No suplicamos, exigimos

Según el político, se está gestando un cambio en las relaciones de poder, ya que se ha estado asumiendo la obligación de rendir cuentas por parte de quienes ejercen una función pública. Señaló que hay un grupo considerable de diputadas(os) que ejercen con seriedad la función fiscalizadora. Es obligado reconocer el trabajo tenaz de diputadas como Nineth Montenegro, una de las políticas más respetadas en el país, quien ha contribuido a que se transparente el manejo y ejecución de los recursos estatales, y el de Rosa María de Frade, impulsoras de la Ley, junto a Nineth, ambas luchadoras por la transparencia en la gestión pública.

La Ley alcanzará en abril un año de vigencia, y aunque todavía no hay una evaluación sobre su cumplimiento, tenemos evidencias de que desde las instituciones públicas hay oposición y resistencias, disfrazadas de obstáculos legales y excusas, las que han impuesto grandes barreras para conocer un bien que nos pertenece a todos (as): la información.

En los ministerios y otras oficinas de gobierno, funcionarios de alto rango buscan subterfugios legales para no entregar la información o para intentar blindarla. Luis Marroquín, vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa, SIP, participante en la mesa, aseguró que la norma ha sido maliciosamente interpretada para negar la información o retrasar su entrega.

Algunas municipalidades hasta se han atrevido a exigir requisitos que no están establecidos en la ley, y cuando los usuarios insisten, se convierte en un foco de tensión. Hay que reconocer también el vacío de conocimiento de esa normativa, tanto por los sujetos activos como por los obligados, pero contra su observancia no puede alegarse ignorancia.

Rolando Archila, presidente de la Cámara de Periodismo, resumió preocupaciones de algunas redacciones de los medios, entre ellas: un incremento del burocratismo en el procesamiento de la información, ausencia de sanciones fuertes a quienes incumplen, autoridades que se escudan en la secretividad, alargamiento de plazos para conseguir información, ya que datos que antes estaban a la mano, ahora se consiguen hasta 10 días después. Agregó que la Municipalidad de Guatemala ha negado 40 de las 240 solicitudes que se le han formulado.

Además de estos obstáculos malintencionados, no todas las entidades tienen una Unidad de Información Pública; a las solicitudes les imponen los 10 días de plazo, que son prorrogables, con lo que los reporteros se ven afectados en su labor y restringidos en un derecho, cuyos efectos automáticamente se trasladan a la sociedad, que se ve coartada de conocer hechos de su interés.

Sería pertinente que desde el gremio hagamos valer con energía el artículo 35 de la Constitución, que claramente establece que es libre el acceso a las fuentes de información, y que ninguna autoridad podrá limitar ese derecho. No debemos aceptar que nos encasillen en requisitos que no aplican para la Prensa. No hay colisión de normas, la Carta Magna no admite estas interpretaciones. No suplicamos, sino que exigimos. Alejos ofreció cerrar filas; le tomamos la palabra.