En un comunicado publicado al término de la 11ª cumbre de la organización, los 9 Estados miembros del ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) condenaron este domingo 5 de febrero de 2012 la «política sistemática de injerencia y desestabilización» que trata de «imponer por la fuerza un cambio de régimen al pueblo sirio».

La resolución de los miembros del ALBA sobre Siria condena «los actos de violencia que grupos armados han desatado contra el pueblo de esa nación».
Los jefes de Estado de los países miembros de la organización latinoamericana de integración expresaron además su apoyo a la «política nacional de reformas iniciada por el Gobierno del presidente Bachar al-Assad, tendiente a encontrar una solución política a la crisis actual», «dentro del respeto de la soberanía del pueblo sirio y la integridad territorial de Siria».

Las potencias atlantistas y los países del Golfo, así como sus medios de comunicación, acusan al gobierno sirio de haber desatado una represión sangrienta contra pacíficas manifestaciones. Por su parte, el gobierno sirio señala que esas mismas potencias occidentales están respaldando a los grupos armados que realizan las operaciones de sabotaje que ya han costado la vida a varios miles de ciudadanos sirios, tanto civiles como militares. Los observadores de la Liga Árabe invalidaron recientemente las acusaciones de sus propios gobiernos y confirmaron parcialmente las denuncias del Estado sirio.

El cinismo que implica la aplicación de una estrategia de desestabilización de ese tipo puede provocar incredulidad en la opinión pública europea, pero no sucede lo mismo en América Latina. El recuerdo de la acción desestabilizadora de los «Contras» sigue presente en la memoria colectiva de toda Latinoamérica y su similitud con la situación siria salta inmediatamente a la vista para cualquier latinoamericano.

En los años 1980, los «Contras» («Contrarrevolucionarios») contaron primeramente con el apoyo y entrenamiento garantizados por la dictadura de Argentina, que actuó como intermediario, y más tarde con el financiamiento y la ayuda directa de las administraciones de los presidentes estadounidenses James Carter y Ronald Reagan, que se empeñaron en derrocar el gobierno sandinista de Nicaragua. Desde sus bases en Honduras, los «Contras» perpetraban por entonces todo tipo de acciones armadas contra la economía y la población nicaragüenses.

Se estima que aquella falsa guerra civil, organizada por Estados Unidos contra un Estado y un pueblo soberanos, costó 29 000 vidas y dejó un total de 57 000 víctimas.

Mientras tanto, los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros de la OTAN y los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo redoblan la frecuencia de sus declaraciones en contra de Siria y afirman que ese país está «más aislado que nunca».