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Hacienda congela 2 500 millones de pesos a personas incluidas en su lista negra

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público amplía su discrecional lista negra de personas y empresas non gratas para hacer operaciones y negocios en el sistema financiero mexicano. Mientras que a inicios de 2014 –cuando se empezó a generar el listado– apenas contabilizaba 77 nombres y dos razones sociales empresariales, a la fecha incluye 2 242 personas morales y físicas (en su mayoría).

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Desde su creación, en enero de 2014, la lista se ha caracterizado por faltar a la transparencia. Ello podría derivar en arbitrariedades de la dependencia que encabeza José Antonio Meade, pues sin reglas claras y sin que se haga pública, Hacienda podría incluir en ella a cualquiera de quien sospeche.

Y es que aunque sólo debería enlistar a lavadores de dinero, financiadores del terrorismo global y facilitadores de esos dos delitos, se sabe que también incluye a supuestos narcotraficantes.

En los casi 3 años de operar la lista, Hacienda ha bloqueado decenas de cuentas bancarias. En total, han sido congelados 2 512 millones de pesos vinculados a las 2 242 personas fichadas, revelan datos de la propia Secretaría.

De ese total, 333 millones de pesos y 4,9 millones de dólares estadounidenses fueron bloqueados entre enero y junio de 2014; 372,31 millones de pesos y 1,7 millones de dólares, entre julio de 2014 y junio de 2015, y 1 490 millones de pesos y 10,1 millones de dólares, entre julio de 2015 y junio de 2016.

Además, de los datos de Hacienda se desprende que el periodo comprendido entre julio de 2014 y junio de 2015 fue el más intenso para el fichaje. En ese lapso se incluyeron 1 536 individuos y empresas. De éstas, aclara la autoridad hacendaria, 1 016 se relacionan con resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de terrorismo y su financiamiento, mientras que 520 fueron designadas por otros supuestos.

Pero los perfiles de quienes se sumaron entre julio de 2015 y junio de 2016 cambiaron. En este periodo se anexaron 706 personas, de las cuales sólo 104 se relacionan con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. El resto, es decir, 602 personas, fueron incluidas por otros supuestos en el ámbito nacional.

Ampliar la lista negra

Oficialmente, el registro de Hacienda se denomina “lista de personas bloqueadas” y surgió a raíz de la publicación de la reforma financiera en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de enero de 2014.

Según sus propias reglas, la lista negra incluye a “aquellas [personas] que se encuentren dentro de las listas emitidas por el Comité de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales”. Entre éstas, las de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y del Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (Gafi).

En la “lista de personas bloqueadas” también figuran las personas físicas y morales fichadas por autoridades extranjeras, organismos internacionales y agrupaciones intergubernamentales, previamente determinadas por la propia Secretaría de Hacienda.

Las normas internas para la elaboración de la lista incluyen también a “aquellas [personas] que den a conocer las autoridades nacionales porque se encuentran relacionadas con los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo o que se encuentren compurgando sentencia por estos delitos; aquellas que las autoridades nacionales determinen que hayan realizado o realicen actividades que formen parte, auxilien o estén relacionadas con dichos delitos; y aquellas que omitan proporcionar información o datos, encubran o impidan conocer el origen, localización, destino o propiedad de recursos, derechos o bienes que provengan de los mencionados delitos”.

Aunque estas reglas existen, las autoridades han actuado en forma arbitraria y opaca a la hora de generar el listado. Por ejemplo, han incluido a supuestos narcotraficantes, integrantes de la mafia y personas investigadas y señaladas por delitos contra la salud, aunque éstas no se enuncian en sus criterios oficiales.

Al respecto, el 13 de abril de 2014, el entonces secretario Luis Videgaray afirmó que quienes estuvieran relacionados con el narcotráfico aparecerían en la lista y se les bloquearía el dinero que intentaran introducir al sistema financiero. A partir de entonces, la lista empezó a incrementarse.

Durante una gira por Washington, Estados Unidos, el ex titular de Hacienda reveló que México elaboraría su propia lista de personas y empresas vinculadas al narcotráfico y al terrorismo y las bloquearía para evitar que participen en el sistema financiero. Pero para entonces, la lista negra ya estaba en marcha y contaba 79 nombres.

En aquella ocasión, Videgaray también aseguró que en esos días se daría a conocer la lista. No obstante, a la fecha Hacienda la mantiene oculta.

Esta opacidad por la que ha apostado la Secretaría es inexplicable: tanto el Consejo de Seguridad de la ONU, como la OFAC y el Gafi hacen públicas sus propias listas. Esto garantiza que dichas instituciones argumenten por qué incluyen a las personas y empresas y, con ello, se pueden evitar arbitrariedades e injusticias.

Además, desde el 7 de febrero de 2015 el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (ahora Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales) determinó que Hacienda debe dar a conocer una versión pública.

La resolución del Ifai indicó que dicha versión de la lista negra debería contener sólo los nombres de quienes ya han sido sentenciados o se encuentran compurgando alguna pena por los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. No obstante, ni en la página de internet de Hacienda ni en el portal de Datos Abiertos del gobierno federal se ha dado a conocer.

Esperemos que la Secretaría acate la resolución del Ifai y publique tanto sus criterios como la lista misma. Sólo así podremos saber, por un lado, si están justificados los nombres incluidos y, por otro, quiénes están ausentes a pesar de las evidencias en su contra.

Fuente
Contralínea (México)

14 de Noviembre 2016

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