proyecto de Código de Ordenamiento Territorial, la CONAIE denunció a la ley de aguas como privatizadora y planteó la necesidad de discutir y plantear reformulaciones.

Los jóvenes universitarios agrupados en la FEUE propusieron alternativas a la ley presentada por la Senplades, porque violentaba la autonomía universitaria; la UNE, que en reiteradas ocasiones planteó discutir con el gobierno un plan general para el mejoramiento de la educación, todos fueron ignorados.

La respuesta fue el insulto, la ofensa y la represión orquestada en todos los medios de comunicación. Millones de dólares gastados en propaganda oficial ha terminado por intoxicar y molestar a la población, que ha estado expuesta a miles de spot y cuñas radiales diarios con los mismos mensajes engañosos.

La movilización social que hoy se desarrolla en el país cuenta con un amplio espectro de participación de los trabajadores, maestros, indígenas, jóvenes estudiantes, pequeños comerciantes y otros sectores, que se ven afectados y enfrentan las desviaciones derechistas que implementa el gobierno, expresadas en la promulgación de leyes y decretos que atentan contra los intereses del país y de los trabajadores, como la ley de minería, la ley de escalafón del magisterio, los decretos 1701, 1780, o la pretensión de aprobar la ley de agua, afectando los intereses de los indígenas y campesinos.

No son luchas aisladas, ni exclusivas de determinado sector, es una lucha en la que confluyen una serie de fuerzas del espectro popular, y que van encontrando agendas comunes, banderas unitarias. Por ello, la respuesta que el régimen debe dar, no puede ser diferenciada, debe ser integral, de política general, de concepciones y rumbos a seguir.

La movilización social no viene desde la derecha como ha dicho Correa. No, la movilización viene desde los trabajadores y los pueblos organizados, desde la izquierda revolucionaria que ha venido defendiendo y luchando por este proceso de cambio, la movilización es contra la derechización del gobierno, contra la corrupción y el alejamiento del proyecto de cambio.

Correa subestima y le falta el respeto al movimiento popular ecuatoriano al decir que puede ser “utilizado por sus propios explotadores”. Piensa que el pueblo organizado, que ha mantenido la esperanza en estos dos últimos años, ha perdido la memoria y ha olvidado que echó del poder a gobiernos corruptos y castigó de la misma manera a los traidores. Hace mal también pretendiendo quitarle culpa al gobierno de la muerte del profesor Wisuma, insinuando que los que lo mataron fueron sus propios hermanos shuar.

Es evidente que es la etapa más crítica de lo que va el gobierno, el apoyo popular está bastante mermado, la insatisfacción se amplía, lo sensato sería que responda positivamente al pedido que le hacen todos los sectores, es decir, que se instaure un dialogo social con todos los sectores que tienen y levantan propuestas, aspiraciones y necesidades.