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Participación ciudadana del Distrito Federal, un engaño

Los mecanismos de participación ciudadana en el Distrito Federal han fallado, reconocen legisladores locales. Los órganos de representación se han diseminado con el paso del tiempo; el plebiscito y la consulta popular son instrumentos poco recurridos por la población. Sin un vínculo real con las autoridades, los ciudadanos optan por organizarse al margen de las instituciones, señalan especialistas

| Ciudad de México (México)
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Pese a que el Distrito Federal cuenta con una Ley de Participación Ciudadana, ésta ha servido de poco a los habitantes de la capital para incidir en las decisiones políticas de la metrópoli. Figuras como el plebiscito y la consulta popular –previstas en la ley desde 1999 como mecanismos de participación de los ciudadanos– se han usado sólo seis veces en 11 años; siempre por iniciativa de las autoridades. Mientras, los comités de vecinos no se han renovado en más de una década.

No obstante que fueron instrumentados formalmente para representar a los ciudadanos y hacer llegar sus demandas a las autoridades de la capital del país, actualmente el 70 por ciento de dichos comités ha abandonado sus actividades, reconoce la diputada local Lizbeth Eugenia Rosas Montero, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El vicepresidente de la Comisión, Rafael Miguel Medina Pederzini, acepta el fracaso de estos comités y sostiene que “varios elementos” en la ley “incentivaron” su falla.

Para el investigador Javier de la Rosa Rodríguez, exdirector del Centro de Estudios sobre la Ciudad de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, más que el reconocimiento normativo del derecho a participar, lo que hace falta para hablar de una verdadera participación ciudadana es una capacidad vinculatoria real entre los pobladores del Distrito Federal y sus autoridades delegacionales y centrales.

El maestro en políticas públicas considera que los espacios ciudadanos provistos por el gobierno, aunque aprovechables, no recuperan todas las formas de organización social existentes, como las ejidales. “Habría que pensar cómo se vinculan estas organizaciones, ya con identidad y arraigo territorial, con estos mecanismos de participación ciudadana”, reflexiona.

De la Rosa Rodríguez ve una paradoja entre una ciudadanía que por tradición ha sido muy activa políticamente, sobre todo en la reivindicación del espacio público, y un gobierno local que no le ha concedido resonancia a sus demandas en la toma de decisiones. Por ello es que muchas organizaciones sociales “han preferido tener una estrategia de movilización social en lugar de acceder a los mecanismos institucionalizados”, señala.

Pero los legisladores aseguran que con las recientes modificaciones a la ley, hechas el pasado 30 de diciembre, se resarcirán estas deficiencias y se impulsarán –ahora sí– las figuras del plebiscito y el referéndum que no se han ocupado, porque “nadie ha querido”, a decir de la diputada Rosas Montero.

Comités ciudadanos, estancados

La primera Ley de Participación Ciudadana en el Distrito Federal data de 1995, la cual fue revocada al año siguiente. Una segunda versión se creó en diciembre de 1998 y por primera vez incluyó al plebiscito, al referéndum, a la iniciativa y consulta populares como instrumentos de participación social. En esa nueva ley se planteó también la creación de comités vecinales que sirvieran para gestionar, evaluar y supervisar las demandas ciudadanas en temas relacionados con servicios públicos, aprovechamiento de la vía pública, modificaciones al uso de suelo, seguridad pública y giros mercantiles.

A pesar de que dichos comités tenían que renovarse cada dos años, sólo se realizaron elecciones en 1999. De acuerdo con el doctor Sergio Zermeño García-Granados, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, en esos comicios participaron apenas 575 mil personas, menos del 7 por ciento de los votantes potenciales. Se trató, pues, de “órganos muy endebles” que habían desaparecido en un 60 por ciento para mediados de 2000, “y los pocos que subsistían se encontraban mermados y divididos”, refiere el investigador en el estudio “La participación ciudadana bajo los gobiernos perredistas del Distrito Federal (1997-2003)”, publicado en Participación ciudadana y políticas sociales en el ámbito local, libro coordinado por Alicia Ziccardy y editado por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Zermeño García-Granados, quien es especialista en el tema de la participación social, retoma en su texto el discurso pronunciado por Andrés Manuel López Obrador al rendir protesta como candidato a jefe del gobierno capitalino. Ese 5 de diciembre de 1999, López Obrador declaró que la primera iniciativa de ley que enviaría a la Asamblea Legislativa sería la de convertir los comités vecinales en “gobiernos ciudadanos”.

Pero en lugar de eso, el excandidato presidencial suplió a los comités por unas asambleas vecinales “completamente fuera de lo estipulado en la Ley de Participación Ciudadana”. Se trató de conglomeraciones a puerta abierta, en las que lo mismo tomaban parte vecinos que miembros del gobierno delegacional y central “y demás allegados y espontáneos”, y cuyas decisiones eran aprobadas a mano alzada por todos los presentes. Luego de algunas reuniones durante el primer año, estos grupos también se disolvieron, detalla el investigador.

Para abril de 2004 se creó una tercera versión de la Ley de Participación Ciudadana, en la que la figura de los comités vecinales se sustituyó por la de comités ciudadanos y se estableció que éstos se votarían en abril del año siguiente, mas ello no ocurrió. En julio de 2005, la ley otra vez se modificó y se dispuso que el proceso electoral debía llevarse a cabo en septiembre y octubre siguientes, pero de nueva cuenta se incumplió con tal disposición.

Rosas Montero, quien pertenece a la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, reconoce que los desacuerdos internos de su partido y de los otros grupos parlamentarios fueron la causa de que se truncara la elección de nuevos comités tras la primera votación. Luego de 11 años de que esta figura fuera usada por primera y única ocasión, la reforma de ley pretende revigorizarla y ha planteado que los comicios se realicen el 29 de agosto próximo.

Incluso los legisladores aprobaron en el presupuesto de este año un monto para que el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) organice la elección. Pero hasta ahora se desconoce el costo exacto que tendrá la votación, pues los 42 millones 289 mil 745 pesos presupuestados para el Instituto también contemplan el pago a los partidos políticos por “trabajo de representación” ante dicho órgano electoral. Contralínea solicitó una entrevista con la comisionada presidenta del IEDF, Beatriz Zavala Pérez, para conocer detalles sobre el proceso electoral que se realizará en cuatro meses. Al cierre de esta edición, no obtuvo respuesta.

¿Mandatos del pueblo?

Otros mecanismos de participación previstos en la ley no han corrido con mejor suerte. En una década, los gobiernos locales perredistas han realizado únicamente cinco consultas ciudadanas, cuatro de ellas durante la gestión de López Obrador, en la que también se convocó a un plebiscito para que los vecinos expresaran su aprobación o rechazo a la construcción de los segundos pisos en Periférico y Viaducto.

Información de la extinta Dirección General de Participación Ciudadana –ahora Subdirección de Participación Ciudadana– refiere que la consulta que más afluencia tuvo fue la que sometió a consideración de la ciudadanía la permanencia de López Obrador como jefe de gobierno, al llevar a las urnas a 691 mil 619 personas en diciembre de 2002. Se trató apenas del 10 por ciento de los ciudadanos que ese año estaban inscritos al padrón electoral, de acuerdo con datos del IEDF.

Las otras consultas populares sometieron a escrutinio público la pertinencia de adoptar el horario de verano en la ciudad de México, de incrementar el precio del boleto del metro y de construir segundos pisos en Periférico y Viaducto.

En lo que va de la administración de Marcelo Ebrard Casaubón, sólo se ha recurrido a este mecanismo en una ocasión, cuando el gobierno capitalino manifestó nuevamente su pretensión de incrementar el costo del boleto del metro de 2 a 3 pesos.

Aunque la ley señala que las consultas ciudadanas se efectuarán por medio de preguntas directas para saber si los ciudadanos estaban de acuerdo o no con el aumento, se elaboró una encuesta de 10 preguntas de opción múltiple, entre las que se le cuestionaba al ciudadano cuánto estaría dispuesto a pagar por un viaje en el metro. Las opciones de respuesta iban de los 3 a los 5 pesos.

De los 635 mil 800 pasajeros que en promedio viajan en metro cada día, la encuesta se aplicó sólo a 6 mil; el 74 por ciento de ellos “favoreció” la propuesta de aumentar 1 peso el costo del transporte. De acuerdo con la nota de Yadira Rodríguez, publicada en el portal electrónico de W Radio el 17 de diciembre de 2009, el vocero del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Alejandro Sánchez, declaró entonces que, “en la democracia, el pueblo manda”.

Participación acotada

La reforma a la Ley de Participación Ciudadana prevé que en las 1 mil 400 unidades territoriales del Distrito Federal se crearán comités ciudadanos formados por nueve integrantes, quienes fungirán como representantes de los vecinos de cada unidad territorial ante la autoridad capitalina durante tres años. Asimismo, la ley plantea la realización de asambleas ciudadanas, cuyas resoluciones serán obligatorias para los vecinos de las unidades territoriales en las que se lleven a cabo.

El 11 de febrero pasado, en el marco del foro “La nueva Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal desde la óptica ciudadana”, un centenar de asociaciones civiles y vecinales manifestaron su inconformidad por las modificaciones a la ley. Mediante un comunicado de prensa, los firmantes califican que la norma está “llena de errores y vicios de origen” y acusan que, mediante ella, se pretenden imponer las formas de organización que deben tener los ciudadanos.

Señalan también que el diseño jurídico de la ley “garantiza y legaliza el predominio de las decisiones verticales de los delegados políticos y del jefe de gobierno” y los libra de una “auténtica y real rendición de cuentas y evaluación ciudadana de sus actos de gobierno” al no incluirse en las reformas la revocación de mandato.

René Solís Brun, quien desde la dirección del Centro de Estudios para la Zona Metropolitana, AC, ha criticado las recientes reformas a la ley, señala que con ella se pretende incorporar a los ciudadanos a participar mediante un esquema partidista, “y eso nos parece que no es muy libre ni muy democrático”. Solís Brun hace hincapié en que, independientemente de la ley, la gente participa en asuntos que le conciernen por iniciativa propia, por lo que cree que aun con las recientes modificaciones, la ley “va a quedar otra vez en una estructura política”.

El maestro De la Rosa Rodríguez destaca que desde la ley se ha intentado que los comités ciudadanos sean ajenos a cualquier partido político, pero no descarta que pueda haber un control por parte de grupos políticos. Considera, sin embargo, que lo más grave “es el desánimo de la población por no encontrar efectividad en estos mecanismos”.

Fuente: Contralínea 179 25 de Abril de 2010

Contralínea 25 de Abril de 2010

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