Por Sara Lovera, periodista

En los primeros 4 meses de este año perdieron la vida Jaime Guadalupe Domínguez, el 3 de marzo en Chihuahua; Alonso de la Colina, el 16 de abril en Puebla; y el fotógrafo Daniel Alejandro Martínez, el 24 de abril en Coahuila. El domingo 28 de abril se cumplió 1 año del asesinato de la periodista veracruzana Regina Martínez, sin que a nadie satisfaga el remedo de investigación que se hizo sobre este crimen inaceptable.

Las expresiones de indignación superan todos los cálculos. La conmemoración del pasado 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa –proclamado oficialmente por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1993 (hace exactamente 20 años)– nos obliga a señalar que esa proclamación por la libertad de circular ideas, para difundir escritos o para opinar, no ha detenido a los detractores de todos los tiempos, que solamente pueden callar periodistas matándolos.

Hoy, de cara a la increíble tasa de impunidad de los crímenes contra periodistas, trabajadores de los medios y productores de medios sociales, la Organización de las Naciones Unidas llama a todos los periodistas del mundo a que inicien una larga jornada para poner en el centro del debate político el derecho a hablar sin riesgo, por el ejercicio seguro de la libertad de expresión en todos los medios.

La situación es crítica, sobre todo en casos de conflictos armados. Pero es asombroso que sin ese marco de conflicto armado o guerra declarada, en México superemos las cifras de homicidios contra periodistas como el signo de la barbarie en que vivimos. Es tiempo de detenerla. ¿Quién escucha?

La Casa de los Derechos de Periodistas (CDP), uno de los sitios de defensa y protección a comunicadores o comunicadoras en activo, que ha tenido que sacar fuerzas para exiliar a más periodistas de los que la imaginación cubre, está llamando la atención del gremio, pero principalmente de las autoridades, para que hagan efectivas las medidas de protección y se deje de simular. De nada sirven leyes y mecanismos de protección si en la práctica las y los periodistas no la tienen y viven miedo y riesgo cotidianos. La CDP ha concluido, con las cifras disponibles, que en 2012 (el último año de la administración calderonista) 15 periodistas perdieron la vida, el 50 por ciento en los estados de Veracruz y Chihuahua; y de las más de 55 agresiones, 22 sucedieron en Oaxaca. Es decir, es muy claro el mapa y los lugares donde deberían actuar las autoridades. Ya es tiempo de obtener respuestas de los gobiernos, de los congresos y de los mecanismos de protección que parecen papel mojado. Se agota el tiempo de la protesta epistolar y la conmiseración. ¿Entenderán los reformadores? ¿Podrán hacer algo? Se necesita una acción realmente preventiva y de respeto a las libertades fundamentales sustantivas y no ya demagógicas.

Lo que sucede a periodistas, y el tamaño de la violencia general, evidentemente es resultado de la guerra desatada por los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, 12 años de cifras impresionantes: 75 asesinatos de periodistas, lo que significa un pálido reflejo de la violencia e impunidad que campea en todo el país, que ha puesto en claro que en muy poco tiempo se impuso lo que el analista Eduardo Guerrero califica como “permiso para matar”, es decir, se ha definido culturalmente en México un proceso donde hay permiso para agredir, violentar y matar. Es como un monstruo salvaje que salió de las catacumbas para mostrar el más terrible de los rostros de una sociedad y una nación, en la cual el respeto a la vida no es más que una falacia y el estado de derecho, otra.

Las demandas del gremio son elementales: que las autoridades investiguen, castiguen, prevengan, pongan un dique a esta espiral de violencia que, además, afecta a otras miles de personas, y que se levanta como un huracán incontrolable. En abril, tres colegas fueron asesinados. Los peores años: 2006, con 12 asesinatos y 2008, con cifra semejante.

México ha sido llamado a cuentas por los organismos internacionales. La defensa de periodistas, así como el caso de los homicidios contra 38 mil mujeres en esos mismos años, nos hace uno de los países significativamente más violentos e impunes, donde no hay ley ni gobierno.

Ante ello, la CDP ha lanzado una demanda específica para que el gobierno de Enrique Peña Nieto muestre con hechos su deseo, su declaración de que en este país debe reinar el estado de derecho. Que este gobierno y su diligente Procuraduría General de la República haga algo y pronto, que detenga el asesinato, las agresiones y cumpla con lo estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ya es tiempo.

Urge poner en práctica (no sólo con recursos y discursos) la operación de las medidas de protección. Que las autoridades no se salgan por la tangente señalando que esta situación es consecuencia del crimen organizado. Los análisis de asesinatos y agresiones señalan que el 62 por ciento de los lamentables hechos son atribuibles a funcionarios menores y mayores.

La libertad de expresión es un derecho fundamental, señalado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, y las constituciones de los sistemas democráticos también lo consagran. De ahí deriva la libertad de imprenta también llamada libertad de prensa.

La libertad de opinar fue uno de los pilares de la Guerra de Independencia de Estados Unidos (Primera Enmienda), de la Revolución Francesa y de la Revolución Mexicana. Miles de perseguidos por sus ideas en la etapa porfirista dejaron testimonio de estos hechos; miles de perseguidos en la Guerra Sucia de la década de 1970 también. Hasta los magnicidios, como el cometido contra el periodista Manuel Buendía un 30 de mayo de hace 29 años, hoy parece que fuera ayer. Nada cambia, todo permanece, dijera el filósofo mientras tira de sus cabellos, asombrado por la barbarie humana en la época de los grandes avances de la tecnología y la información horizontal. Ya es tiempo de poner freno a la estulticia.

Fuente
Contralínea (México)