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¿Negociar con la mafia o la vía policiaco-militar?*

En el caso de Colombia, podemos dividir la experiencia de búsqueda de una alternativa distinta, heterodoxa, a la que ha implicado “la criminalización-militarización” de la “guerra contra las drogas” mediante una periodización básica:

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12. mayo, 2013 Opinión Ensayo

Jorge Retana Yarto**/ Segunda parte y última

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a) La primera etapa, claramente exitosa, comienza en mayo de 1984, cuando los hermanos Rodríguez Gacha, Ochoa Vásquez y Lehder, socios de primer nivel de Pablo Escobar Gaviria, jefe del poderoso Cártel de Medellín, son enviados para entrevistarse con el expresidente de Colombia, Alfonso López Michelsen, en el Hotel Caesar Park Marriott, en Panamá, para hacer, por su conducto, una oferta de negociación al entonces presidente Belisario Betancur (“La tregua fallida de Escobar según el FBI”, última actualización, 10 de julio de 2012, www.verdadabierta.com/compon...), proceso abierto que da como resultado un “acuerdo” en septiembre de 1988. Pero hay tres hechos fundamentales que marcan el final de este periodo y sepultan el acuerdo alcanzado: la Operación Primavera de la Policía Nacional de Colombia (ajena al proceso negociador), iniciada en julio de 1988; el “veto” a la negociación por la segunda administración de Ronald Reagan, en noviembre de 1988; y el asesinato del candidato a la Presidencia de la República de Colombia, Luis Carlos Galán Sarmiento (19 de agosto de 1989, el más grande error de Pablo Escobar), líder del movimiento disidente del Partido Liberal llamado Nuevo Liberalismo (del que había sido expulsado el propio Escobar Gaviria en 1981), eventos que concluyen este primer periodo.

b) La segunda etapa, abiertamente fallida, se caracteriza por dos claras tendencias que entran en una pugna irreconciliable: el empeño del Cártel de Medellín y un sector del gobierno colombiano por remontar la coyuntura del asesinato de Luis Carlos Galán, que propició la nueva ofensiva militar del gobierno de Virgilio Barco, en cuyo contexto se produce la muerte de Gonzalo Rodríguez Gacha en diciembre de 1989 (íntimo lugarteniente de Pablo Escobar), la imposibilidad de darle formalidad y operatividad al principio de “acuerdo de paz” alcanzado, y el segundo “veto” estadunidense al acuerdo por parte de la nueva administración de George Bush (enero de 1989), lucha de tendencias que desemboca en la exigencia de “rendición incondicional” del gobierno para los capos, dentro de la cual se abre paso una variante: “la rendición negociada”, a la que sigue la entrega voluntaria de Escobar (junio de 1991) y luego su huida del penal (julio de 1992), coyuntura que finaliza con su ejecución en diciembre de 1992.

Un macrofactor de enorme gravitación en todo el proceso, junto con el propio Plan Colombia (colaboración militar con Estados Unidos), es el antes y el después del Tratado de Extradición (instrumento jurídico de cooperación judicial para combatir el delito trasnacional) firmado entre Colombia y Estados Unidos en 1979, aprobado por el Congreso en 1980 durante la Presidencia de César Turbay Ayala (1978-1982, sucesor de López Michelsen), que entrara en vigor en 1982; a pesar de ello, el siguiente presidente, Belisario Betancur (1982-1986), rechazó varias solicitudes de extradición hechas por Estados Unidos aduciendo “problemas de soberanía”. Y cuando se decide a extraditar, la Sala Constitucional de la Suprema Corte de Justicia lo impide, al aducir “irregularidades” (1986). La extradición se reactivó en mayo de 1986 con Virgilio Barco (Aurora Moreno Torres,“Una reflexión crítica sobre la extradición en Colombia como debilidad del sistema judicial y político”, revista Encrucijada Americana, Universidad Alberto Hurtado, 3 de marzo de 2012, número 1, páginas 51-56, www.encrucijadaamericana.cl/... a5_n1/3_Editado_UNA_REFLEXION_CRITICA_SOBRE_LA_EXTRADICION_EN_COLOMBIA.pdf).

Los contactos y diálogos de negociación se desarrollaron por canales oficiosos, pero con el conocimiento de los titulares de la administración política del país, es decir, de los presidentes de la República y su tácito consentimiento, ya que tales escenarios prospectivos duraron más de 8 años. En la entrevista de mayo de 1984 con López Michelsen, la oferta de negociación contenía lo siguiente:

1. Pagar la deuda externa colombiana estimada en 10 mil millones de dólares.

2. Introducir a Colombia todos sus recursos financieros depositados en el extranjero para ser invertidos en industrias legales.

3. Abandonar definitivamente el negocio de tráfico de cocaína.

4. Amnistía fiscal para sus bienes.

5. Todo, a cambio de que el gobierno colombiano renunciara definitivamente a la extradición de ellos a Estados Unidos (Miguel García, Los barones de la cocaína. La historia del narcoterrorismo y su red internacional, editorial Planeta, México, 1991, página 84).

El contexto sociopolítico y policiaco-militar de la oferta negociadora fue una ofensiva armada del gobierno del presidente Betancur luego del asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla (30 de abril de 1984), atribuido a la autoría intelectual de Pablo Escobar, aunque un tribunal de apelación que conoció y juzgó el caso, revocó el llamamiento a juicio del inculpado por considerar que se “carecía de elementos de juicio serios” (al respecto Aurora Moreno Torres, obra citada; también “Escobar, 17 años de historia criminal”, 2 de diciembre de 1993, www.eltiempo.com/archivo/doc...).

El magistrado asesinado habría denunciado reiteradamente la infiltración del narcotráfico en todos los sectores de la sociedad y en los altos cargos del Estado, y reveló temores de un atentado contra su vida. Su asesinato fue un hecho socialmente traumático.

Antes de este asesinato, el Cártel de Medellín había dialogado en Bogotá con el procurador general, Carlos Jiménez Gómez (octubre de 1983), demandando su interlocución para un diálogo de paz y negociación y concluir el conflicto (capítulo XI “¿Se está ejecutando el Pacto de Panamá?”, en Los jinetes de la cocaína, Fabio Castillo, www.derechos.org/nizkor/colo...), de tal manera que la iniciativa panameña fue una táctica de “doble interlocución” para avanzar su alternativa, y resultó que en noviembre de 1986 un grupo de jerarcas de la Iglesia Católica colombiana ofrecieron su mediación para que “finalizara ya la violencia en Colombia” (incluían también a las guerrillas izquierdistas y grupos paramilitares multiplicados, presuntamente, desde el Ejército colombiano, grupos de terratenientes y de las propias organizaciones de narcotraficantes), lo que conformaba un escenario caótico de dominio de la violencia armada.

El Cártel de Medellín dio a conocer ese mismo mes, en la ciudad de Barranquilla, el comunicado 001, que daba la bienvenida a la postura de los sacerdotes y reiteraba su voluntad de pactar con el gobierno circunscribiéndose a ofrecer ante la Iglesia y el pueblo colombiano, “en forma solemne”, que en cuanto se prohibiera jurídicamente en el país la extradición a Estados Unidos, suspenderían de inmediato las acciones militares contra “los extraditadores” (John Jairo Aristizabal, “El Plan Colombia y Política Antidroga de los Estados Unidos”, Medellín, 2006, www.mamacoca.org/docs_de_bas...), sin embargo, no sobrevino ningún otro gesto del gobierno y los capos ordenaron el asesinato del coronel Jaime Ramírez, quien dirigía la implacable persecución contra los cárteles (comandos antinarcóticos) intensificándose con ello las hostilidades armadas.

En mayo de 1988 la mafia buscó mediante un abogado cercano a ellos –Guido Parra– un interlocutor prestigiado con la finalidad de mantener el diálogo abierto en Panamá, ahora mediante el exministro Joaquín Vallejo Arbeláez, de respetable trayectoria pública (aprovechando su artículo periodístico en donde exhortaba al gobierno a una política de diálogo con todos los grupos actores en la violencia, reflexionando sobre una vía que “terminara con el baño de sangre”, puesto que “nada se pierde con oírlos”); y él, personalmente, aceptó dialogar con los capos del Cártel de Medellín en junio de 1988, ganando rápidamente otro aliado importante para esta causa: Germán Montoya, secretario de la Presidencia.

A Joaquín Vallejo reiteraron los capos una oferta negociadora: desmontar por completo el negocio de la cocaína y entregar los arsenales de armas en su poder, a cambio de un indulto por los delitos cometidos y de una amnistía fiscal para todos sus activos y capital acumulado, misma que Vallejo transmitió a Germán Montoya como posibilidad de acuerdo, pero igualmente, en marzo de 1988, Pablo Escobar apenas alcanzó a evadir un cerco militar tendido por la IV Brigada del Ejército Colombiano en Medellín. Es decir, ninguno renunció a mantener la presión militar sobre el otro, especialmente era grande la misma sobre los líderes mafiosos para su captura. No obstante, transcurrieron otras entrevistas con ofrecimientos y demandas al gobierno: entregar sus pistas de aterrizaje, las armas, desmantelar los laboratorios clandestinos de droga y ayudarlo a combatir el narcotráfico en donde aún permaneciera o resurgiera. Se insistía, a cambio, en tres temas mencionados: renuncia a la extradición, indulto judicial y amnistía para sus bienes o amnistía patrimonial (Miguel García, obra citada, página 35).

Para reforzar su oferta y promoverla en Estados Unidos, el Cártel de Medellín ideó contratar un despacho prestigiado de abogados y publirrelacionistas en Estados Unidos (el que manejaba dichas materias para Henry Kissinger), invitando al gobierno estadunidense a un diálogo tripartita. Evidentemente no fue posible concretarlo y los intentos negociadores se diluyeron cuando la prensa estadunidense comentó la oferta hecha al segundo gobierno de Ronald Reagan, vulnerando la secrecía y comprometiendo cualquier respuesta, aunque fuera posible suponer el sentido de ella.

El presidente Virgilio Barco Vargas presentó una iniciativa para la paz en septiembre de 1988 (Enrique Florez y Pedro Valenzuela, “De la oposición armada al frustrado intento de alternativa democrática en Colombia”, revista Colombia Internacional, número 36, diciembre de 1996, http://colombiainternacional.uniand...) más bien dirigida a las guerrillas izquierdistas (pactó la paz con el Movimiento 19 de Abril –M-19– en enero de 1989), pero se entendió que implícitamente comprendía también a los narcotraficantes. El secretario de la Presidencia, Montoya, confiaba al exministro Vallejo en la coyuntura que el diálogo tendiente al acuerdo era factible, pero debía incluir la anuencia del otro gran factor de poder presente en el conflicto: el gobierno de Estados Unidos, con lo cual se arriesgaba el esfuerzo pacificador.

Sin embargo, las conversaciones con Joaquín Vallejo continuaron hasta redactarse un borrador como principio de “acuerdo” en septiembre de 1988, representando al presidente de la República, al secretario de la Presidencia Germán Montoya, y a los integrantes del llamado “Grupo A”, representantes de los Cárteles de Medellín, de Bogotá y de la Costa, establecieron que:

Se “[…] esperaba y confiaba en las decisiones del Congreso relativas a los proyectos de indulto y amnistía especiales para la actividad que han venido ejerciendo. Cumplida la etapa de Congreso se compromete a ofrecer el programa ofrecido en Panamá desde mayo de 1984, el cual probablemente no fue considerado por las lamentables circunstancias del asesinato del doctor Lara Bonilla, ajeno a la voluntad del Grupo A […]”. Y luego: “Mientras las medidas propuestas por el gobierno al Congreso son aprobadas […] se conviene entre ambas partes una tregua […]”, en tanto, Guido de la Parra se comprometía de manera particular a “gestionar la incorporación de otros grupos a este acuerdo para lograr el cabal cumplimiento de lo ofrecido” (Miguel García, obra citada, página 90).

La alusión sobre “la incorporación de otros grupos” probablemente se refería al Cártel de Cali, acérrimos enemigos de Pablo Escobar y su organización, dirigido por los hermanos Rodríguez Orejuela desde finales de 1987 –para muchos, más poderoso económicamente que el de Medellín, ya que llegó a ganar 7 mil millones de dólares al año– y señalado por distintos analistas como “aliados” de la Agencia Antidrogas estadunidense y del gobierno colombiano en contra del Cártel de Medellín, proveyéndoles de “información valiosa” junto con los famosos Pepes (perseguidos por Pablo Escobar).

Lo anterior no es especulación, aquí el testimonio directo: “[…] el jefe del Cártel de Cali, Miguel Rodríguez Orejuela, explicó en sus propias palabras lo que oficialmente ninguno de los gobiernos beneficiados había querido admitir. Rodríguez, quien se encuentra bajo arresto cumpliendo una condena por narcotráfico, declaró a la Fiscalía General de Colombia que en la búsqueda de Pablo Escobar ‘las altas autoridades siempre estuvieron enteradas de que éramos nosotros y nadie diferente los que poníamos en conocimiento y a su servicio toda esta valiosa información, así como en algunas oportunidades algunos informantes que fueron utilizados por ellos’”. Luego sigue la nota periodística: “Al hablar de altas autoridades –explicó Rodríguez– se debía entender los presidentes de la República, Virgilio Barco [...] y César Gaviria [...]. En determinado momento y para no comprometer a las altas cabezas del Ejército y la Policía, tuvimos que recurrir al hermano del extinto presidente Virgilio Barco, de nombre Jorge Barco”. Continúa: “Desde ese día, el gobierno abrió sus radios a la frecuencia del Cártel y los miembros de esa organización, según el narcotraficante convicto, recibieron una clave secreta para ser reconocidos en las comunicaciones con el director del Departamento Administrativo de Seguridad, general Miguel Maza Márquez. Se llamarían Los Canarios” (“A Pablo Escobar lo mató Carlos Castaño”, 18 de junio de 2011, www.elespectador.com/search/...).

El avance negociador se derrumbó desde ambos frentes, tanto interno como externo:

1) Cuando el expresidente López Michelsen, ya en las postrimerías del gobierno de Virgilio Barco, en una coyuntura transformada, respondió a los abogados de Escobar que la única salida posible al conflicto era “la rendición incondicional” a cambio de “un tratamiento judicial benévolo”. Antes, Gonzalo Rodríguez Gacha (el Mexicano), socio de Escobar, había muerto en un enfrentamiento armado en diciembre de 1989, que significó un durísimo golpe a la organización. Además, la Policía Nacional colombiana, ajena a contactos y diálogos, mantuvo la guerra a fondo contra la mafia al echar a andar la Operación Primavera, ofensiva desplegada desde julio de 1988 contra pistas de aterrizaje, laboratorios clandestinos y los lugartenientes de los cárteles.

2) La frustrada formalización del “acuerdo” fue propiciada en forma determinante desde el gobierno de Estados Unidos: durante su segunda administración, Ronald Reagan declaró que la única salida era combatir a los cárteles de la droga en todos los frentes, luego, recientemente investido el nuevo presidente estadunidense, George Bush (enero de 1989), ratificó la postura precedente resumida en una frase: “guerra sin cuartel” (Miguel García, obra citada, páginas 91 y 92).

La presión obstructora fue de tal magnitud que a finales de 1990 circuló la información de que Estados Unidos había decidido desplegar un portaviones de guerra en las costas de Colombia con el objetivo de interceptar “cargamentos de droga”, sin embargo, el presidente Barco rechazó enérgicamente esta medida y la operación se replegó (Arlene B Tickner, “Tensiones y contradicciones en los objetivos de la política exterior estadunidense en Colombia: consecuencias involuntarias de la política antinarcóticos de Estados Unidos en un Estado débil”, revista Colombia Internacional, números 49 y 50, www.banrepcultural.org/blaav...).

Emergió entonces la variante de la “rendición negociada”, es decir, la idea de “entregarse a la justicia” y recibir un castigo conforme a ella, que terminó por ser aceptada entre los capos para evitar la captura y extradición, ello, canjeable por cualquier otra cosa, dando muestras de anuencia al efecto liberaron a varios secuestrados, entregaron armas y algunos laboratorios clandestinos.

Una valoración interpretativa distinta sobre la opción de concretar algún tipo de acuerdo con los cárteles de Medellín, de Bogotá y de la Costa, la presentó el ensayista Jorge Orlando Melo en los siguientes términos:

“Aunque probablemente la opinión no era demasiado hostil al permitir a los narcotraficantes gozar de su dinero y dejarlos en paz si a su vez dejaban en paz al país, las razones para no aceptarlo eran muy fuertes. Aunque el efecto práctico de largo plazo que habría tenido aceptar un acuerdo no puede evaluarse, sin duda, la suspensión del tráfico por estos jefes hubiera representado el fortalecimiento de otros grupos que los habrían suplantado, en el caso improbable de que hubieran cumplido sus compromisos y se hubieran retirado del negocio. En términos de lucha contra la droga, la estrategia tendría un impacto temporal: el hecho de que una generación de narcotraficantes hubiera hecho fortuna y pudiera disfrutar de ella sin ningún costo aparente habría sido parte esencial del problema futuro, y sin duda habría alentado a otros a seguir su ejemplo. En cuanto a la violencia, es muy probable que la confrontación apenas se pospusiera un poco, para realizarse en condiciones de mayor poder para los traficantes” (Jorge Orlando Melo, “La lucha contra el narcotráfico: éxitos y limitaciones”, www.jorgeorlandomelo.com/luc...).

El proceso tomó un perfil pendular: aumentó la posibilidad de una “rendición negociada”, pero al reanudarse los enfrentamientos con gran violencia luego de que el entonces presidente Virgilio Barco, tras el asesinato del candidato de la Unión Patriótica, Luis Carlos Galán, dio por concluido cualquier acercamiento, dado que la respuesta del Cártel de Medellín no se hizo esperar al reanudar su ofensiva narcoterrorista hacia los meses finales del gobierno mencionado, en virtud de lo cual la ciudad de Medellín se convirtió prácticamente en una ciudad sitiada, con bajas multiplicadas de ambos lados, hasta la conclusión de dicho gobierno.

La aprobación de una legislación que rebajaba las penas, concesión ofrecida por el entonces presidente de Colombia César Gaviria (1990-1994), precipitó la “rendición negociada” ante el tremendo desgaste sufrido por la organización de los extraditables y la mayor y más efectiva presión y persecución militar del Ejército colombiano y los grupos de elite de las tropas estadunidenses; además, los organismos de inteligencia y los propios Pepes, grupo paramilitar fuerte y con muchos recursos, todos, en conjunción, cerraban el cerco sobre el principal líder del narcotráfico en Colombia y sus más cercanos socios.

Finalmente, Pablo Escobar decide “someterse a la justicia colombiana” y pacta su ingreso a una cárcel que él mismo mandó construir a las afueras de Medellín, llamada Penal de Alta Seguridad de Envigado. Entró a prisión (junio de 1991) con 14 de sus más cercanos lugartenientes, en la cual pasó poco más de 1 año recluido. Para ello, la Asamblea Nacional Constituyente de Colombia tuvo que sesionar y aprobar la “no extradición” de residentes colombianos a Estados Unidos. Al recibir el aviso de que sería trasladado a otra prisión, y al considerar que ello representaba el principio de su traslado a Estados Unidos, Pablo Escobar escapó el 21 de julio de 1992 tras encabezar un motín carcelario, en donde desarmó a los guardias y secuestró a los altos funcionarios judiciales que llegaron a la prisión de Envigado para arreglar su traslado. Por esto, el expresidente Gaviria ordenó la intervención y ocupación militar del penal. Huyó Escobar por un túnel secreto usando máscaras antigás (“Pablo Escobar controlaba la cárcel, admite ministro de Defensa”, 28 de julio de 1992, www.explored.com.ec/noticias...; y “Muere Pablo Escobar”).

La persecución de Pablo Escobar más los errores centrales de él mismo terminan con su ejecución el 2 de diciembre de 1993 a manos de la mencionada poderosísima alianza en su contra, que a pesar de las actividades de contrainteligencia del mismo Escobar, sus hombres de mayor confianza lograron interceptar comunicaciones, rastrearlas y llegar al lugar en donde se encontraba bajo refugio, en su voluntad de sacar a su familia de Colombia acosada por los Pepes. El Patrón Escobar se batía en retirada. Posteriormente ellos se atribuyeron, en confesiones a la policía, la ejecución del mayor capo de Colombia y de América Latina, con lo cual colapsaría el Cártel de Medellín.

Ello cerraba otra etapa del largo, complejo y zigzagueante proceso de búsqueda de una pacificación negociada con el segundo grupo de tráfico de cocaína desde Colombia, pero el problema –que los trascendía a todos– era que la gigantesca demanda de cocaína en mercados internacionales estaba muy lejos de resolverse, aunque la dispersión del Cártel de Medellín cambió el mapa político-delincuencial, la geografía del delito y las relaciones de poder entre los cárteles del narcotráfico.

Luego, el desmantelamiento del Cártel de Cali se atribuyó a la ofensiva militar sostenida, amplia y poderosa ordenada por el presidente Ernesto Samper Pizano (1994-1998). Aunque algunos restos de ambas organizaciones continuaron operando a menores niveles de actividad, incluso desde la cárcel a finales de la década de 1990, la desarticulación de estas dos robustas organizaciones criminales se daba por consumada en lo fundamental, mismo que constituyó un logro importante para las políticas y la acción de los gobiernos y fuerzas militares, policiacas y de seguridad de los gobiernos colombianos y de Estados Unidos. Sin embargo, el negocio ha seguido su curso, aún en los años posteriores, pero, ¿qué hacer con decenas de miles de paramilitares?

“Muchos pensaron que con Escobar morían los cárteles, el narcotráfico y el crimen organizado, pero el día que murió Escobar empezaron a incubarse nuevos enemigos: Carlos Castaño y Diego Murillo, Don Berna, por mencionar sólo algunos, quienes fueron activos miembros de los Pepes y contribuyeron a la muerte de Escobar, pero tiempo después emularían sus métodos de terror desde el paramilitarismo” (“Pablo Escobar controlaba…”, obra citada).

Otra pregunta: ¿qué es realmente lo que se solucionó?

“[…] Este éxito de la interdicción estadunidense fue más aparente que real. A finales de la década había clara evidencia de que los traficantes colombianos habían comenzado las rutas del Caribe […]” (Arlene B Tickner, obra citada).

Toda una lección, testimonio y experiencia, ya que la negociación exitosa fue luego con los grupos paramilitares (se llegó a hablar de que en conjunto sumaron más de 100 mil efectivos, quienes llevaban también a cuestas miles de muertes y actos criminales), con observadores y facilitadores internacionales, con recursos económicos de por medio, todo un caso para su mayor estudio y extraer reveladoras consecuencias.

*El presente texto es parte del libro de próxima aparición Mafia transnacional y economía criminal: México en la órbita de un poder paraestatal, con registro 03-2013-012111554700-01

**Maestro en ingeniería financiera con especialización en inteligencia para la seguridad nacional

Contralínea 334 / mayo 2013

13 de mayo de 2013

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