Por: Carlos Bacacela

El proyecto de Ley de Cultura despertó gran expectativa en gestores, colectivos y organizaciones artísticas, en torno a la posibilidad de tener un respaldo legal que permita mejorar las condiciones en las que se viene realizando la gestión y el quehacer cultural. Pero su importancia radicaba también en la articulación en base a los principios establecidos en la nueva Constitución, “Estado plurinacional y pluricultural”, por lo que el proyecto se perfilaba como una herramienta para hacer efectivos estos principios. Algunas de las propuestas de los distintos sectores del arte reunidos por el Ministerio en varios congresos no fueron incluidos. La participación de otros sectores como las juntas parroquiales, los municipios, las instituciones educativas, los conservatorios, sectores organizados, nacionalidades y pueblos en la mayoría de los casos fue poca, o no la hubo.

Dado el carácter de clase, pequeño burgués, del gobierno, los contenidos del proyecto de ley son un reflejo de su limitado proyecto político reformista y desarrollista, el cual se encuentra reordenando el aparataje jurídico e institucional para plasmar sus objetivos. Este reacomodo de la superestructura del Estado capitalista, también pasa por una resignificación de los contenidos y valores de la cultura, que busca moldear a los pueblos bajo los parámetros de la “ciudadanía”, negando su lugar dentro de las relaciones sociales de producción. Además, debemos tener presente que toda ley responde a los intereses de la clase social que detenta el poder.

Hay que tener en claro que si bien esta memoria se sustenta en los hechos ocurridos en el pasado lejano y reciente, este concepto encierra dos formas de memoria social: Una desde la perspectiva oligárquica, en la cual se ponen de manifiesto sus intereses como explotadores, como impulsadores de seudo valores patrioteros cargados de xenofobia, racismo, la libertad de empresa, el éxito personal; élites sociales que se autoproclaman como únicos gestores de los procesos libertarios y creadores de la historia del país. Es decir, como los únicos capaces de construir y hacer la cultura. Ésta, es la visión de la clase dominante.

Además, es real que aún prevalece la visión tecnocrática, que busca “rescatar” las expresiones culturales de los pueblos bajo un criterio conservador, sin un entendimiento integral de las causas históricas, económicas, sociales y políticas, y del carácter de las relaciones interculturales que de estas se derivan. Por tal razón no se debe hablar de “memoria social” a secas, pues la sociedad ecuatoriana sigue siendo (aunque la revolución ciudadana lo niegue) una sociedad dividida en clases; por lo tanto, los trabajadores, las nacionalidades y los pueblos son dueños de una memoria diferente, trazada por procesos de lucha contra la explotación, la pobreza, el desempleo, el racismo, el neoliberalismo, la opresión nacional; memoria social que se manifiesta a través de sus expresiones culturales propias, cuyo objetivo como grupos sociales explotados es el de tener una participación activa en la vida económica y política del país, en definitiva como verdaderos hacedores de la historia.

Este concepto tal como está desarrollado en el proyecto de ley, hace alusión al carácter dinámico de la cultura y a su permanente revalorización y re significación por parte de los actores sociales, pero detrás de esto se esconde que los mencionados “actores sociales” (estos pueden ser tanto un gran empresario como un trabajador) tienen diferencias como agentes de la transformación política y cultural, pues dicho proceso puede ser orientado en beneficio de los pueblos o, por el contrario, puede remachar las cadenas de la opresión; por lo tanto la cultura, su revalorización y re significación pasa por un proceso de contraposición de ideas a través de las diferentes prácticas culturales en el seno de la sociedad.

La creación de un Sistema Nacional de Cultura si bien contiene elementos positivos, como el de ordenar a la institucionalidad cultural del país, corre un claro riesgo de convertirse en aparato burocrático verticalista, de carácter clientelar y discriminatorio. Verticalista en el sentido de que las políticas culturales vendrán listas desde el ministerio, por lo cual los miembros del sistema tendrán que ser meros acatadores y reproductores de estas; y clientelar ya que debido a las dificultades, de carácter económico principalmente, que tienen los gestores culturales para desarrollar su trabajo, se obligarán forzosamente a formar parte del sistema y adaptarse a lo que los técnicos del ministerio crean “importante”, por tal razón se quedarían fuera aquellos proyectos que no estén en concordancia con su política.

Otro problema es el de las contradicciones que existen en algunos artículos, ya que en el artículo 19 se habla de “afirmar la identidad plurinacional”, en cambio que el artículo 53 numeral 1 señala que uno de los fines del Sistema Nacional de Cultura es “fortalecer la identidad nacional y las diversas identidades socioculturales”. Esta falta de coherencia en el establecimiento de las categorías nación, nacionalidades y pueblos, como parte de los articulados del proyecto de ley, hace notar que existe una visión unilateral sobre la concepción de la cultura en el país, pues prima el criterio de la única nación y se desconoce al nuevo estado plurinacional en varios acápites del proyecto.

Toda industria se dedica a la producción en masa con el fin de satisfacer las demandas del mercado. Resultado de este proceso obtenemos lo que se conocen como bienes, de los cuales se derivan los servicios como un complemento de aquellos. La diferencia entre la industria común y las “industrias culturales” está en que estas últimas son “portadoras de valores y contenidos de carácter simbólico que preceden y superan la dimensión estrictamente económica” (Carta Iberoamericana de la Cultura). Estos valores y contenidos de carácter simbólico no son otra cosa que las formas mediante las cuales se reproducen las ideas que influyen directamente en el criterio y conducta de las personas, y si bien están por encima de la dimensión económica, no están aisladas, sino que más bien son resultado de ésta, pues mantienen una relación dinámica e interdependiente, las cual se reflejan en el comportamiento en general de la sociedad. Por lo tanto, si hablamos de una industrialización de la producción cultural dentro de la lógica de la competencia en el mercado capitalista, tendríamos también que suponer que los productos que resulten de este proceso entrarán a competir en desventaja frente a las transnacionales de la cultura, que tienen secuestrada la conciencia de una importante franja de la población, teniendo como resultante que la producción del país tendrá que adaptarse a las exigencias de ese mercado para no desaparecer, quedando en plano secundario la importancia de los contenidos.

Históricamente este concepto tiene 2 significados: El primero es la tesis antropológica burguesa que plantea que el arte popular es aquel practicado empíricamente por artistas provenientes del pueblo, que se limita a expresiones de carácter festivo, religioso, artesanal o musical, que si bien se han mantenido en el tiempo, corren el riesgo de desaparecer y, por tal razón, deben ser rescatados y preservados. Dentro de este marco teórico se analizan los objetos y no los sujetos, quedando fuera del estudio los procesos históricos que los determinan.

El segundo tiene que ver con la relación que tiene el arte con los procesos de lucha, reivindicación y liberación de los pueblos, su propuesta estética contiene y expresa la necesidad de transformación social a lo largo de la historia. Es popular no porque sea una mera expresión costumbrista, sino porque entiende a los pueblos como sujetos protagonistas y hacedores de su futuro; y actúa junto a ellos en busca de una nueva sociedad.

El proyecto de ley aborda solamente el primer concepto, con una clara orientación dirigida a establecer una visión neo folklorista del arte popular y de las expresiones de la cultura popular.

Entendemos que desde los espacios del arte y de la cultura también se puede contribuir a los procesos de cambio sociales y revolucionarios. Por tal razón, creemos que la discusión y construcción del proyecto de Ley de Cultura no está a tono con las necesidades actuales, pues a simple vista se nota el carácter corporativista con el que se pretende direccionar el quehacer cultural del país.

La nueva ley debe ser discutida ampliamente con todos los actores culturales, pero debe ser un proceso de elaboración desde el seno de las organizaciones culturales y los pueblos, conociendo profundamente su entorno, su realidad económico-social, estableciendo con ellos las prioridades, de acuerdo con sus aspiraciones y proyecciones hacia el futuro, siendo conscientes de las diferencias que existen en un estado plurinacional. Estas diferencias tienen que ser elementos de complementariedad que permitan sentar las bases de un verdadero proyecto cultural liberador.

El Sistema Nacional de Cultura tiene que ser consecuente con los principios establecidos en la Constitución, que declara a nuestro país como “Plurinacional y Pluricultural”, debe avanzar a convertirse en el “Sistema de Culturas del Ecuador”, nueva característica que permitiría la participación real y en igualdad de condiciones a todos los sectores sociales y sus diferentes organizaciones; y junto con ellos, establecer los mecanismos necesarios para afirmar su mundo cultural. Esto garantizaría una verdadera participación democrática; si no se lo hace, caeríamos, como hasta ahora, en ese mesianismo que cree que los cambios se los hacen desde un escritorio y por decreto.

*Carlos Bacacela A. Miembro del grupo musical Chakana, de Cuenca. Miembro de la directiva nacional de la Unión de Artistas Populares del Ecuador UNAPE