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El derecho a la protesta

En México existe una campaña de linchamiento mediático en contra de quienes se atreven a pensar diferente y salir a las calles a protestar. Los noticieros reportan las marchas pero omiten una y otra vez las reivindicaciones o causas de la protesta. La cobertura sesgada sobre el conflicto de los estudiantes en el Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), o de las protestas de maestros en Oaxaca y Guerrero son ejemplos palpables.

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12. mayo, 2013 Netzaí Sandoval Ballesteros* Opinión

Quienes critican a los manifestantes olvidan que gran parte de la evolución de la humanidad se debe a las protestas. También ignoran que protestar es un derecho humano que todos deberíamos gozar y que ser tolerantes ante las manifestaciones de hoy legitiman nuestro derecho para protestar mañana por nuestras propias causas y reivindicaciones.

En la Rusia de 1917 las manifestaciones de mujeres obreras motivadas por hechos concretos –como el racionamiento del pan y su encarecimiento, pero también contra la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial–, marcaron la historia de dicho país al acabar con la autocracia zarista.

La libertad de reunión y manifestación encuentran a uno de sus exponentes más simbólicos en Mahatma Gandhi. Conocido como un pacifista, convocó a una serie de boicots y actos de desobediencia civil (que en nuestros días seguramente alarmarían a muchos) con lo que logró la autonomía plena para la India, en un profundo proceso de descolonización frente al imperio británico.

Durante la llamada Primavera Árabe, millones de personas realizaron protestas masivas frente a regímenes autoritarios y forzaron la transformación acelerada de sus sistemas de gobierno. Estos movimientos sociales han sido calificados por Sami Naïr como revoluciones del derecho, de la dignidad, del progreso social y de la libertad identitaria.

En múltiples ocasiones se afirma (entre la sociedad y, lamentablemente, a veces entre abogados) que las personas que desean transitar en vehículos sufren una afectación en sus derechos humanos a causa de las manifestaciones (pues los inconformes suelen ocupar las calles). La supuesta “tensión” entre derechos no existe en este caso, a la luz de lo establecido por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esto es así porque en ningún caso puede considerarse que la emisión de gases de efecto invernadero (ocasionada por el uso de automóviles) constituya un derecho humano. Únicamente en caso de que las manifestaciones impidieran el tránsito de los individuos podríamos hablar de una “tensión” entre derechos humanos. Para decirlo claramente, no existe un “derecho humano a contaminar”. Esas objeciones recuerdan los reclamos clasistas de quienes rehúyen al transporte público.

En un plano jurídico, el contexto en el que se dan las manifestaciones permite evaluar las posibles injerencias o restricciones que el gobierno decide aplicar. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha establecido un control mucho más favorable a los ciudadanos cuando ejercen la libertad de reunión en contextos políticos (como en el caso Osmani y otros contra la exrepública yugoslava de Macedonia, el 6 de abril de 2000) y mucho más deferente con las decisiones de los Estados si se evalúan injerencias que se encuentran en contextos de extrema violencia, como la lucha contra el terrorismo (caso Mattei contra Francia, el 19 de diciembre de 2006). Parece evidente que en México las manifestaciones de profesores y maestros no se encuentran en un contexto de terrorismo, por lo que no debería justificarse su represión.

Los medios ocultan los argumentos de quienes protestan. En el caso de los maestros, los acusan de pretender una “contrarreforma” educativa, cuando el objetivo –bastante modesto– que han tenido hasta ahora es que sus opiniones sean tomadas en cuenta cuando se discuta la reforma a la Ley General de Educación. ¿Es que ello resulta un crimen? Exigen a los diputados de su estado que actúen como verdaderos representantes y aprueben una iniciativa para que el Congreso de la Unión conozca la opinión de los maestros. ¿Resulta irracional?

En el caso de los jóvenes que tomaron la Torre de Rectoría de la UNAM se oculta que, desde hace muchos años, se pretenden minar los avances del proyecto del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) creado durante la Rectoría de don Pablo González Casanova. A diferencia del enfoque positivista que asume la Escuela Nacional Preparatoria, el CCH (en sus cinco planteles) busca generar un pensamiento crítico en sus egresados. En el CCH se nos formaba para tener un proceso autónomo de aprendizaje, apropiarnos del conocimiento; “aprender a aprender” era la consigna. Pueden existir personas que prefieran el enfoque tradicional de las nueve prepas de la UNAM. En lo personal, tuve la fortuna de experimentar ambos sistemas y creo que los dos tienen sus méritos. Sin embargo no comparto el desesperado intento de acabar con la alternativa que ofrece el CCH y convertirlo cada vez más en una clásica preparatoria.

También se encubre que los jóvenes que fueron expulsados de la Universidad han sido sujetos de un proceso llevado a cabo por el Tribunal Universitario, que es más propio de la Edad Media y sus fueros que de una universidad moderna y democrática. Difícilmente los procedimientos llevados a cabo por dicho Tribunal resistirían un análisis desde el punto de vista de los derechos humanos, pues incumplen con la “apariencia de imparcialidad” que ha sido reconocida –por la jurisprudencia internacional– como un requisito fundamental en los juicios. ¿La sociedad sabe que ese Tribunal Universitario conoce y sanciona las faltas a la Legislación Universitaria cometidas por académicos y alumnos, pero carece de competencia para juzgar faltas del personal administrativo? Es decir, los directivos de la UNAM respaldan siempre a ese supuesto “Tribunal” porque en ningún caso los sancionará a ellos.

Hay más violencia en un partido de futbol y sin embargo nadie ha pensado en prohibirlos. En cambio a las manifestaciones sí se busca restringirlas, obligarlas a pedir permisos o recluirlas a marchódromos.

Sería útil entender las razones que originan las protestas. Resulta necesario demostrar capacidad de diálogo y tolerancia, antes que acudir a la tradicional represión que tanto daño le ha hecho a nuestro país.

*Abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México; posgraduado en administración de justicia

Fuente:Contralínea 334 / mayo 2013

13 de mayo de 2013

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