Pero en contraste es uno de los más lastimados por el incumplimiento y las violaciones de los derechos humanos. Se ha caracterizado también por ser un lugar de luchas sociales históricas y significativas en el país, desde el movimiento de Independencia nacional hasta nuestros días. Y, dada su cercanía con la capital de la república, es también un lugar privilegiado para desarrollar proyectos y movilizaciones que han contribuido a la reivindicación y defensa de los derechos de todas las personas, como lo ha demostrado el caso emblemático del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, en San Salvador Atenco. Sin embargo, actualmente las organizaciones sociales se enfrentan allí a una serie de obstáculos, como la criminalización de la protesta social, la inducción, venta y coacción del voto, y la precarización de los servicios básicos. En 2011, el Inegi calculó que en el Estado de México hay más de 2 millones de personas en el empleo informal; ahí se da una evidente desigualdad económica y social. Con los datos del Consejo Nacional de Evaluación, se calculó en 2008 que el 43.7 por ciento de la población estaba conformado por personas pobres y vulnerables a causa de su ingreso, lo que desde la interpretación de esta fuente significa carencia de derechos sociales, como educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y alimentación.

Durante los últimos años la violencia que se ejerce contra las mujeres en ese estado manifiesta un índice indignante de impunidad. De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, hasta 2008 se documentaron allí 289 feminicidios, mientras que en Chihuahua eran hasta ese año 70, lo que ha implicado para las organizaciones defensoras de derechos humanos, y especialmente las que se ocupan de los derechos de las mujeres, una exigencia de alerta urgente. La cual por cierto nunca ha sido concedida por el gobierno del Estado de México. Frente a una historia de más de ocho décadas de un sólo partido en el poder estatal, indiferente en materia de derechos humanos, y de una muy escasa existencia de organizaciones civiles para promoverlos y defenderlos, aunque con movimientos sociales bastante activos, nació el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, que se presentó a la opinión pública en el Club de Periodistas de México el pasado 29 de junio. Lleva ese nombre como reconocimiento a un luchador social que durante más de 40 años ha venido trabajando por la defensa de la dignidad de las personas y de los pueblos de ese estado. Don Zeferino cuenta actualmente con 72 años de edad; nació en un poblado cercano a Zinacantepec, a las faldas del Nevado de Toluca, y su compromiso ha sido a favor de causas sociales justas, no obstante la precariedad de sus ingresos, primeramente en su colonia, y después en varias poblaciones de su entidad. Hace más de cinco años decidió participar en la articulación de luchas populares en defensa de la tierra y de los derechos fundamentales, las cuales lograron integrarse en la Alianza Única del Valle, que había surgido 10 años atrás. Actualmente es miembro de la coordinación general de ese movimiento. Quienes conforman el equipo de trabajo del nuevo centro decidieron ponerle su nombre estando él todavía en vida, para reconocer la lucha de una persona excepcional, que para ellos se convierte en un motivo de inspiración constante.

Como muchos otros centros semejantes que ya existen en otros estados de la república, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, de carácter civil, laico, autónomo, apartidista, independiente, plural, diverso y democrático. Pretende contribuir, apoyar y acompañar a las organizaciones, personas, pueblos y comunidades que han participado en la ardua lucha por el respeto a los derechos humanos, incluso sin saberlo. El trabajo del Centro tendrá como objetivos investigar, documentar y defender todas las situaciones que afecten la vigencia de los derechos humanos de las y los moradores de aquella región, así como la promoción integral desde la base de una cultura de respeto a los mismos, particularmente en el Estado de México. La principal zona en la que se desarrollará su labor serán las comunidades populares de los municipios conurbados de Naucalpan, Nicolás Romero, Tlalnepantla y Toluca, entre otros, aunque los miembros de su equipo están dispuestos a acudir a los llamados que reciban del resto del estado. Cabe señalar que quienes han participado arduamente para dar nacimiento a esta nueva organización defensora de los derechos humanos son hombres y mujeres jóvenes, capacitados en diversas disciplinas, y en su gran mayoría abogadas, quienes ya tienen un camino recorrido en la defensa y promoción de los derechos humanos desde diversos espacios. Como organizaciones de la sociedad civil manifestamos nuestro respaldo para trabajar con ellos articuladamente, así como para aportar en el surgimiento de más espacios comprometidos con la defensa y promoción de los derechos humanos en el país.

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Fuente
Contralínea (México)