Para justificar su ilegitimidad, Calderón, bribón y cínico, salió con su “haiga sido como haiga sido” (sic), e inició la escalada para desmantelar al estado de derecho. El imperio de la ley constitucional fue quebrantado desde el asalto presidencial de Salinas, el crimen político de Colosio para imponer a Zedillo (quien alardeaba del deterioro jurídico de nuestras leyes escritas como medio para los fines políticos) y el ascenso del bárbaro Fox, que ha culminado con el calderonismo. Y que si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avala el atraco y contra viento y marea e impone a Peña, prolongaría con su obregonismo a sangre y fuego (su tesis para obtener un título en la universidad Panamericana, fue sobre el presidencialismo de Álvaro Obregón) la represión de Atenco, como ratificó en la Universidad Iberoamericana, despertando a la bestia autoritaria del viejo Partido Revolucionario Institucional.

A lo que voy es a que Calderón, sobre todo con el respaldo militar-policiaco, no respetó la Constitución para normar sus actos. Desde su guerra inconstitucional que nunca fundamentó en el Artículo 29, sin el cual carece de sustento la fracción VI del Artículo 89, hasta su necedad de no promulgar la Ley General de Víctimas, con lo que incurre en desacato y debió ser obligado a renunciar por causa grave y llevado a juicio político, nombrando un presidente sustituto que concluyera los cuatro meses que le faltan, Calderón ha llevado a la nación, con sus actos y omisiones contra el estado de derecho, al abuso del poder presidencial donde el cumplimiento de las leyes sólo es para los mexicanos de a pie, pero no para el gobierno, desgobernadores y presidentes municipales. A Sonora ha ido más de 30 ocasiones (y así fuera una) sólo para alentar, apoyar y financiar el robo del agua al Valle del Yaqui, a las ocho tribus, a la población del municipio de Cajeme (y su cabecera, Ciudad Obregón) y a los agricultores, para llevársela a la capital, por capricho e imbecilidad del desgobernador panista ultraconservador y reaccionario Padrés Elías.

Resoluciones y amparos de tribunales federales han determinado que Padrés cancele la construcción del acueducto, por una serie de violaciones administrativas y ambientales. Sobre todo por el abuso del poder de insistir en llevarse el agua de la presa el Novillo, apodo de la que lleva el nombre de Plutarco Elías Calles. Pues bien, Calderón va a Sonora únicamente para que el desgobernador de marras se robe ese líquido, cuando israelitas, españoles y canadienses le han recomendado la instalación de una o dos desaladoras, en Bahía de Kino y en Guaymas, para resolver de fondo la escasez del vital líquido para casi toda la entidad. Pero no. Padrés, Calderón y Luege Tamargo, de la Comisión Nacional del Agua se han embarcado en la complicidad de violentar el estado de derecho al no acatar los fallos del Poder Judicial de la Federación. Pero el senador por Sonora, Javier Castelo Parada, con gobernadores yaquis, representantes de Cajeme y los productores, han hecho valer sus derechos en los tribunales contra el despojo.

Calderón estuvo el pasado 13 de julio por enésima ocasión en Sonora, y otra vez apoyó el desacato en que ha incurrido Padrés Elías, festinando su abuso del poder. Fue entonces que el senador Castelo Parada (¡panista de toda su vida de lucha!), le respondió para replicarle sus cinco temerarias afirmaciones de descarado apoyo para que, violando las resoluciones judiciales federales, siga construyendo el acueducto para el robo del agua del rio Yaqui, que Lázaro Cárdenas otorgó a Cajeme y las tribus yaquis. Castelo Parada ha estado luchando, con los sonorenses afectados y los que apoyan por todo Sonora a sus compatriotas, contra las irracionales decisiones de Padrés y el abuso presidencial de Calderón. Si éste y el desgobernador continúan encaprichados en burlarse de la legalidad, no queda la menor duda de que los sonorenses del Sur no cejarán en su lucha ante los tribunales hasta someterlos al estado de derecho.

Fuente
Contralínea (México)