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No a la reforma energética: ¿y los informes oficiales?

Si las declaraciones del secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, en el sentido de que la reforma al sector energético debe ser la resultante de una “gran discusión nacional” donde “hablen la sociedad y los especialistas”, las pretensiones de un albazo legislativo deben desecharse para dar paso a un verdadero análisis a fondo de un asunto que tendrá repercusiones para el futuro de millones de mexicanos.

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8. septiembre, 2013 Martin Esparza Opinión

/Tercera parte

Y si en verdad la intención es poner todos los pros y contras en una mesa de discusión de altura, sustentadas en la realidad que enfrenta tan esencial área de la economía nacional, debe ser el sector gubernamental el que predique con el ejemplo haciendo públicos y de fácil acceso a toda la población los informes técnicos, operativos, administrativos y financieros de entidades como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero también de organismos como la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuyos dictámenes emitidos en el análisis de la Cuenta Pública 2009 presentan un panorama muy distinto al expuesto por Coldwell el pasado 12 de agosto, durante la presentación oficial de la reforma energética.

También deberán incluirse en el paquete de informes oficiales los acuerdos de las comisiones de Energía de las cámaras de Diputados y Senadores, como los permisos otorgados a empresas nacionales y extranjeras por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), para tener de primera mano los datos que permitan realizar una radiografía de todo lo que está en juego. Si se quiere conocer el sentir de la sociedad deben allegársele las herramientas necesarias para iniciar un debate a fondo con razonamientos más que apasionamientos, pero con la fuerza de la razón y el interés nacional como premisas fundamentales.

Además, la invitación a todos los sectores sociales a participar debe ser en igualdad de circunstancias y contar con los mismos espacios y canales de información que han sido utilizados por el gobierno federal para tratar de convencer a los mexicanos de las presuntas ventajas de la propuesta enviada al Congreso de la Unión. Si se quiere transparentar un verdadero debate de cara a la nación, deben evitarse los linchamientos mediáticos y concretar una apertura de los medios y todos los canales informativos, para que el mayor número de habitantes conozca a detalle lo que está en discusión y en juego.

No puede concebirse que en un periodo de tiempo tan corto se discuta un asunto que tiene infinidad de aristas y puntos por aclarar; imposible de aceptar que en un gobierno que se diga democrático, una decisión de tal magnitud sea acordada por un reducido número de políticos cuando hay miles, millones de voces que desean ser escuchadas y emitir sus puntos de vista, sobre todo académicos y especialistas en la materia, a los que las cifras y datos expuestos por el secretario de Energía no les parece que correspondan al escenario en que se encuadran las actuales perspectivas y los estados financieros de Pemex y la CFE.

Si se quiere que “hable la sociedad”, deben instrumentarse, por todo el país, foros regionales donde, quienes así lo deseen, expongan sus opiniones para abrir un gran debate en el que estén presentes los propios legisladores que, al parecer, buscan aprobar algo que simplemente desconocen o no lo han estudiado a fondo.

No debe aceptarse que, mediante una visión simplista, los diputados y senadores antepongan la tesis de su representación popular para adjudicarse el derecho individual de votar una reforma que, como lo expuso el propio Coldwell, debe estar sustentada en nuestra tradición histórica y en nuestros valores nacionales.

Hay mucho qué decir y qué aclarar al país, motivo por el cual los legisladores deben entender que no se trata de ralentizar el progreso nacional, sino de colocarlo sobre bases firmes que garanticen que la renta petrolera no servirá para otorgar excesivos dividendos a las empresas nacionales y trasnacionales, pues un punto que debe ser aclarado al país de forma contundente es la supuesta inviabilidad financiera de Pemex que, como hemos expuestos en este espacio, no se ajusta a los parámetros de medición de los organismos financieros internacionales que la ubican entre las empresas más rentables y productivas del mundo.

Los legisladores no pueden legislar al vapor y prácticamente con los ojos cerrados una reforma sobre la que funcionarios como Pedro Joaquín Coldwell sólo han expuestos vagas generalidades, como por ejemplo, tratar de justificarla con la necesidad de producir más gas para generar electricidad a bajo costo cuando una de las causas directas del incremento a las tarifas es la compra obligada que hace la CFE a las empresas trasnacionales que fueron favorecidas por la CRE en los gobiernos panistas, mismas que ya producen casi el 50 por ciento de la energía eléctrica en México.

Los informes de la ASF de la Cuenta Pública 2009 muestran con claridad lo alarmante de haber entregado más de 772 permisos de generación a los particulares y, peor aún, haber firmado contratos, hasta por 25 años, para la compra obligada de energía. De acuerdo con el reporte entregado por la ASF a los diputados federales, hasta diciembre de 2009 la compra de energía a las trasnacionales le había costado al país más de 268 mil millones de pesos, y se estima que por los compromisos ya adquiridos, de 2010 a 2041, los mexicanos habremos de pagar a las firmas extranjeras 1.6 billones de pesos. Como se aprecia, el problema del incremento a la electricidad no radica únicamente en la utilización de diésel o combustóleo para su generación.

Hasta el momento, del sector oficial nadie ha explicado, por ejemplo, qué porcentaje de la renta petrolera se entregará bajo el esquema de los llamados contratos de utilidad. ¿Será el mismo esquema que el operado con la CFE? ¿Acaso ocurrirá que las inversiones de empresas privadas se manejarán ocultamente bajo un modelo muy semejante a los proyectos de infraestructura diferidos en el registro del gasto, que se han convertido en uno de los principales lastres a las finanzas de la Comisión Federal? ¿Cuál será el plazo a que se obligará el país a entregar parte de las ganancias por la venta de sus hidrocarburos a las trasnacionales? ¿También a 25 años, como ha ocurrido en la CFE?

Bajo tal cúmulo de interrogantes debe entenderse la necesidad irrenunciable de que sea la población la que decida sobre el futuro y el rumbo que deberá tomar el sector energético, pues de éste dependerá el desarrollo económico y social del país para las próximas generaciones. Es cierto, señor Coldwell, debe darse una gran discusión nacional donde hablen la sociedad y los especialistas en un debate, frente a frente, con los legisladores que pretenden alzar la mano a favor de un tema que, insistimos, no conocen a fondo y que puede entregar al país a intereses extranjeros en un criminal retroceso histórico. Hay que debatir de frente a la nación porque la trascendencia de la reforma así lo amerita.

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