España posee cuatro millones de desempleados y se encamina a adoptar la llamada “flexibilación” laboral, que elimina el trabajo fijo, protegido por leyes, y da vía libre a los patronos para despedir a los empleados bajo cualquier pretexto, lo cual puede aumentar la desocupación.

La gran debilidad demostrada por la crisis es que la economía no puede andar suelta como las fieras en la selva, es necesario controlarla, y así lo sugiere el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en lo que denomina “recuperar el papel del Estado”.

La fórmula es la más simple de todas, sobre todo para evitar que el caballo de la especulación financiera se desboque. Muchos países industrializados y neoliberales están adoptándola con cierto disimulo, porque fue precisamente la especulación en condiciones de riesgo extremo la que ocasionó el ciclón financiero devenido tormenta económica.

El razonamiento de la CEPAL, institución de la ONU con mucho prestigio, es claro: el Estado debe ser el promotor de la igualdad y transformar sus estructuras industrial y tecnológica a fin de cerrar las profundas brechas sociales que persisten en la región.

Este organismo en ningún momento habla de libertades para el mundo financiero y mucho menos para las especulaciones. Su discurso va destinado a la base de la economía, la producción, incluso en condiciones del capitalismo.

El documento sostiene que a pesar de "los avances alcanzados en materia económica y social en los últimos años", América Latina aún presenta "la peor distribución del ingreso del mundo", con "niveles importantes de pobreza y una fuerte heterogeneidad productiva".

Para la CEPAL, persisten en América Latina y el Caribe "el deterioro en el mundo del trabajo y la segmentación de la protección social", escenario que se completa con desafíos sociales de larga data, entre los que se citan "la discriminación étnica y de género, la vulnerabilidad frente al cambio climático y la transición demográfica".

El problema más agudo para el futuro radica en que los gobiernos deben cambiar el modelo de desarrollo con el objetivo de "crecer para igualar e igualar para crecer", pues "igualdad, crecimiento económico y sostenibilidad ambiental tienen que ir de la mano".

Todo este pensamiento económico que no debió nunca ser sustituido por las leyes despiadadas y destructivas del mercado tan proclamadas por el Fondo Monetario Internacional, solamente puede ser puesto en práctica por políticas oficiales, de manera que el estado sea el regulador de la riqueza y, por lo menos, una parte vaya a dar a los más desposeídos. (Por Joaquín Rivery Tur)

Agencia Cubana de Noticias