A propuesta del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) del primer ministro Recep Tayyip Erdogan, el parlamento turco decidió abolir los tribunales especiales el 7 de marzo de 2014.

La decisión del parlamento turco ha sido presentada como un paso tendiente a satisfacer los criterios de la Unión Europea, como un intento de deshacerse de una serie de jueces que habían ganado demasiado poder o como una garantía destinada a favorecer una alianza con el ejército.

Independientemente de esta decisión del parlamento, que pudiera conducir a la abrogación de las condenas dictadas por esos tribunales especiales –como las condenas contra militares y contra responsables del Partido de los Trabajadores (IP, maoísta) en el caso Ergenekon–, la Corte Constitucional turca estimó que la condena pronunciada contra el general Ilker Basbug es inconstitucional ya que el tribunal que la pronunció no justificó debidamente su veredicto.

Al salir de la cárcel, después de 26 meses de detención, el general y ex jefe del estado mayor de las fuerzas armadas turcas declaró que su liberación sería la primera de una larga serie. En efecto, otros 6 acusados han sido liberados desde entonces –el abogado nacionalista Kemal Kerinsiz, el periodista Tuncay Ozkan, el coronel Levent Goktas, el mafioso turanista Sedat Peker, el sicario Alparslan Aslan y el vicejefe de los cuerpos de operaciones especiales İbrahim Sahin.

Estas liberaciones han desatado una polémica entre la 13ª Cámara Penal y la 21ª Cámara. Según la 13ª Cámara –que fue un tribunal especial– las condenas fueron pronunciadas de conformidad con la ley turca y los acusados deberían seguir presos. Pero la 21ª Cámara estima que una cámara disuelta no tiene derecho a decidir cómo hacer justicia.

Para terminar de complicar el asunto, la ley de abrogación que acaba de ser adoptada ha sido objeto de un recurso que pone en duda su constitucionalidad.