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Fernández Editores, con más de 30 conflictos por fraude

Fernández Editores acumula al menos 35 denuncias por fraude. Con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos como su principal comprador, la editorial registra ventas millonarias. El Indautor, omiso, pese a la participación pública

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Fernández Editores, ahora Fernández Educación, SA de CV, acumula, al menos, 35 casos por fraude, revela a Contralínea la consultoría Abogados y Profesionales Integrados, que preside David Vega Osorio.

De acuerdo con el especialista en derechos de autor, la editorial se abstuvo de cumplir con el pago por concepto de regalías de más de 3 decenas de autores contratados por la misma. Entre ellos se encuentran Fabiola Martínez Díaz y Enrique González Ruelas.

Ambos, autores de los libros para segundo y tercer grado de secundaria Formación cívica y ética I, Formación cívica y ética II, Formación cívica y ética I. Aprender para vivir y, Formación cívica y ética II. Aprender para vivir.

Autorizadas por la Secretaría de Educación Pública para su uso en las escuelas secundarias del Sistema Educativo Nacional, las obras han sido adquiridas por la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), instancia que en este ciclo escolar anunció la entrega de más de 209 millones de ejemplares de libros de texto gratuitos a diversos niveles educativos.

Los libros son comercializados por la editorial desde 2006, fecha en la que tanto Fabiola Martínez como Enrique González habrían firmado el Contrato de Cesión de Derechos de Autor con la editorial.

Según información obtenida a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, tan sólo en el periodo 2009 a 2015, la Conaliteg adquirió 1 millón 469 mil 195 ejemplares de los libros Formación cívica y ética editados por Fernández Educación.

Los libros también se comercializan en escuelas particulares y librerías como El Sótano o Gandhi, donde su precio asciende a los 277 pesos, según factura del 20 de julio de 2015.

A la fecha, Fernández Educación ha incumplido con el pago acordado en cuatro contratos vencidos y dos vigentes.

El monto de la deuda, de acuerdo con estimaciones realizadas por un contador, asciende a los 2 millones y medio de pesos. Cifra que, aclara, resulta “conservadora”.

Sin copia de los reportes de ventas y del tiraje anual, los autores se encuentran imposibilitados de tener una suma exacta de la deuda. “Se hizo el cálculo a partir únicamente de las cifras de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, no tenemos forma de saber cuántos libros vendió Fernández Educación en librerías o escuelas privadas”, dice en entrevista a Contralínea Fabiola Martínez.

Desde 2012, Fernández Educación le cesó a ella y a su compañero el pago por concepto de regalías, por lo que solicitaron al Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) que realizara un procedimiento de avenencia contra la casa editorial por incumplimiento de pago de regalías, entrega de reportes de tiraje y de reportes de ventas relacionadas con los seis contratos signados.

Bajo el expediente 206/98.402/947 2015, el Indautor tomó constancia de los hechos y el 21 de junio de 2015 emitió el acuerdo admisorio con el oficio DJPA/3489/2015, en el que a través de la Dirección Jurídica cita al representante legal de la editorial para audiencia.

Tres meses después, el 11 de septiembre de 2015, según consta en el oficio DJPA/4436/2015. Procedimiento Administrativo. Junta de Avenencia –del que Contralínea posee copia–, María Teresa Romero González, apoderada legal de Fernández Educación, SA de CV, se presentó en las instalaciones del Indautor.

En la junta, los autores solicitaron a la apoderada legal presentar en cita subsecuente una relación de la venta total de los tirajes de las obras de las que son autores, la liquidación total de las regalías (10 por ciento sobre el precio de venta al mayoreo de cada ejemplar vendido, 3.5 por ciento sobre ventas especiales y la tasa de interés interbancaria de equilibrio más 20 puntos a partir del periodo comprendido por penalización conforme a lo previsto en las cláusulas del contrato) y la presentación por escrito de un convenio de pago para ser discutido ante la autoridad, sustentado en la garantía de pago correspondiente.

Una vez expresadas las peticiones, el Indautor fijó fecha para una nueva reunión entre las partes.

Mientras esperaban la audiencia a realizarse el 2 de octubre, y en consecuencia a lo establecido durante la primera reunión, los autores insistieron a la representante legal vía correo electrónico presentara por escrito su propuesta de adeudo, así como los reportes de venta y tiraje, a lo que respondió con una invitación para acudir a las instalaciones de Fernández Educación y encontrarse con el contador Rodrigo Maturano el 29 de septiembre. Misma a la que se negaron a asistir, toda vez que, consideraban, estaba fuera del procedimiento en curso.

Una vez llegado el 2 de octubre, el órgano desconcentrado adscrito a la Subsecretaría de Educación Superior, de la Secretaría de Educación Pública, encargado de proteger y fomentar los derechos de autor, dio por concluida su mediación en el caso.

“En virtud de no presentarse la aceptación mutua de los comparecientes, no ha lugar a dar inicio el procedimiento arbitral”, asienta en el oficio DJPA/4884/2015. Procedimiento Administrativo. Junta de Avenencia.

Tal como puede leerse en el documento, pese a que Enrique González y Fabiola Martínez aceptan la invitación a someterse al procedimiento de arbitraje, Fernández Educación, a través de su representante, se niega a aceptar el arbitraje y solicita se dé por terminado el procedimiento “en virtud de no haber llegado a ningún arreglo conciliatorio”.

A decir de David Vega Osorio, defensor de Martínez Díaz y González Ruelas, el Indautor incurre en una falta al retirarse, hecho que podría derivar en una queja ante la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en el propio Instituto.

La instancia, explica el abogado, tiene facultades para iniciar procedimientos judiciales: “está estipulado en su reglamento interno”. Agrega que los autores nunca debieron contratarlo, pues debieron brindarles abogados de oficio, situación que también se contempla en la normatividad.

Señala además que ante las decenas de casos de fraude, el Indautor se ha mantenido siempre omiso y al margen, actuación que califica de deficiente y tendenciosa.

Ya sin la mediación de la autoridad y frente a los “contratos leoninos” que dice, Fernández Educación hace firmar a los autores, lo que resta es un “largo” procedimiento de carácter civil.

Para la realización de este trabajo se solicitó entrevista con Fernández Educación, SA de CV, a través de Fernanda García; con el Instituto Nacional del Derecho de Autor y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos vía Maricel Buiza. Al cierre de edición no se obtuvo respuesta.

- Libros de texto autorizados por la Secretaría de Educación Pública para su uso en las escuelas secundarias (ciclo escolar 2015-2016)

- Las editoriales autorizadas son: Limusa Noriega Editores, Trillas, Ángeles Editores, Grupo Editorial Patria, Grupo Editorial Norma, Pearson Educación, Santillana, Ediciones Castillo, Ediciones Excelencia, Esfinge, Oxford University Press, Terracota-Cengage, Ediciones SM, EPSA/McGraw-Hill, Méndez Cortés Editores, Fernández Educación, Ríos de Tinta, Correo del Maestro, Nuevo México, Ediciones Larousse, Editorial Cervantes, Siglo XXI Editores, Norma.

Fuente
Contralínea (México)

30 de Noviembre 2015

Un tercer recorte presupuestal a mediados de 2016 / Potencial petrolero de la subasta del 15 de diciembre / Fernández Editores, con más de 30 conflictos por fraude / Al borde del estallido social / 100 mil millones a las Fuerzas Armadas / Narcotráfico, pesca ilegal y contaminación, los males del mar territorial /

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