Invariablemente ese derecho ha tenido que ser exigido y arrancado al Estado mediante movilizaciones, muchas de las cuales han cobrado la sangre de estudiantes y campesinos.

Si bien la instauración de la Secretaría de Educación Pública federal, en 1921, permitió la creación de la primera Escuela Normal Rural en México (la de Tacámbaro, Michoacán, en 1922), pronto esa Secretaría traicionaría los ideales con los que fue instaurada: garantizar el derecho a la educación hasta en los lugares más recónditos, agrestes y pobres de la nación; enseñar a leer y escribir en todo el país. Conforme pasaron los años, las normales rurales tuvieron que subsistir a contracorriente de toda una política educativa que ya no está interesada en educar para transformar, sino para obedecer; en liberar, sino en someter.

La Normal Rural Justo Sierra, de Hecelchakán, Campeche, es una de las 16 normales rurales que no fueron desaparecidas después de la masacre de 1968 en Tlatelolco, Distrito Federal. En estos momentos sigue albergando y formando a jóvenes de escasos recursos económicos con deseos de estudiar una licenciatura. Esta escuela significa para cientos de hijos de campesinos y obreros la única oportunidad de mantener vivas las nobles aspiraciones de alcanzar un espacio en el sistema educativo nacional de nivel superior.

Actualmente la Escuela Normal Rural de Campeche sufre el embate de las autoridades educativas estatales. Mediante la represión académica se busca coartar el derecho de los alumnos a organizarse y decidir el carácter de su escuela. La Secretaría de Educación del estado, a través de sus maestros incondicionales, busca intervenir en la vida estudiantil de la escuela para entorpecer la organización y generar confrontaciones entre alumnos.

Entre las acciones ofensivas desatadas por las autoridades destaca la declaratoria de patrimonio cultural “a favor” de las instalaciones educativas, sin que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura o cualquier otra organización internacional o nacional haya emitido algún dictamen o estudio para ello.

La representación estudiantil ha sostenido pláticas con el propio gobernador Fernando Ortega Bernés, quien ha dicho que la declaratoria no representa nada y que sólo es un nombramiento por el centésimo aniversario luctuoso de Justo Sierra. También el mismo consejo estudiantil ha buscado hablar con la secretaria de Educación Pública estatal para conocer puntualmente cuáles serán las implicaciones de la declaratoria. La funcionaria asegura que no existe ningún tipo de implicaciones y asegura que tal nombramiento se realizará aun si hubiera oposición de los alumnos. Hasta afirma que los estudiantes deberían sentirse orgullosos, porque el nombramiento fue hecho por medio de un concurso en el que participaron varias instituciones. Curiosamente, ganó la Normal Rural.

Quedan muchas preguntas en el aire: ¿buscan dar fin al carácter de internado? ¿Intentan acabar con el comedor y el área de dormitorios? ¿Cuál es el plan que tienen las autoridades estatales para la Escuela Normal Rural que no se atreven a publicar? Muchas preguntas son las que no responden.

Los estudiantes, por nuestra parte, advertimos que tenemos la convicción de defender el carácter popular de nuestra escuela. No permitiremos que ninguno de los ejes de nuestra formación (académico, político, cultural, deportivo y productivo) se vea trastocado. Defenderemos nuestra escuela para que siga siendo un lugar en el que los hijos de campesinos y obreros pobres encuentren cobijo, alimentación y una educación de calidad. Contamos con nuestra organización y con la solidaridad de nuestras escuelas hermanas, agrupadas en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, y con el respaldo del pueblo.

Fuente
Contralínea (México)