El 24 de abril del año en curso, el ahora denominado Estado Plurinacional de Bolivia, ha demandado a su par chileno, ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, para que este organismo internacional falle emplazando a Chile, y éste, negocie de buena fe, con el propósito que Bolivia obtenga un acceso soberano al Océano Pacífico.

Las negociaciones en el Derecho Internacional Público contemporáneo, son evidentemente de buena fe, es imposible que lo contrario sea considerado derecho. Por eso desde el mismo planteamiento boliviano, encontramos una retórica propia de principiantes, como si se tratara otra de “las bromas” a que nos tiene acostumbrados el actual presidente plurinacionalista boliviano.

En toda la demanda planteada no se invalida y menos se niega el Tratado de 1904, instrumento internacional por el que Bolivia cede a perpetuidad su antigua costa, sin que de por medio su capital esté ocupada, y menos que su parlamento haya sido coaccionado para realizar aquella cesión; como en otras oportunidades he manifestado, el Tratado de 1904 no es más que una política de Estado iniciada y consumada por dos administraciones bolivianas diferentes, ésta se inició en el período presidencial de José Manuel Pando y se culminó durante la administración de su sucesor, Ismael Montes. Hemos visto que algunas autoridades bolivianas, no obstante dirigir los destinos de su país desde encumbrados puestos públicos, afirman con mucha seguridad que el Tratado de 1904 había sido impuesto por la fuerza. Esta demanda era la ocasión fundamental para demostrar aquello de la “imposición”, pero como hemos ya comprobado sólo se trata de infortunadas expresiones de personajes innombrables que se encuentran de espaldas a sus textos de historia, y con la demanda se determina la validez y consolidación del Tratado ciento nueve años después. Chile ha logrado con esto un importante reconocimiento sin quererlo, y su victoria de 1879 refrendada en un Pacto de Tregua en 1884 primero, y en el Tratado de 1904 después, ahora en pleno siglo XXI el Estado Plurinacional de Bolivia, “sucesor del viejo, caduco y oligarca Estado boliviano”, ha oleado y sacramentado para la posteridad, todo aquel reclamo por una costa en territorios que alguna vez fueron del altiplano.

La guerra de 1879 se inició porque el Estado boliviano violó una cláusula económica del Tratado de 1874, ante esta situación Perú estaba ligado a Bolivia por un Tratado de Alianza Defensiva y no obstante que Bolivia no había sido agredida, el Perú decidió ir en defensa de su aliado. La guerra acabó para Bolivia el 26 de mayo de 1880, a partir de esa fecha Perú cargó con todo el peso de la contienda hasta que fuera vencido su último bastión de resistencia en Huamachuco; Lima, la capital de la República había sido ocupada años atrás y la capitulación de Ancón fue el remedio doloroso para obtener la paz, y liberar el territorio nacional de la desgracia en que se había sumido una parte de nuestro territorio. Es necesario recordar lo ocurrido con Perú a quien se impuso el Tratado de Ancón, muy diferente al caso boliviano.

Volviendo a la demanda del Estado Plurinacional de Bolivia, si el Tratado de 1904 no ha sido negado, entonces ¿cómo pretende obtener una costa en el Pacífico? Es imposible que sea al sur de su antiguo litoral, ya que no hay posibilidad de una continuidad geográfica entre el territorio boliviano con la costa. Entonces lo que busca nuestra “hermana” o “nuestro aliado histórico” es obtener una salida al mar por lo que antes fue territorio peruano. Lo cual indica la continuación de la bajeza en que incurren las autoridades altiplánicas, por querer obtener una parte de la amputada heredad territorial del Perú que fue el fruto de la victoria de Chile y causa de una guerra de conquista, además de la desgracia de todo su pueblo hace más de 130 años. Acá no se trata de revanchismos, y menos de nacionalismos afiebrados, se trata de la historia y del porvenir.

La misma demanda altiplánica establece que Chile está obligado a tratar y luego ceder una costa a Bolivia; que esta obligación ha sido incumplida y que es deber de Chile cumplir.

La demanda boliviana se inicia diciendo que hay una “disputa”. Ante eso nos preguntamos ¿qué territorios se encuentran en esa situación, cuando hay tratados internacionales donde se demarcan fronteras ya establecidas? La disputa existe cuando un territorio se encuentra en indefinición de su soberanía, y dos o más Estados se encuentran en conflicto por el mismo. Bolivia no ha establecido un territorio, menos lo ha singularizado, y para que haya una disputa se necesita que los títulos del poseedor no sean conformes a derecho. Es más las disputas se hacen sobre la base de cosa cierta, y con mayor razón con lo que fue propio, y por un acto de fuerza se le arrebató.

Lo único que fue propio para Bolivia, fue su llamado territorio litoral, el viejo Partido de Atacama, como así rezaba la demarcación colonial, y que se encontraba dentro de la jurisdicción del Perú al momento de su independencia, hasta la usurpación realizada por Bolívar, que privó a Chile y al Perú, que limiten como lo habían estado ancestralmente. Entonces nos encontramos con una “disputa” sobre cosa ajena, un proceso por territorios que no fueron ni por asomo bolivianos.

Si el Tratado de 1904, vía el cual Bolivia cede su litoral, no se encuentra en discusión, entonces los territorios que sí se encontrarían en “disputa” son Tarapacá y Arica, lugares por donde sí hay una continuación territorial hacia el océano, con lo cual está demostrado que el doblez de la política internacional del ahora llamado Estado Plurinacional de Bolivia es el de revisar tratados de los que ellos no son signatarios, con el propósito de involucrar al Perú en su contencioso, como lo veremos en otra parte, analizando cada uno de sus supuestos “fundamentos” para lo cual debemos estar preparados y rechazarlos como una constante corona fúnebre en homenaje a aquellos que no se corrieron por la defensa de nuestra heredad territorial.

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Bolivia y Chile en La Haya (I)
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