Medio siglo después del fin de la guerra de Argelia, la retórica colonialista resuena nuevamente en la Asamblea Nacional de Francia.

La Asamblea Nacional de Francia discutió –el 12 de julio de 2011– la continuación de la intervención militar en Libia [1]. El debate respondía a la aplicación de una nueva disposición constitucional que exige un voto del parlamento al cabo de 3 meses de operaciones militares en el exterior.

Los diputados se felicitaron, con toda razón, por convertirse así en partícipes de una decisión sobre la implicación de las fuerzas armadas. Aunque esa reforma promovida por Nicolas Sarkozy implica un claro progreso democrático, la realidad es que el resultado está aún muy lejos de ser satisfactorio.

En primer lugar porque ese voto tiene lugar al cabo de 3 meses de guerra y también porque los diputados no supieron, o no quisieron, preparar su realización.

Es evidente que los diputados no tenían a su disposición un estudio profundo de las consecuencias en materia de derecho internacional (miles de denuncias de ciudadanos libios están siendo actualmente presentadas ante las jurisdicciones nacionales europeas y ante varias jurisdicciones internacionales), no disponían de ningún tipo de información sobre los hechos que sirvieron de antecedente a esta guerra (su planificación por parte de Washington desde el año 2002, el intento de golpe de Estado en Libia organizado por París en 2010, los protocolos secretos del Tratado de Lancaster House del 2 de noviembre de 2010, etc.) ni de una evaluación contradictoria sobre los crímenes imputados al gobierno libio y a los rebeldes (se hace cada día más evidente que nunca existieron los crímenes atribuidos al gobierno de Trípoli y que se han silenciado los crímenes cometidos por los sublevados), como tampoco tenían una visión clara de las operaciones militares que se están desarrollando (el papel de Al-Qaeda y de los mercenarios de Xe-Blackwater, los criterios de selección de los blancos de los bombardeos, el despliegue terrestre del Comando de Operaciones Especiales de las fuerzas armadas francesas, la entrega de armas, el estado real de los combates, etc.).

En esas condiciones, los miembros de la Asamblea Nacional no sabían en realidad qué discutir y se limitaron a hacer el papel de caja de resonancia. Hasta la contribución del grupo conformado por los diputados comunistas y anexos, que votaron por el «No», se redujo a una enumeración de principios carente de argumentos sólidos. En cuanto a los diputados no inscritos y los diputados disidentes de los grupos parlamentarios, no se les concedió el derecho a hacer uso de la palabra a pesar de ser algunos de ellos precisamente los mejor informados en el seno de la Asamblea.

¿Hipocresía colectiva o incompetencia?

Los diputados tenían en definitiva que pronunciarse sobre la continuación de unas operaciones militares cuyos objetivos y legitimidad nunca cuestionaron, a pesar de que la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU había otorgado a la Coalición de Voluntarios un mandato que nada tiene que ver con lo que están haciendo esos países.

[Según la resolución,] se trataba exclusivamente de proteger a los civiles de ambos bandos creando una zona de exclusión aérea. Sin embargo, esa zona [de exclusión aérea] nunca se aplicó ya que el aeropuerto de Bengasi está funcionando. Lo más importante es que la OTAN nunca ha tratado de proteger a los civiles ya que, por el contrario, ha estado encubriendo los crímenes de guerra de Al-Qaeda en Cirenaica.

Lo que sí ha hecho la OTAN es destruir en lo esencial el potencial militar de Libia y la infraestructura no petrolera, esta última se mantiene intacta en espera del futuro saqueo. También ha aplicado una política de asesinatos selectivos contra las familias de los dirigentes libios y se ha empeñado en una persecución personal contra Muammar el Gaddafi. La OTAN está violando además el embargo sobre los envíos de armas [a Libia] y ha instaurado un bloqueo ilegal para rendir por hambre la región de Tripolitania.

Como tanto repitieron los diferentes oradores [ante la Asamblea Nacional de Francia], empezando por el primer ministro, la resolución 1973 constituye la primera aplicación del principio de «responsabilidad de proteger» adoptado por la ONU en la cumbre mundial de septiembre de 2005. Ese concepto excluye, sin embargo, toda intervención tendiente a lograr un «cambio de régimen».

Christian Jacob expresó satisfacción por la conquista de la región de Cirenaica y la instauración de un gobierno títere. Declaró que «Nuestro país fue el primero en reconocer el Consejo Nacional de Transición y es mi deseo rendir homenaje a la visión de futuro del Presidente de la República. La bandera francesa flota sobre Benghazi y eso es para nosotros motivo de gran orgullo.» (sic)

Los diputados franceses fueron invitados en realidad a dar su aval a la agresión de la OTAN, que viola la resolución 1973. Y 486 de los 516 diputados franceses no vacilaron en mancharse alegremente las manos con la sangre de los libios, sin entender a menudo que lo que se les pedía en realidad era encubrir al presidente Sarkozy.

Efectivamente, tanto Francia como los demás Estados de la coalición firmantes del Tratado de Roma pronto tendrán que responder por sus actos. A la luz del derecho internacional, casi todas las acciones de la OTAN contra Libia no son otra cosa que crímenes, incluyendo el bombardeo contra las instalaciones del ejército libio, que constituye una guerra de conquista y viola la resolución 1973, como han señalado el primer ministro ruso Vladimir Putin y el presidente de Venezuela Hugo Chávez.

Sólo los diputados comunistas y algunos socialistas movilizados por el ex presidente de la Asamblea Nacional Henri Emmanuelli se pronunciaron contra el crimen.

Confesiones

En esas circunstancias, los oradores de la mayoría presidencial cometieron imprudencias que pudieran tener graves consecuencias ante la Corte Penal Internacional ya que revelan la verdadera razón de su entusiasmo.
Por ejemplo, el presidente del grupo Nuevo Centro, Philippe Folliot, exhortó el gobierno a defender en lo adelante los intereses de las empresas francesas para la obtención de contratos de reconstrucción con las autoridades que lleguen al poder después de la guerra.

La medalla de oro de la falta de delicadeza se la lleva el presidente del grupo de diputados de la mayoría presidencial, Christian Jacob, quien expresó escandalosamente su orgullo por ver la bandera francesa flotar sobre Bengasi, frase en la que reconoce sin ambages que la operación Harmattan no es otra cosa que una guerra de conquista.