10. julio, 2012 Autor: Érika Ramírez Semana, Sociedad

Trabajadores de base de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) denuncian irregularidades supuestamente cometidas por el director general de Protección y Medicina Preventiva, José Valente Aguilar Zinser, ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Entre las acusaciones se encuentran supuestos beneficios para los amigos del director y abuso en la utilización de los recursos de la dependencia que encabeza Dionisio Pérez-Jácome Friscione.

La denuncia presentada ante el máximo órgano de fiscalización del país y ante el propio secretario indica que “existe un presunto manejo de plazas otorgadas por amiguismo y compadrazgo”. Ejemplo de ello, dice el documento dirigido al auditor Juan Manuel Portal Martínez, “es la plaza de jefe de Unidad Médica, ocupada por Edgar Rojo Villavicencio, quien cuenta con licenciatura trunca en ingeniería y no cubre el perfil médico que requiere la plaza asignada”.

Indica también que Ana Elena Siller Haro, subdirectora de Control al Transporte y Supervisión, “no cuenta con el nivel académico requerido, ignorando la normatividad exigida por la Ley de Servicio Profesional de Carrera. Actualmente esta persona cobra un alto salario sin asistir al centro de trabajo”. De acuerdo con el Listado de nómina de la SCT, a la segunda quincena de julio de 2011, la funcionaria tiene percepciones por 27 mil 452 pesos y cuenta con prestaciones sociales, como seguros de vida y de salud, así como ayuda de despensa.

Otro de los mencionados es José Antonio Alfallo, a quien, dice la denuncia presentada ante la ASF, Aguilar Zinser asignó una plaza de dirección de área y realiza funciones en el laboratorio clínico, “cuando se supone que la plaza asignada debe cumplir acciones de mando, con los objetivos de fortalecer funciones que garanticen el cumplimiento de objetivos, metas y programas de la dependencia”. Por esta razón, dice el oficio, el doctor Aguilar Zinser “desperdicia una plaza de dirección apoyando a esta persona”.

El mismo Listado de nómina indica que las percepciones de este funcionario ascienden a 16 mil 244 pesos, con los mismos beneficios sociales que los de Siller Haro.

Israel Rodríguez Mendoza, secretario general de la Sección Operativa del Distrito Federal del Sindicato de Trabajadores Democráticos de la SCT, comenta en entrevista con Contralínea que “al proyecto del doctor Aguilar los trabajadores de base lo cuestionamos porque pierde el objetivo central médico-clínico. Esto tiene que ver con los instrumentos que nos den información válida y confiable.

“Somos los trabajadores que mueven los medios de transporte en el país, por eso es necesario llevar a cabo investigación y generar políticas públicas”, agrega el representante de más de 3 mil 500 trabajadores afiliados al sindicato de la SCT.

Concesiones a terceros

El documento llevado ante la ASF urge a que también se audite el otorgamiento de las concesiones a terceros para realizar los exámenes sicofísico integral y toxicológico, pues se presumen actos de corrupción, como negligencia o incapacidad por parte de los encargados de realizar los exámenes. Ejemplo de ello, denuncian, es el caso de un operador detectado en la carretera México-Toluca, que resultó positivo al consumo de anfetaminas mediante prueba rápida.

“Se presume que algunos de estos entes privados pertenecen a funcionarios en activo y exfuncionarios de la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte. La urgencia de una auditoría corresponde a que se podría tener un gran impacto de seguridad en las vías generales de comunicación, reflejado en el número de accidentes carreteros, aéreos y ferroviarios”, indica.

Desde 2004, Contralínea documentó que esta dirección sería privatizada y desmantelada luego de “romper” con un reglamento que había operado por tres décadas: el mismo que autoriza quién debe operar las vías aéreas, marítimas y terrestres. Antes de ser desmantelado, el programa había alcanzado niveles de reconocimiento por la NASA (National Aeronautics and Space Administration).

Israel Rodríguez Mendoza, secretario general de la Sección Operativa del Distrito Federal del Sindicato de Trabajadores Democráticos de la SCT, señala: “Hemos enviado a varios secretarios, desde la administración de Luis Téllez, casos así. En 2007, por ejemplo, se hizo la compra de reactivos de laboratorio, hubo un excedente muy fuerte, a un costo muy alto. Los reactivos caducaron ese mismo año, por lo que fue un gasto inútil.

El líder de los trabajadores y sicólogo de profesión agrega que la marca de los reactivos es Vitros. Explica que “el proveedor vende el reactivo, el equipo, el mantenimiento, la reparación del equipo. Estamos hablando de los equipos para análisis de sangre. El costo era oneroso; posteriormente los compañeros de laboratorio ya fueron tomados en cuenta, y ellos hicieron las especificaciones de lo que se requería. En esa ocasión, quien ganó [la licitación] fue Rendox. La diferencia es que ésta vende los reactivos, da en comodato el equipo y si éste se descompone se cambia. Fue una segunda licitación donde ya se tomó en cuenta el aspecto de los compañeros de laboratorio, después de estar presionando al director y a quienes hacen las compras”.

ASF auditará Cuenta 2011

Como respuesta a la solicitud de auditoría de la dirección que encabeza Aguilar Zinser, el oficio CPAE/103/2011 del 30 de agosto de 2011 indica que se tomó nota de la petición con el fin de evaluar su procedencia y factibilidad para incluirla en la fiscalización de la Cuenta Pública 2011.

De acuerdo con el portal de internet de la Dirección General de Medicina Preventiva, el sector Comunicaciones y Transportes tiene como uno de sus objetivos prioritarios mejorar los niveles de seguridad en las vías generales de comunicación, a través de la prevención y disminución de los accidentes que ocurren en ellas.

Y es que los accidentes en las vías generales de comunicación están considerados como un problema de salud pública, ya que generan una alta tasa de mortalidad, un número elevado de discapacitados y cuantiosas pérdidas materiales.

El factor humano, expone, es la causa principal de accidentes (90 por ciento), presentándose con mayor incidencia la hipertensión arterial, la fatiga, el consumo de drogas y alcohol, y enfermedades predisponentes, entre otros.

“Los exámenes sicofísicos, médicos en operación y toxicológicos constituyen una valiosa herramienta para la SCT en la prevención de accidentes, ya que permiten evaluar el estado de salud del operador, y determinar si está en condiciones de aptitud para desempeñar sus labores en las vías generales de comunicación”, indica.

En tanto, los trabajadores acusan que durante la administración de Aguilar Zinser se ha dado el desmantelamiento de la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte. “El enfoque de dicho proyecto se encamina a crear entes de la iniciativa privada permeados por la corrupción y la burocracia”, exponen.

Para la realización de este trabajo se solicitó entrevista con el director general de Protección y Medicina Preventiva, Aguilar Zinser, a través de la Dirección General de Comunicación Social de la SCT a cargo de Efrén García García, desde los primeros días de junio. Hasta el cierre de edición, se informó que la solicitud se encontraba “en trámite”.

Los objetivos

La dirección encabezada por José Valente Aguilar Zinser, interviene las situaciones siguientes:

I. Accidente de transporte: hecho fortuito e inesperado ocasionado por un vehículo, de cualquier modo de transporte federal y sus servicios auxiliares, que al ser conducido en una vía general de comunicación tiene un percance de cualquier naturaleza, produciendo daños a los tripulantes, pasajeros o terceros en sus personas, así como, en su caso, daños materiales a otros vehículos, a las vías generales de comunicación, al mismo vehículo o a bienes de terceros.

II. Aptitud sicofísica: es el conjunto de condiciones sicológicas y físicas obligatorias e indispensables que debe reunir el personal, para realizar las funciones inherentes a sus actividades.

III. Concesionario y/o permisionario: es la persona física o moral autorizada para prestar servicios de transporte federal y/o sus servicios auxiliares en las vías generales de comunicación, el cual es obligado y responsable solidario de vigilar que el personal a su cargo cumpla, para el desarrollo de sus funciones, con las obligaciones que derivan del presente reglamento, y demás disposiciones aplicables.

IV. Examen médico en operación: es el conjunto de estudios médicos que practica la Dirección, con el propósito de evaluar el estado de salud del personal, durante sus labores en las vías generales de comunicación, con la finalidad de dictaminar si está en aptitud, desde el punto de vista médico, de realizar o continuar con sus actividades.

Fuente: artículo 2 del Reglamento del Servicio de Medicina Preventiva en el Transporte

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Fuente: Revista Contralínea Fecha de publicación: 08 de julio de 2012