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España: la crisis que mata

Miles de ciudadanos españoles llevan más de 1 año reclamando cambios en una ley que supone más de 500 desalojos de hogares al día y que ha dejado a miles de familias sin techo y con enormes deudas. El suicidio de una mujer que iba a ser echada de su hogar movilizó en España a los partidos mayoritarios. Organizaciones civiles estiman que los suicidios relacionados con la situación económica van en aumento

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Amaia Egaña saltó por la ventana de su casa el viernes 9 de noviembre pasado. Lo hizo minutos antes de que la comisión judicial que iba a hacer efectivo el desalojo de su hogar o desahucio contra la propiedad de esa mujer de 53 años llamara a la puerta. Murió en el acto.

Los medios españoles y las redes sociales dan fe de varios casos similares en 2012: en octubre, por lo menos otras dos personas llevaron a término un suicidio frente a un posible desahucio, y otra persona lo ha intentado. Así, en Valencia, un hombre que llevaba 4 años en paro trató de quitarse la vida al saltar desde un balcón. En Granada, una persona decidió ahorcarse ante su inminente desahucio. En Gran Canaria, un joven acabó con su vida al arrojarse de un puente. Si hogar iba a ser desahuciado y no tenía empleo.

No es fácil elaborar la factura del suicidio en España. El Instituto Nacional de Estadística español recoge en su último Registro de Defunciones según Causa de Muerte 3 mil 145 suicidios en 2010. No hay respuestas detalladas sobre las causas. La estadística no hace preguntas.

Profesionales de la sicología advierten que no hay causas simples detrás de un suicidio ni hay una sola causa. Ernolando Parra, responsable del programa Sicología en Tiempos de Crisis que lleva a cabo la asociación Sicología Sin Fronteras de Madrid, explica: “No tenemos datos, pero sí hay indicios para decir que aumentan los suicidios y que a nivel colectivo estamos cambiando: la comunidad está más triste y con menos esperanza. Los datos indican que hay que prestar atención”.

“No son suicidios, son homicidios”

Pocas horas después del suicidio de Amaia Egaña, miles de personas coreaban en Barakaldo, la ciudad del País Vasco en la que vivía, consignas acusadoras: “¡No son suicidios, son homicidios!”. También en Madrid, varios cientos de personas recordaban a la mujer, a quien consideran víctima del “terrorismo financiero”. Pintas de “asesinos” en bancos y cajas se repitieron a lo largo de esa semana en varias ciudades. La población indignada buscó y señaló culpables. Ello porque se encuentran alarmados por los datos: desde 2007 han habido casi 400 mil ejecuciones hipotecarias –paso previo al desahucio–, según la Asociación Hipotecaria Española, y en el primer semestre de 2012 se han producido casi 100 mil desahucios, 532 al día.

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María Morán, a quien “sacaron de su casa” el 24 de octubre, en sus palabras, comprende la decisión de la mujer de Barakaldo: “Yo entiendo a Amaia”. “¡No queremos ver a ninguna persona más saltar por la ventana!”, dice en una concentración contra los desahucios en Madrid, celebrada el mismo viernes en el que Egaña se quitó la vida. Sin embargo, nunca pensó en seguir ese camino, aclara.

Algunas compañeras de María Morán sí lo han pensado. “A mí se me ha pasado por la mente”, dice Zeida González. Tiene 47 años. Lleva 25 en España, adonde llegó desde su país de origen, Santo Domingo. Entre sus sentimientos ante el desempleo, varias deudas y un desalojo de momento aplazado, cita dos: la vergüenza y la rabia. “Aquí he trabajado, aquí he cotizado, aquí he invertido”, cuenta. “Aquí dejé mi juventud para quedarme vieja y arruinada”.

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Zeida pagaba una hipoteca que empezó en 700 euros (unos 11 mil pesos mexicanos) al mes y llegó a ser de 1 mil 400. Con una pensión por viudez sobreviven ella, sus padres y una hija de 7 años. Tiene otros dos hijos que trabajan cuando pueden. Tuvo un negocio que iba bien, y que se vio frustrado cuando el ayuntamiento de Madrid se negó repetidamente a concederle una licencia, explica. Llegó un momento en el que no pudo pagar más. “He llegado a no tener un euro para pagarme un vaso de leche. Ahora comemos arroz y alubias… Lo que nos dan”, relata en el centro de Madrid, donde ella y varias personas llevan más de 20 días acampando para reclamar soluciones a sus deudas imposibles de pagar. Zeida González ha sufrido una depresión de la que habla en pasado, pese a que sigue en tratamiento: toma pastillas para dormir y antidepresivos.

Olga Veloso, también acampada en la puerta de Bankia –banco rescatado por el gobierno español– para protestar contra los abusos hipotecarios, toma varios medicamentos contra la depresión. Tras pasar por dos intentos de desahucio, aún tiene fuerzas. También reconoce haber pensado fugazmente en quitarse la vida. Esta idea se disipa de inmediato cuando piensa en su familia. Su marido y su hija, reconoce, son su mayor fortaleza.

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Varios estudios indican que la presencia de un proceso depresivo es frecuente en una persona que expresa deseos suicidas. Javier Jiménez, sicólogo clínico y presidente de la Asociación para la Investigación, Prevención e Intervención del Suicidio, puntualiza: “es cierto que el suicidio está relacionado con problemas depresivos, pero hay millones de personas que tienen depresión y no se suicidan. Sí puede influir, sí puede ser un factor de riesgo, y el riesgo es mayor si además existe una adicción, o un trastorno de esquizofrenia… Hay una tasa más alta en gente que tiene trastornos sicológicos, y cuantos más tengan, más riesgo hay”. Explica que “no hay ninguna persona, en mis 16 años de experiencia como sicólogo clínico, que me haya dicho que se va a suicidar exclusivamente por motivos económicos”.

Entonces, ¿cuándo se debe de accionar la alarma? Según este experto, los indicadores son claros. En primer lugar, “la gente te lo dice”. Además, “es habitual que una persona que piensa en quitarse la vida se despida”, explica. “Los allegados pueden pensar que se va, que se traslada, y no ven que se despide porque se va para siempre”. Una señal de alerta más es el legado de las pertenencias queridas. “La persona regala cosas emotivas, algo a lo que tiene mucho aprecio”.

Pese a que, como insiste Jiménez, el suicidio es muy complejo, existe un denominador común: “la persona piensa que es mejor morir que seguir viviendo con el sufrimiento; tienen un pensamiento totalmente distorsionado según el cual piensan que siempre van a seguir sufriendo”. Además, “creen que están haciendo un favor a la familia”.

Ante una persona que manifiesta un deseo de quitarse la vida, el sicólogo Ernolando Parra tiene siempre una reacción: preguntar. “Las primeras señales aparecen cuando esa persona manifiesta la idea: aparecen pensamientos como:?me gustaría no estar aquí,?a ver si no me levanto más… Nadie se suicida por el hecho de preguntar sino que cuando lo haces confrontas a esa personas con lo terrible de lo que está diciendo”.

Crisis y suicidios

“Llevan cuatro años preguntándome todo tipo de medios si está influyendo la crisis en los suicidios, y yo digo: pues no lo sé”, refiere el sicólogo Javier Jiménez. Ernolando Parra tiene otra percepción. Ambos saben que no es fácil dar datos.

Para empezar, las estadísticas no se pueden cerrar hasta que han pasado 4 años. Según Jiménez, hay unas 8 mil muertes (las provocadas por ahogamientos, precipitaciones y accidentes de tránsito) que podrían esconder casos de suicidio, pese a no ser contabilizadas como tales, y que podrían esclarecerse en los siguientes años. Además, desde que en 2006 cambió la forma de medición de estas muertes, los informes oficiales no incluyen las causas de los suicidios que sí se han contabilizado.

Según Parra, hay otras referencias que pueden llevar a pensar en un aumento de los suicidios. “Grecia tenía una de las tasas más bajas de suicidio y la tasa prácticamente se ha duplicado”, asegura. Autoridades y asociaciones griegas relacionan el incremento de los suicidios con la crisis económica. Además, algunos estudios regionales en España sí muestran un aumento de los suicidios. Así, según el Instituto de Medicina Legal de Galicia, en 2011 hubo un 10 por ciento más que el año anterior. Del mismo modo, un estudio en Cataluña apunta a un aumento del 9.95 por ciento; mientras que 2011, en el País Vasco, fue el año con mayor número de muertes por suicidio en su historia.

El Congreso Nacional de Siquiatría celebrado recientemente ofrecía también algunas pistas. Según datos del Programa de Atención a la Crisis y Prevención del Suicidio, del Centro de Salud Mental de Adultos Dreta Eixample de Barcelona, en 2011 existió un vínculo “directo” entre la crisis económica y los suicidios. En las conclusiones del trabajo se expone que las causas de la “ideación autolítica” fueron problemas económicos en un 32.5 por ciento de los casos. Siguen entre las causas los problemas de pareja (25.8 por ciento), otros problemas familiares (11.2 por ciento), sintomatología siquiátrica previa (19.1 por ciento), patología médica (3.37 por ciento) y sin constancia (7.8 por ciento).

Jiménez insiste en que hasta ahora no hay datos fiables. Pero sí hay algo que la situación actual perece haber devastado: “A lo que sí está afectando la crisis económica es a la protección sanitaria, que para mí era de lo mejor que tenía España”. El sistema público, indica, sólo se hace cargo de casos extremos.

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Una reacción… ¿tardía?

¿Ha sido el suicidio de Amaia Egaña un detonante para que el poder político reaccionara ante los desahucios y ante los suicidios? Apenas dos días después, el gobierno anunció, tras reunirse con el principal partido de la oposición, que propondrá una moratoria de 2 años para las ejecuciones de hipotecas en casos extremos.

La Asociación Española de la Banca tardó sólo unas horas en hacer público un comunicado en el que asegura que “por razones humanitarias” se compromete a “paralizar los lanzamientos durante los 2 próximos años, en aquellos casos en que concurran circunstancias de extrema necesidad”. En su nota de prensa, asegura que la decisión se produjo el 8 de noviembre y tras varias conversaciones con diversos organismos.

Por su parte, la Confederación Española de Cajas de Ahorros, que agrupa a las principales cajas, anunciaba el mismo día su decisión de “suspender la ejecución de desahucios de vivienda habitual de colectivos especialmente vulnerables, hasta la entrada en vigor de la reforma normativa anunciada por las autoridades”.

Olga Veloso no ha recibido esta noticia con entusiasmo. “Dicen que van a conceder las moratorias en casos extremos, y yo no tengo ni hijos menores, ni personas mayores… A mí no me sirve”. Veloso, que asegura no haber tenido ningún contacto con el activismo hasta verse al borde del desahucio, pasa ahora los días en la calle pese a que padece diabetes, lo que la obliga a tener horarios estrictos y cuidarse mucho. “Vamos a seguir aquí hasta que nos escuchen”, señala.

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Para la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH), que ha batallado desde 2009 contra una ley que obliga a seguir pagando el inmueble pese a que sea desalojado, y que ha denunciado sistemáticamente los abusos bancarios, las medidas anunciadas por el gobierno (demorar durante 2 años los desahucios más extremos) no bastan. La PAH ha hecho en los últimos años un exhaustivo trabajo de denuncia y movilización.

Además de prestar asistencia jurídica y sicológica a las personas afectadas por un desahucio, esta plataforma ha conseguido paralizar o demorar muchos de ellos gracias a concentraciones pacíficas en la puerta de los desahuciados. Para quienes participan en la PAH, el activismo en ocasiones hace las veces de terapia. Según explica Ernolando Parra, para una persona que atraviesa una situación como la de Olga, “mantenerse activa, relacionarse con iguales para la resolución de conflictos, fortalecer los vínculos y percibir el apoyo de sus redes, son elementos de protección”.

Ante el anuncio del gobierno, la PAH responde con “escepticismo y desconfianza”. Según esta plataforma, las soluciones están sobre la mesa, pero han sido ignoradas: dación en pago retroactiva, moratoria inmediata de los desahucios de viviendas habituales y alquiler social de las viviendas que “de forma ilegítima” acumula la banca. Se trataría de un acuerdo de mínimos “que la PAH lleva proponiendo año tras año” y que previsiblemente tendrán que ser debatidas en el Congreso después de recoger 500 mil firmas ciudadanas.

Al Partido Popular (en el gobierno) y al Partido Socialista Obrero Español (principal instituto político de la oposición) “les hacemos directamente responsables de la miseria y el dolor de las miles de personas que hoy sufren la estafa bancaria y la violencia de los desahucios”.

La semana siguiente al suicidio de Amaia Egaña, el Congreso tuvo otro golpe de efecto al presentar un proyecto de prevención de suicidios. El sicólogo Javier Jiménez lo cuenta, con rabia: “No nos quedemos en el caso aislado de las personas que se suicidan por motivos económicos: hay 3 mil 500 muertes por suicidio y hasta ahora a nadie le ha interesado”. Para Jiménez, el programa es bienvenido, pero recuerda que si no se dota de medios económicos y humanos no será más que “papel mojado”. El sicólogo clínico considera que muchas de estas muertes son evitables. ¿Se pueden prevenir los suicidios? “Seguro”, dice.

Fuente
Contralínea (México)

02 diciembre de 2012

Pobreza, violatoria de todos los derechos humanos / Busca IFE sancionar a López Obrador / Sistema penitenciario estadunidense, un negocio / La derrota mexicana, y mundial, de los asalariados / Balance de la derecha en el poder / Defensores de derechos humanos y periodistas, ¿protegidos? / José C Valadés: Orígenes de la República Mexicana / El Municipio y la estrategia federal de seguridad / Imbatible, el hambre en el mundo / Guatemala: combate a la pobreza, sólo discurso

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