Telecomunicaciones: el negocio y las tentaciones despóticas

“El Gran Hermano te observa”

“El lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras suenen confiables y el asesinato, respetable; y para darle la apariencia de solidez al mero viento”

“Saber y no saber, hallarse consciente de lo que es realmente verdad mientras se dicen mentiras cuidadosamente elaboradas”

“A la larga, una sociedad jerárquica sólo sería posible basándose en la pobreza y en la ignorancia”

“Si quieres hacerte una idea de cómo será el futuro, imagina una bota aplastando un rostro humano incesantemente”

George Orwell, 1984”

Las iniciativas de leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y la radiodifusión y del sistema público de radiodifusión enviadas por el Poder Ejecutivo al Legislativo, así como el abortado sucedáneo con el cual Javier Lozano, violentando el proceso legislativo, trató de sorprender con desprecio a sus pares de las comisiones del Senado, sólo reafirman que los grupos dominantes son irreformables.

Mientras el bloque hegemónico actual controle el poder político y económico, nunca podrá democratizarse pacíficamente el sistema político presidencialista neoliberal desde sus entrañas, a través de la democracia simulada y por delegación del sistema de partidos. Tampoco se conseguirá desmantelar, o al menos someter al régimen legal a los depredadores monopolios, llámese Grupo Carso, Televisa o Tv Azteca, y sus dueños, que crecieron y se consolidaron al amparo del poder político en una relación de vasos comunicantes –el quid pro quo–, hasta que terminaron avasallándolos. Esas corporaciones que, por cierto, más que una anomalía del “mercado libre” capitalista no son más que consecuencia lógica de la evolución del proceso de concentración y centralización de capital, al margen de las estrategias empleadas para alcanzar su poderío.

Las esperanzas depositadas por los ingenuos en los cambios constitucionales en las telecomunicaciones y la radiodifusión empresarial, pública y social, por considerarlos como progresistas, serán arrasadas por las leyes secundarias que propuso el presidente Enrique Peña Nieto una vez que las aprueben los mismos congresistas que previamente sancionaron a aquellos.

A los legisladores no les parece importar que las normas reglamentarias sean contrarias, violen y se pongan por encima de los Artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78 y 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que habían reformado más allá de lo esperado por el gobierno federal, en una de las muestras de autonomía que de vez en cuando tienen los legisladores.

A los legisladores priístas, panistas, perredistas y demás partidos no les interesa que sean socialmente calificados como un rebaño sometido a los caprichos del Ejecutivo, dispuesto a recular cuando se lo piden desde el gobierno federal, como en los viejos tiempos del despotismo presidencialista y del partido de Estado.

De nada sirvió que ignoraran los limitados ajustes constitucionales en los temas referidos, los cuales, en sentido estricto, sabían que nunca afectarán el poder político-económico de los monopolios de Televisa, Tv Azteca y Teléfonos de México (Telmex), y mucho menos aspirarían a demoler su depredador manejo de esos servicios estratégicos propiedad de la nación ni sus abusos sobre la población, tolerados y solapados por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

También que les obligara a callar y aceptar el cúmulo de anomalías cometidas en el transcurso de la legalización de las modificaciones constitucionales, las cuales atropellaron las llamadas formas republicanas de tolerancia, negociación y conceso: la forma precipitada con la que fueron sancionadas en la Cámara de Diputados, en la de Senadores y en los congresos estatales, pisoteando los procesos legislativos; la lectura superficial y banal, o sin ella, de la iniciativa peñista, al menos para enterarse de lo que validaron, sin un análisis y sin la discusión serios, los cuales fueron sustituidos por el desprecio por los cuestionamientos y las propuestas de los congresistas opositores y los especialistas a modo –insultados por Lozano–, con el único objeto de otorgarle una legitimidad ficticia al expediente. Al cabo, nada de eso era necesario, pues en la simulación democrática aún priva un viejo principio autoritario: la expedita aprobación de las leyes con el ímpetu arrollador de las mayorías que aceptan las órdenes de los gobernadores, y de unos y otros ante el Ejecutivo federal, y de éste ante los llamados poderes fácticos.

El 11 de marzo de 2013, Enrique Peña Nieto envió a la Cámara de Diputados su iniciativa de reforma constitucional. El 11 de junio de 2013, con sus cambios, aparecía en el Diario Oficial de la Federación convertida en ley. Es decir, la reforma de “gran calado”, como algunos gustan llamarla, sólo requirió de 3 meses.

Por desgracia, las normas reglamentarias en telecomunicaciones y radiodifusión enviadas al Congreso por Peña equivaldrán a omitir las leyes constitucionales. También trastocarán la ficción utópica en una distopía de los analistas que supusieron que con las reformas a la Carta Magna supuestamente se había avanzado en la rectoría estatal del sector; el acotamiento del poder de los monopolios en la televisión abierta y de paga, la telefonía fija y móvil y otros servicios; en la mayor competencia en la radiodifusión por el próximo ingreso de dos monopolios más que le disputarán una pequeña porción del marcado a los dos más antiguos; en una mayor presencia de la radiodifusión pública y social, entre otras.

Todo ello quedará atrás. Primero, porque Peña Nieto aspira a conculcar los cambios introducidos en la Constitución con las normas secundarias: a contrapelo de la Carta Magna, busca revertir más de las 23 nuevas enmiendas, entre las que destacan, desde una perspectiva sustantiva, la deliberada ambigüedad política en la conceptualización de las telecomunicaciones y la radiodifusión como servicios de interés público hasta su práctica eliminación, con el objeto de privilegiar su explotación comercial, controlada por los mismos monopolios de siempre y algunos cuantos invitados más; la reducción de la rectoría estatal en la “modernización” de un sector estratégico propiedad de la nación al papel de una administración externa de un estratégico “propiedad de la nación”; la virtual eliminación de la relativa autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) y la conversión del nuevo órgano regulador, “contaminado” políticamente debido a que quedará subordinado al Ejecutivo –mismo que nominará a sus directivos, lo que cuestiona su imparcialidad– y a las secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes y la Procuraduría Federal del Consumidor, que condicionarán sus actividades con sus diversas formas de intervención y con la definición de los programas estratégicos sectoriales anuales y sexenales.

Segundo, porque se pretende acabar con la difusa democracia y neutralidad de la red, las telecomunicaciones y la radiodifusión, que supuestamente habían quedado amparadas con las reformas constitucionales.

Al gobierno federal parece interesarle más el control de los ciudadanos que el de los monopolios, por ello promueve que los individuos sean rápidamente geolocalizables en tiempo real; el oído y el visor del “vigilar y castigar” del Estado panóptico, en su percepción de la seguridad interna y nacional, que rememoran la época dorada del presidencialismo priísta despótico.

En ese sentido, a la Secretaría de Gobernación se le dotará de la legalidad necesaria para que patrulle, controle, censure, bloquee señales e intercepte las telecomunicaciones, la radiodifusión y el ciberespacio –las redes digitales y las computadoras–, que el estadunidense John Perry Barlow, uno de los promotores de los derechos digitales, calificó como “el nuevo hogar de la mente”, y cuya dominación exige un nuevo tipo de policía.

Todo ello quizá para terminar con los momentos incómodos que provocan las denuncias de esa clase de ilegalidades cometidas por los aparatos represivos del Estado, prácticas que, de todos modos, no serán erradicadas si el Congreso llegara a limitarlas. Las “razones de Estado” y la seguridad nacional las exigen y, como la edición 384 de Contralínea, esa tarea recaerá en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que concentrará la inteligencia civil y militar. Entre otras tareas, el Cisen mantendrá la vigilancia y la persecución callejera y por las telecomunicaciones de los movimientos sociales, considerados como un potencial riesgo para la estabilidad política del sistema (aunque el documento que dará cuerpo al Sistema Nacional de Inteligencia peñista de próxima creación sea cuidadoso en decirlo), actividad que será complementada por las Fuerzas Armadas y otros aparatos represivos del Estado, ya que difícilmente abandonarán su histórica tarea. Como un dios omnímodo, los órganos de inteligencia estadunidense se ubicarán por encima de las inteligencias nacionales, que se vuelven estultos subordinados ante el espía cosmopolita.

A la misma Secretaría de Gobernación también se le concederá la represión abierta, según la ley reglamentaria del Artículo 29 constitucional que próximamente se aprobará. Así, las tentaciones autoritarias del gobierno federal limitarán lícitamente las libertades civiles constitucionales. En esa tarea, los monopolios de las telecomunicaciones jugarán, por obligación y convicción, el papel de policías auxiliares.

Tercero, porque si se pensaba que al declarar a Televisa y al grupo integrado por América Móvil-Telmex-Telcel-Carso-Inbursa como “agentes económicos preponderantes” en los ramos de la radiodifusión y las telecomunicaciones, respectivamente, se promovería la competencia, calidad de los servicios y reducción de precios, complementada por las concesiones que se otorgarán a dos televisoras privadas, con las leyes secundarias se recula y se vuelve a allanar el terreno legal para que esas corporaciones mantengan el control de dichos sectores.

Si los ajustes constitucionales no ponían en peligro el poder de mercado de esos grupos, ni su grado de concentración monopólica, ni su papel de trust vertical y horizontal (acuerdos formales o informales entre empresas del mismo sector para reducir o eliminar la competencia), las normas reglamentarias vuelven más ambiguos y discrecionales los controles previstos y los convierten en una moneda política de cambio entre el Ejecutivo y las corporaciones, como en el pasado.

Así, es previsible que desde el Poder Ejecutivo se manipulará el otorgamiento de las concesiones únicas, la revisión de contenidos y demás en su relación con los poderes fácticos. No se busca el distanciamiento y el fin de una vinculación rentable para ambos, aunque ésta proyecte la imagen de un poder político sometido al poder económico.

La iniciativa de leyes secundarias volvió a desempolvar la “ley Televisa” de 2006, defendida antes y ahora por Emilio Gamboa y Manlio Fabio Beltrones, pese a que en 2007 la Suprema Corte de Justicia de la Nación la había rechazado por anticonstitucional, aunque actualmente guarda un discreto silencio.

En este contexto, la radiodifusión pública y social se hundirá en el fondo de la marginal vida vegetativa. Lo anterior lo revisaremos en la siguiente entrega.

La omnisciencia invisible

Luego del rechazo que protagonizaron los usuarios de la red y la población por las iniciativas de Enrique Peña y de Javier Lozano, en una medida de control de daños, Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) –junto con el propio Lozano– señaló que habrá “un absoluto respeto a la libertad de expresión” y al derecho a la información. Añadió que no habrá censura en internet y si bien mantuvo la postura oficial por interceptar las llamadas telefónicas y bloquear las señales, agregó que esas medidas sólo se llevarán a cabo cuando haya autorización judicial, pues “son medidas eficaces contra los secuestros y en general la lucha contra el crimen organizado”. En esa oportunidad, Ruiz Esparza también defendió la intención gubernamental por restarle facultades al Ifetel en materia de vigilancia de contenidos y el otorgamiento de concesiones, bajo el supuesto de que sería “un error” crear un órgano “más fortalecido que el propio gobierno”, al que le corresponde “seguir marcando el camino del país”.

Esa respuesta del gobierno federal dada a través de Ruiz Esparza es estrambótica.

Ante todo, porque legal e ilegalmente, el control de la libertad de expresión e información y las intercepciones telefónicas y de otras formas son prácticas históricas y comunes a todos los gobiernos, incluyendo al mexicano. Además, forman parte de los ambiguos conceptos de seguridad interna y seguridad nacional.

Luego, porque esa tarea ha sido facilitada y ampliada con el desarrollo de las tecnologías de las telecomunicaciones, generándose el fenómeno conocido como el esplendor de la “primavera del espionaje digital” a escala mundial, en la que Estados Unidos lleva el liderazgo.

La vigilancia se volvió esquizofrénica desde septiembre de 2001. El control oficial de internet (cuentas de usuarios, revisión de sitios visitados, de computadoras), con la complicidad de empresas como Google, Yahoo, Twitter, Youtube y las empresas locales que ofrecen servicios de telecomunicaciones, la censura de contenidos, que incluye a la radiodifusión, el bloqueo de señales en las protestas públicas o las intervenciones en la telefonía móvil y fija, entre otras medidas, se han vuelto habituales, cuestionando a quienes exigen la neutralidad y la democratización de la red.

El control político por los gobiernos y las empresas es la contracara del control económico.

Lícita o ilícitamente, dichas prácticas se intensificaron en México con los gobiernos panistas, apoyados por los organismos de espionaje estadunidense (la Administración para el Control de Drogas, la Agencia Central de Inteligencia, la Embajada de Estados Unidos en México, la Agencia de Seguridad Nacional, etcétera) desde 2001 y con el pretexto de la guerra contra el narcotráfico (WikiLeaks).

En 2012, Contralínea dio a conocer que la Secretaría de la Defensa Nacional había adquirido equipos para la intervención de las comunicaciones (extraer mensajes de texto y multimedia, listas de contactos, registros de agenda, monitoreo de correos electrónicos, intercepción de voz y de audio ambiental, activación de micrófonos, captura de imágenes, intervención de teléfonos celulares y la activación de sus micrófonos y cámaras fotográficas). La empresa Verint, creada por los servicios de inteligencia de Israel, es señalada por vender equipo de espionaje a la Policía Federal, a Petróleos Mexicanos (Pemex), al Servicio de Administración Tributaria y al Cisen. En 2013, el diario Reforma publicó que la Procuraduría General de la República y algunas secretarías de Estado utilizan aparatos de espionaje y monitoreo. Desde hace algún tiempo, los drones planean sobre las cabezas de los manifestantes.

El gran espía estadunidense vigila a todos… incluyendo a Felipe Calderón y a Enrique Peña, como quedó demostrado con las filtraciones de información secreta que hizo Edward Snowden.

Ahora en México, con las leyes secundarias se quiere legalizar lo que ya hace el gobierno por la vía de los hechos: controlar políticamente la red y la radiodifusión, interceptar y bloquear llamadas telefónicas, como parte de su estrategia de vigilancia, criminalización de la protesta social, amedrentamiento, persecución y detención de opositores.

El esfuerzo no es nuevo. Recuérdese que en noviembre de 2013 WikiLeaks dio a conocer el borrador secreto del capítulo de derechos de propiedad intelectual, negociado por una docena de gobiernos, entre ellos el mexicano, dentro del marco del Acuerdo de Asociación Transpacífico liderado por Estados Unidos. En el documento se menciona la posibilidad de limitar el acceso y la privacidad en internet, la obligación de los proveedores del servicio de suprimir contenidos protegidos por los derechos de propiedad intelectual, recortar los derechos individuales y las libertades civiles, entre otras medidas (http://es. scribd.com/doc/183913909/Wikileaks-Secret-TPP-Treaty-IP-Chapter).

Sin embargo, lo que ha generado el escándalo ha sido la falta de sutileza en las tentaciones autoritarias del gobierno. Pero la postergación de la aprobación de la ley secundaria no se debe a la protesta y la cadena humana formada por internautas y defensores de la neutralidad y la democracia de la red y el sindicato de Telmex. El retraso se debe a que no se logró el consenso entre priístas y panistas. La chiquillería partidaria ya había negociado, al igual que la perredista Alejandra Barrales –que ya caminaba del brazo de Lozano y de la priísta Graciela Ortiz, como denunció Javier Corral–, ligada a la corriente popularmente conocida como los chuchos. La relación Partido Revolucionario Institucional-Partido Acción Nacional es una especie de amores perros cuyo tormentoso contrato social se renueva regularmente. Pero la amenaza sigue presente y es más grave que lo señalado por los críticos.

Del gran hermano al panóptico

El sueño orwelliano del sistema (actitudes totalitarias y represivas) está incrustado, cuando menos, en los artículos 3, 66, 67, 145, 146, 189, 190, 192, 194 y 197 de la iniciativa de ley secundaria, y a la Secretaría de Gobernación le corresponderá el papel de “omnisciencia invisible”, de policía de internet, las telecomunicaciones, la radiodifusión y los funcionarios del Ifetel, cuya pomposa y supuesta pluralidad y autonomía constitucional estaba suministrada por el gran elector: el Ejecutivo dador de plazas.

Desde el artículo 3 de las disposiciones generales, los redactores deliberadamente incluyen como un todo indivisible a la infraestructura de las telecomunicaciones y la de internet (protocolos, operaciones, aplicaciones, plataformas, contenido; apartado XXXIV), con el objeto de someter al control de Gobernación a ambas y eliminar la posibilidad de la neutralidad y la democratización a la red.

El artículo 66 refrenda el carácter indisoluble, bajo el paraguas de la “concesión única para prestar todo tipo de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión”, otorgadas para su uso comercial, público y social, que incluye a las comunitarias e indígenas (artículo 67), pero privilegiándose el modelo de explotación empresarial (concesiones a personas físicas y morales “con fines de lucro a través de una red pública de telecomunicaciones”) y reprimiéndose a las otras, al impedírseles utilicen comercialmente el espectro radioeléctrico y condenándolas a la indigencia permanente.

Las concesiones públicas tendrán que sobrevivir con el escaso presupuesto público, los donativos, los patrocinios, la venta de productos y servicios o las coinversiones estatales (artículo 88). Además, sus actividades estarán arropadas bajo el ala sectorial de la Secretaría de Gobernación, que administrará el Sistema Público de Radiodifusión de México. El mismo esquema financiero es aplicado a las concesiones sociales –pero sin presupuesto público–, agregándoseles las cooperaciones comunitarias.

En otras palabras, aun con las reglas del Ifetel, las telecomunicaciones y la radiodifusión y el acceso a ellas (precios, calidad, contenidos, censuras) quedarán supeditadas a la maximización de la tasa de ganancia, los intereses y las condiciones que impongan los monopolios existentes, que se han convertido en los principales enemigos de la democratización de los medios y de la nación. Sin la sombra competitiva, los medios públicos y sociales están orillados a la inanición.

El artículo 146, del capítulo VI, relativo a “la neutralidad de las redes”, confirma lo anterior: “los concesionarios y los autorizados que presten el servicio de acceso a internet podrán hacer ofertas según las necesidades de los segmentos de mercado y clientes, diferenciando entre niveles de capacidad, velocidad o calidad”. Al cliente lo que pida, siempre que pueda pagar. Ése será, asimismo, el límite a la “libre elección de los usuarios de los servicios, a su “no discriminación”, la “calidad”, la “transparencia”, “información” y “gestión del tráfico” que reciba, según los puntos I, II, IV, V y VI del capítulo 145, que también garantiza la “privacidad y la seguridad de la red” (III). Siempre y cuando no “medie [la] orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad, que obliguen a bloquear el acceso a determinados contenidos”.

¿Cuáles son las razones que motivarían el bloqueo?

Eso lo decidirá la Secretaría de Gobernación, que vigilará que “las transmisiones de radio y televisión se mantengan dentro de los límites […] de respeto a la vida privada [y] los derechos de terceros, la dignidad personal, la moral, que [no] provoque la comisión de algún delito o perturben el orden público” (artículo 218).

Gobernación decidirá en el terreno de las razones pantanosas o del “Estado soy yo”.

Así está tasado el principio de neutralidad. Ésa será la privacidad relativa, complementada por la seguridad y la justicia igualmente restringida. Acotada por la obligación de los concesionarios de “proporcionar la localización geográfica en tiempo real, de cualquier tipo de dispositivo de comunicación que se encuentre relacionado con investigaciones en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas”, a solicitud de las autoridades judiciales y los responsables de la seguridad e inteligencia, so pena de ser sancionados penalmente ante “cualquier omisión o desacato” (artículo 189). Por la obligación de “permitir que las autoridades facultadas por la ley ejerzan el control y ejecución de la intervención de las comunicaciones privadas y a brindarles el apoyo que éstas les soliciten” legalmente (artículo 190).

Por la imposición, el Ifetel, ante la demanda de las autoridades de justicia y seguridad, deberá establecer “los procedimientos, mecanismos, requerimientos técnicos, incluyendo puntos de conexión y medidas de seguridad […] para la localización geográfica en tiempo real de cualquier tipo de dispositivo de comunicación, así como para el control y ejecución de la intervención de comunicaciones privadas”.

El Ejecutivo, por medio de Gobernación y otras secretarías vigilará a Televisa, Tv Azteca, al Grupo Carso. Azcárraga, Salinas Pliego y Slim vigilarán a la sociedad.

Los concesionarios, por su parte, deberán dar facilidades físicas, técnicas y humanas para el cumplimiento de dichas tareas (artículo 191). Estarán “obligados a conservar un registro y control de comunicaciones que se realicen desde cualquier dispositivo, bajo cualquier modalidad, que permitan identificar con precisión el nombre, denominación o razón social y domicilio del suscriptor, el tipo de comunicación y servicio utilizado, su origen y destino, la fecha, hora y duración de las comunicaciones, entre otros detalles (artículo 192); a garantizar su conservación, almacenamiento, cuidado y protección (artículo 193); a entregarlos en un máximo de 24 horas, cuando los responsables de la justicia y la seguridad se los soliciten (artículo 194); a tener áreas disponibles las 24 horas del día, durante todo el año para los trabajos de información, localización geográfica e intervención de comunicaciones privadas (artículo 195); “a otorgar a las instancias de seguridad las facilidades que permitan obtener información relacionada con cualquier tipo de comunicación y dispositivo de comunicaciones en casos de amenazas a la seguridad nacional” (artículo 196); a suspender inmediatamente los servicios cuando se les instruya, a bloquear, inhibir o anular equipos, dispositivos móviles, bandas de frecuencia y señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional (artículo 197).

En una democracia, el diferendo es aceptado como una virtud. En un régimen autoritario, la disconformidad es intolerante y tiene un precio.

¿Cuál será el precio que tendrá que pagarse en México?

Se prevé que el gobierno no sólo vigilará a los transgresores de la ley, también los castigará, en particular a algunos que le inquietan: los opositores al partido del orden autoritario y neoliberal.

El artículo 140 reza: “se impondrá pena de 2 a 20 años de prisión y multa de 1 mil a 50 mil pesos, al que dañe, destruya, perjudique o ilícitamente entorpezca vías de comunicación, servicios públicos, funciones de las dependencias del Estado, organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal, órganos constitucionales autónomos o sus instalaciones; plantas siderúrgicas, eléctricas o de las industrias básicas; centros de producción o distribución de artículos de consumo necesarios de armas, municiones o implementos bélicos, con el fin de trastornar la vida económica del país o afectar su capacidad de defensa”.

Si los transgresores son empleados públicos se les “aplicará pena de 5 a 40 años de prisión y de 120 a 1 mil 150 días de multa”. Si son calificados como “terroristas”, palabra seductora para el Poder Judicial, sobre todo si es por consigna, la “pena será de 9 a 45 años de prisión y de 500 a 1 mil 150 días de multa” (artículo 145).

Si alguien se rehúsa “dolosamente”, con o sin causa, a colaborar con los cancerberos del orden, por la razón que sea, o se resiste a convertirse en un delator de descontentos que obstaculicen alguna de las empresas o una vía de comunicación, también tendrá lo suyo: “una pena de prisión de 3 a 8 años y de 5 mil a 10 mil días de multa” (artículo 178 bis).

El mundo orwelliano reforzará al Estado panóptico, signado en la ley reglamentaria del Artículo 29 constitucional de próxima aprobación, relativa a la restricción y suspensión de derechos y garantías fundamentales. Es decir del estado de excepción.

Escribió Jeremy Bentham, a finales del siglo XVIII: “El objetivo de la estructura panóptica es permitir a su guardián, guarnecido en una torre central, pueda observar a todos los prisioneros, recluidos en células individuales alrededor de la torre, sin que éstos puedan saber si son observados. Yo seré el guardián”.

¿Quién vigilará al guardián?

Eso no lo dicen ni la ley secundaria de medios ni la del Artículo 29 constitucional, en las que faltaron Ray Bradbury y su Fahrenheit 451.