Coberturas petroleras no impiden desplome de finanzas públicas

Las coberturas petroleras adquiridas por el gobierno federal con el objeto de “blindar” las finanzas públicas –como dicen el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray; los subsecretarios Fernando Aportela y Miguel Messmacher, y el titular de la Unidad de Crédito Público, Alejandro Díaz– ante los efectos desestabilizadores del colapso de los precios internacionales del crudo no son más que un mito genial.

Son una ficción, cuyos términos de contratación, negociados en los especulativos mercados financieros de derivados, los de la “exuberancia irracional” –como los calificara Alan Greenspan en 1996– que contribuyeron al colapso sistémico del neoliberalismo de 2008-2009, además, no son precisamente el ejemplo de la transparencia.

Se sabe que Hacienda decide y justifica la compra de las coberturas; que dos comités determinan y evalúan las condiciones del petróleo y la estrategia para adquirirlas (el volumen de barriles y el nivel de los precios que se cubrirán); que el monto de las primas de las coberturas está determinado por las condiciones del mercado, entre ellas la de materias primas y el financiero (el tiempo de duración del contrato, la dinámica de los precios del crudo, la oferta y la demanda, las tasas de interés); que el banco central es el agente financiero encargado de adquirirlas.

Lo que se desconoce, y difícilmente se conocerá, es si las evaluaciones previas y las estrategias adoptadas para la compra de las coberturas, la fijación de los volúmenes y las tarifas del petróleo que cubrirán, o el precio de las primas que obtuvieron, fueron los mejores. Porque a las instituciones involucradas, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, no les entusiasma que sus actividades sean escrutadas como normalmente sucede en cualquier sociedad democrática, además de que no se ven obligadas a rendir cuentas a nadie, salvo al Poder Ejecutivo, su jefe (se supone), ni al Congreso de la Unión –que, asimismo, no exige la información pertinente– ni a la sociedad. Tampoco se sabe cuáles fueron los criterios empleados para elegir a los grupos financieros encargados de la intermediación de las coberturas (se ha mencionado a Citigroup, JP Morgan Chase o BNP Paribas, de dudosa reputación), ni las comisiones cobradas por sus servicios, ni si se concertaron las mejores ofertas.

Las proyecciones de esos organismos sobre la evolución de los precios internacionales del petróleo, que sirven para la elaboración anual de los ingresos y egresos del Estado, así como los objetivos de la política económica, permiten guardar serias dudas sobre su pericia en el arte de la planeación, en condiciones normales y contingentes.

Sus desastrosas estimaciones durante los 3 años del peñismo han redundado en un gobierno de frutos secos… para las mayorías, desde luego, no para corporaciones como OHL, cuyas fortunas se nutren con las moras y se amparan a la sombra fértil del árbol de la moral del Estado cleptocrático.

Las virtudes de las coberturas petroleras son fábula técnica exclusiva para políticos disfrazados de tecnócratas.

Los términos en que fueron contratadas han mostrado su inutilidad.

El 13 de noviembre de 2014, Luis Videgaray dijo que “con independencia de a dónde llegue el precio del petróleo, las finanzas públicas están protegidas. Los ingresos que tendrá el gobierno federal están ciento por ciento protegidos al nivel que está establecido en la Ley de Ingresos de la Federación de 79 dólares”. Esto gracias a las coberturas.

Sin embargo, en poco más de 2 meses, sus cuentas alegres se le descuadraron. Ese tropiezo, empero, no debe sorprender a nadie, porque todos sus cálculos siempre se le han desbalanceado prematuramente.

A finales de enero de 2015 tuvo que reconocer la encabritada realidad y anunció un recorte en el gasto público por 124.3 mil millones de pesos, ante la cuantiosa pérdida de ingresos fiscales petroleros que se acumularon en lo que va del año.

Para su fortuna, aunque la tempestad ha bamboleado su silla hacendaria y la agita de un lado a otro, ésta no ha sido arrojada del sitio en que se encuentra hasta el momento.

La austeridad se ha convertido en un vicio. En abril, Videgaray dijo que “los mexicanos tenemos que ajustarnos ante una nueva realidad. Si de preservar la estabilidad de la economía se trata, tenemos que reaccionar ante este fenómeno, ante este evento, con responsabilidad, y entender que no estamos enfrentando una situación transitoria, sino algo de características permanentes; y por lo tanto, reaccionar como se reacciona ante un choque permanente de ingresos: reduciendo los gastos”.

El desplome de los precios del crudo se inició en julio de 2014 y Videgaray, 10 meses después, se vio obligado a aceptar que México no está frente a “una situación transitoria, sino [ante] algo de características permanentes”.

En 2015, y posiblemente en 2016, el suspirado crecimiento ha vuelto a perder ante la estabilidad, por medio del ajuste recesivo del gasto público.

Señala el economista Nouriel Roubini: “Las virtudes económicas se han convertido en vicios: la disposición a ahorrar se convirtió en un lastre para la inversión; la probidad fiscal en un camino hacia el estancamiento […]. Recortar drásticamente el gasto público cuando la economía está deprimida es tan mala idea: no sólo por el costo inmediato que tiene en forma de pérdida de puestos de trabajo, sino también porque aumenta el riesgo de verse atrapado en una trampa deflacionista”. No obstante, el retorno de la austeridad en el gasto público evidencia que lo anterior no era más un anhelo sin asideros terrenales efectivos.

Los límites de la cobertura petrolera

La cobertura petrolera es una especie de “mentira piadosa”. Es un velo que envuelve la lacerante realidad.

Videgaray dice que con ella los ingresos del Estado están totalmente protegidos. Alejandro Díaz, titular de la Unidad de Crédito Público, agrega que “se compró la prima y nos cubre todo. Es como un seguro de auto que te cubre todo el año”.

En sentido estricto, empero, no cubre todo. Díaz relativiza el asunto: sólo ampara “la exposición neta del gobierno federal. Cubrir [el] ciento por ciento cuesta mucho más. Si exportamos crudo y cubrimos toda la plataforma de crudo estaríamos sobrepagando un seguro. Tenemos una especie de cobertura natural porque importas una parte de los derivados del petróleo”.

¿Cuál es el contraste entre el “todo” y el “neto”? El precio del crudo asegurado por la cobertura, 76.4 dólares por barril (db), compensará el diferencial que se registre entre éste y el promedio que se alcance entre el 1 de diciembre de 2014 y el 30 de noviembre de 2015. El último mes del año y 2016 serán abrigados por la nueva cobertura que se contrate y cuya compra ya ha sido anunciada por Hacienda. Aquel precio es 2.6 dólares menor que el presupuestado para el año en curso, 79 dólares.

En enero-mayo, el precio medio de la mezcla mexicana de exportación es de 48.51 db. La brecha es de 27 db, equivalente a 64 por ciento de la tarifa de la cobertura. O de 30 db y 61 por ciento de la presupuestada.

El promedio anual de la mezcla en 2015 podría ser del orden de 52 db, sin grandes diferencias para 2016.

Ello debido a la permanencia de la sobreoferta petrolera en el mercado internacional en casi 2 millones de barriles diarios; a la ampliación de oferta de países árabes del Golfo como Arabia Saudita (en abril llegó a un máximo de 10.3 millones de barriles diarios), los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, o de Irán e Irak; la ampliación de la producción de otras naciones que no pertenecen a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), como es el caso de Brasil; la escasa posibilidad de que la OPEP reduzca su extracción; la ampliación de las inversiones de los países del Golfo que aspiran a elevar su cuota de mercado en un 20 por ciento antes de que los precios se recuperen. La cantidad de plataformas que utilizan las empresas de perforación en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait se incrementó en un tercio interanual, alcanzando el nivel más alto en por lo menos 20 años, en marzo pasado, según el grupo de servicios petroleros Baker Hughes; la caída de las plataformas en Estados Unidos en un 50 por ciento, según la Agencia Internacional de Energía (AIE), que de nada ha servido para ajustar la oferta y la demanda de crudo. Ese mimo organismo agrega que el número de pozos estadunidenses está cayendo a un ritmo de 60 por ciento y se concentran en los campos no convencionales; que las inversiones han declinado significativamente, y que se han despedido a 100 mil trabajadores.

Así, la AIE estima el precio del West Texas Intermediate en 54.32 db en 2015 y en 65.57 db en 2016. Para el Brent lo proyecta en 60.79 db y 70.49 db, respectivamente.

Si se considera la brecha media entre el precio de la mezcla mexicana y la de aquellos crudos de referencia, no sería extraño que la nacional se ubique en el orden de 50 db y 55 db en los años de referencia.

En ese sentido, la cobertura representa un alivio. Pero a medias, si se toman en cuenta algunos detalles. Un consuelo de tontos sería la mejor descripción.

Ante todo, es menester aclarar que, según Alejandro Díaz, pese al desplome del precio de la mezcla de exportación y la reducción del volumen de producción y exportación, el seguro de la cobertura no podrá hacerse efectiva hasta su vencimiento.

La mecánica de la cobertura es sencilla. Como dice Díaz, la variable que determina si se activa o no la cobertura petrolera es el promedio de 12 meses en el precio de la mezcla, y el periodo concluye el 30 de noviembre de 2015. “Para poder ejercer la cobertura petrolera, el precio [medio] tendría que ser menor a 79 dólares por barril; hasta que no se materialicen las altas y bajas se pueden ejercer”.

Obviamente, si el precio medio supera los 79 db no se cobrará la prima y los 773 millones de dólares (10 mil 467 millones de pesos) que se pagaron por ella se sumarán a las contratadas entre 2011 y 2014, por un monto de 3 mil 424 millones de dólares, y que no fueron utilizadas.

De cualquier manera, si se cobran o no, será después de los acontecimientos.

Los palazos asestados a los ingresos públicos petroleros, al gasto impuesto –y los que pudieran dársele adicionalmente lo que resta del año–, al crecimiento económico, a la población y al peñismo nadie se los quita.

Cuando el gobierno dice que la totalidad de sus ingresos están protegidos por la cobertura, sólo se refiere a los ingresos del gobierno federal. No se incluyen los de Petróleos Mexicanos (Pemex). Ni los que se reparten entre los estados y municipios por la vía de las participaciones.

Estos últimos tendrán que asumir las pérdidas y compensarlas con el recorte de sus gastos, la contratación de créditos o, en el caso de los últimos, con aumento de impuestos locales o como puedan y se les pegue la gana, dado su pasivo parasitismo de las ubres de la vaca federal.

Los ingresos petroleros de Pemex caen de 90.6 mil millones a 74.7 mil millones de pesos entre el primer trimestre de 2014 y 2015. Pierde 15.8 mil millones de pesos, 20 por ciento en términos reales. Su balance amplía su déficit en 41 mil millones de pesos, al pasar de 70 mil millones a 112 mil millones de pesos. Sube en 54 por ciento, de manera real.

A sus quebrantos, Pemex tiene que añadir el recorte de 62 mil millones de pesos que le corresponde del ajuste fiscal por 124.3 mil millones de pesos, equivalente a alrededor del 17 por ciento de su presupuesto asignado.

En esa tesitura, la exparaestatal queda como un manso cordero ante los lobos trasnacionales que le disputarán la industria petrolera.

En el mismo lapso, las participaciones a entidades federativas y municipios declinaron en 1 mil 816 millones de pesos, al pasar de 158 mil millones de pesos a 156 mil millones de pesos. Bajaron 4.2 por ciento, en términos reales.

Curiosamente, las entidades más afectadas son aquellas en la que la industria petrolera tiene una importancia relevante. Ocho de nueve estados: Campeche, Tabasco, Chiapas, Veracruz, San Luis Potosí, Puebla, Nuevo León y Coahuila.

La población ya cumple religiosamente, aunque de manera forzada, con su cuota, directa o indirectamente: por medio del precio de las gasolinas (Magna, Premium y diésel) que aumentó de golpe en 3 por ciento este año.

La cobertura no ha impedido el desplome de los ingresos presupuestarios del sector público y del gobierno federal. En el primer caso, la recaudación petrolera pasa de 293.7 mil millones a 173.7 mil millones de pesos. Decrece realmente en 43 por ciento, en 120 mil millones de pesos. En el segundo cae de 203 mil millones a 99 mil millones de pesos; 53 por ciento menos, o 104 mil millones de pesos.

El deterioro ha sido compensado de dos formas: el incremento de los ingresos no petroleros y el recorte en el gasto público. Sin embargo, ello no impide la explosión del déficit global que pasa de 62 mil millones de pesos a 100 mil millones de pesos, y el presupuestario de 66 mil millones a 102 mil millones. En cada caso sube en 57 por ciento y 49 por ciento reales.

La necesidad de financiar el déficit público obliga a ampliar el endeudamiento, el cual se eleva de 49 mil millones de pesos a 100 mil millones de pesos, 97 por ciento real más.

El alto grado de vulnerabilidad de las finanzas públicas se debe a la petrodepedencia fiscal. En el primer año peñista los ingresos petroleros equivalían a 36 por ciento del total. En 2013 cayeron a 31 por ciento y en el primer trimestre de 2015 se desploman a 16 por ciento, de acuerdo con las estadísticas de Hacienda (ver gráficas 1 y 2).

En los siguientes meses la desaceleración económica afectará los ingresos no petroleros y comprometerá aún más a las descuadradas finanzas del Estado.

Todo un coctel explosivo que impedirá que se cumpla la meta de ingresos públicos programados para 2015 (4.7 billones de pesos del sector público y 2.9 billones del gobierno federal).

Fernando Ramones, integrante del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, estimó a mediados de diciembre de 2014 que con los precios petroleros actuales y la cobertura el gobierno, apenas podría recaudarse el 37 por ciento de los ingresos petroleros estimados en la Ley de Ingresos de la Federación. Es decir, unos 440 mil millones de pesos de 1.2 billones de pesos.

La cobertura petrolera es, de suyo, limitada.

Sin emplearlas, entre 2011 y 2014 se pagaron por las coberturas 3 mil 424 millones de dólares.

Para la correspondiente a 2015 se pagó una prima por un monto de 773 millones de dólares, equivalente a 10 mil 467 millones de pesos. Ella asegura 228 millones de barriles a un precio de 76.4 db.

La diferencia entre ese precio y los 79 db fue cubierta con 7 mil 944 millones de pesos obtenidos del apartado llamado “Complemento de cobertura 2015”, creado dentro del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios. En esta cuenta se dispone adicionalmente de 33 mil 641 millones de pesos para “proteger la solidez de las finanzas públicas”.

El volumen asegurado en 2015 equivale a 633 mil barriles diarios y la producción y las exportaciones programadas ascienden a 2.4 millones y 1 millón 90 mil barriles.

Esto quiere decir que el 39 por ciento de la producción y 72 por ciento de las ventas externas quedan desprotegidos; 457 mil barriles diarios y 1 millón 767 mil barriles, respectivamente.

En términos de valor de las exportaciones de 2015, la protección anual alcanza para 17 mil millones de dólares o 233 mil millones de pesos. Las exportaciones generarían 31 mil millones de dólares o 415 mil millones de pesos.

Si se considera la paridad de 79 db y la plataforma de exportación de 1 millón 90 mil barriles diarios, las divisas generadas ascenderían a 31 mil millones de dólares o 415 mil millones de pesos.

Las diferencias entre las estimaciones de los dos párrafos anteriores evidencian que la parte asegurada es cuasi marginal del volumen y el valor de la producción y las exportaciones (véase cuadro 1).

Por añadidura, las pérdidas de divisas e ingresos petroleros, la vulnerabilidad y la desestabilización de las finanzas públicas serán permanentes, por lo que no será extraña la próxima reducción del gasto público ni sus fuertes desórdenes, e incluso la crisis fiscal del Estado.

La cobertura petrolera es un analgésico que busca ocultar el problema fundamental de las finanzas públicas históricamente abandonado: la reforma fiscal integral que, por definición, tiene que ser progresiva, que cobre más impuestos a las empresas y los sectores de altos ingresos.