No hay en la historia mexicana partidos políticos con suficiente independencia y autonomía para influir sobre los candidatos que, de representación y/o por nombramiento, obtienen un cargo legislativo, judicial o administrativo. Todo porque el presidencialismo a la mexicana sigue siendo tan abrumadoramente poderoso, que cada presidente, desde Plutarco Elías Calles (que tuvo su Partido Nacional Revolucionario), Lázaro Cárdenas del Río (con su Partido de la Revolución Mexicana), Miguel Alemán Valdés (con su Partido Revolucionario Institucional, PRI), controla a los partidos y gobiernos de hombres (no gobiernos de la ley) y ha hecho de los dirigentes partidistas también sus incondicionales.

Así, desde 1946, cada “señor presidente” ha tenido su PRI y desde 2000, cada inquilino de Los Pinos su Partido Acción Nacional (PAN). Los vaivenes priístas a moderada izquierda, casi siempre al centro y otras a la derecha (represiva y sangrienta, más con Gustavo Díaz Ordaz, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León) hicieron que cada sexenio el PRI y el PAN hayan sido partidos desdibujados al servicio del autoritarismo presidencial (“la cuestión es la de saber quién manda. Eso es todo”: Lewis Carroll, seudónimo del escritor británico Charles Lutwidge Dodgson, autor de Alicia en el país de las maravillas).

Los priístas, más por demagogia que por convicciones, han manipulado el problema indígena, sintetizándolo y agotándolo en la figura histórica universal del estadista Benito Juárez. Sobrevivientes desde el descubrimiento, la Conquista y la Colonia, esos mexicanos apodados indios permanecen marginados y diezmados, enquistados en sus tradiciones; sitiados rural y urbanamente desde la Independencia, la gloriosa Revolución de Ayutla con la Reforma, la República Restaurada y la Constitución de 1857, la Revolución de 1910-1917. Degradados, olvidados y abandonados a su pobreza, su subcultura, perseguidos, despreciados… y muertos de hambre, con una población aproximada de 10 millones que cuentan sólo para el censo poblacional de los 114 millones que somos (menos, los más de 100 mil homicidios causados por las dos caras de la moneda: calderonistas y criminales, enfrentados en una guerra a muerte, sin que la balanza se incline a favor de la seguridad y la paz pública y privada).

De Alemán a Zedillo (al suponer sin conceder que desde José López Portillo hayan sido priístas), cada PRI sexenal se ha distanciando del principio constitucional de que “todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”. Y los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón creen que administrar, gobernar, legislar e impartir justicia son funciones, facultades y obligaciones privatizadas para poner los órganos del Estado al servicio de la oligarquía: empresarios, multimillonarios, banqueros y todo el servilismo proestadunidense.

La nación está lista para una cuarta revolución que implante el republicanismo y la democracia modernas, dejando atrás las fumarolas al estilo de las del volcán Popocatépetl, que son las manifestaciones civiles; y que priístas, panistas y perredistas consideran desahogos populares de campesinos, obreros, empleados, que más que “indignados” están encabronados por los males sociales, económicos y políticos que han generado 50 millones en la pobreza, 10 millones que padecen hambre, enfermedades y sed; 20 millones sin empleo; 10 millones de niños con anemia. ¿Y el Seguro Popular?, ¡bien, gracias!, pues no sirve ni para vacunar y es la demagogia de Calderón, mientras desmantela los institutos Mexicano del Seguro Social y el de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al cerrar las puertas de los hospitales públicos y al entregar a los voraces empresarios la atención médica… ¡para ricos!, en sus hospitales de lujo, como los de Olegario Vázquez Raña, dueño del diario Excélsior, presidente del Consejo de Administración del Grupo Empresarial Ángeles (al que pertenecen las empresas Grupo Imagen y el Grupo Financiero Multiva), propietario de las estaciones de radio Reporte 98.5 e Imagen 90.5, y de la cadena de televisión abierta Cadena Tres además de los hoteles Camino Real.

Sobrevive el país al filo de una crisis general de violencia civil, en el contexto de la violencia criminal y militar-policiaca, por la sequía política de buenos gobiernos democráticos y republicanos. La elite que ya no gobierna, atascada en el botín de la corrupción, es tan ineficaz como los últimos tres sexenios del PRI. Ya superados en corrupción, mal gobierno, pésima administración y abuso de poder, por el PAN de Fox y Calderón. Éstos sabían de la sequía en el campo por la falta de lluvias, (fenómeno que se repite cada 14 años, aseguran los expertos) y que, sobre todo Calderón y los desgobernadores de las entidades subestimaron.

La sequía política y la ausencia de previsiones, que corresponde y es obligación gubernamental, ha contribuido al desastre de la hambruna y pobreza de los mexicanos que sobreviven del centro a la frontera Norte del territorio; donde además, domina la delincuencia del narcotráfico y padecen gobernadores y presidentes municipales incapaces, que han llegado a los cargos para robar con toda la impunidad que caracteriza a los funcionarios federales del calderonismo. Los malos gobiernos han provocado la sequía constitucional. Las presas institucionales están vacías del buen gobierno. No funciona la representación salida de las urnas tras las elecciones. Éstas se han convertido en una farsa. Son un engaño para mantener el escenario democrático. La nación acumula pobreza por los malos gobiernos del PRI a partir del delamadridismo y del PAN de Fox a Calderón: más de 24 años de capitalismo salvaje neoliberal en lo económico y sin liberalismo político por la ausencia del imperio de la ley, la aterradora inseguridad, el golpe de Estado militar-policiaco de facto. Esta falta de buenos gobiernos es la sequía que produce, otra vez, que la nación tenga hambre y sed de justicia.

Fuente: Revista Contralínea 270 / 05 febrero de 2012