Oceanografía, rescatada por el Estado mexicano a través del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y otrora proveedora de Petróleos Mexicanos (Pemex), deja a la deriva a más de 4 mil trabajadores, a quienes les han suspendido sus pagos salariales y no cuentan con liquidación por parte de la empresa, propiedad del empresario Amado Omar Yáñez Osuna.

Además de la falta de liquidez económica, los empleados de la naviera enfrentan acoso, amenazas y el deterioro de su salud tras las huelgas de hambre en reclamo de sus pagos. El conflicto ha escalado instancias de defensoría y justicia, en la petición de medidas de protección para quienes exigen el respeto a sus derechos laborales.

A los conflictos laborales que enfrenta Oceanografía, se suma la invasión de predios a la compañía Exincomer, SA de CV, propiedad del empresario Juan Carlos Velázquez Rivas. Se trata de un espacio de 12 mil metros cuadrados en donde operaba su negocio en el Parque Industrial Pesquero Laguna Azul, de Ciudad del Carmen, Campeche.

Expedientes, de los cuales Contralínea posee copia, relatan los episodios de “riesgo” por los que han pasado algunos de los empleados que, también, exigen ante la Junta de Conciliación y Arbitraje la indemnización de sus pagos correspondientes, a partir de que Oceanografía dejó de estar en estado de quiebra y de concurso mercantil.

Queja ante la CNDH

Las quejas CNDH/6/2016/6270Q y CNDH/6/2017/1617/OD presentadas en contra del SAE, por violación a los derechos humanos y laborales de los trabajadores de Oceanografía, fue ampliada. El documento también implica a la misma naviera y a Amado Yáñez Osuna, a quien se le señala con la “agravante de tentativa de homicidio”.

El documento fue dirigido al presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez; al encargado de la sexta visitaduría general de la dependencia encargada de velar por los derechos humanos en el país, Jorge Ulises Carmona Tinoco, y a la directora general de dicha visitaduría, Adriana Luisa Geuguer Dosamantes.

Los trabajadores Carlos Marín Palmeros y Rafael Serrano Frías, con el aval de sus compañeros, acusan que la situación de los trabajadores se agrava, después de una serie de situaciones que los han puesto en riesgo.

Denuncian que el pasado 11 de mayo se incendiaron las instalaciones de la Junta de Conciliación y Arbitraje en Ciudad del Carmen, Campeche, donde se encontraban expedientes laborales que los implicaban, y con los cuales podía enajenarse el barco embargado Caballo Azteca.

Al día siguiente, el mismo barco Caballo Azteca ardía en llamas al interior. Las autoridades, indica el documento, prohibieron toda acción a su alrededor para sofocar el fuego y contener la contaminación que se estaba generando.

El lunes 14 de ese mismo mes, personal entra en huelga de hambre, ante la falta de pago de meses de salarios y carencia de comida en la barcaza DLB-801, propiedad de Yáñez Osuna y embargada por los trabajadores.

El 16 de mayo se incendia el patio de maniobras de Oceanografía en el Puerto Isla del Carmen con equipos y maquinaria almacenados que estaban en lista para su remate y pagar a los trabajadores.

Los mismos trabajadores acusaron ante la CNDH que el 17 de mayo, después del fallecimiento por causas naturales de uno de sus compañeros, fueron citados por personal de Recursos Humanos de la empresa, bajo el argumento de que se les apoyaría económicamente para los gastos funerarios.

Al presentarse tres de los trabajadores en el edificio corporativo en el puerto Isla del Carmen, de quienes se omite su nombre por temor a represalias, son “atacados con armas blancas por varios sujetos que llegaron por la espalda, amenazándolos de muerte y tuvieron que ser hospitalizados para su atención”.

Denuncian ante la CNDH que también han sido acosados vía telefónica, se les han roto los cristales de algunos de sus vehículos y han ubicado a “personas sospechosas” frente a algunos de sus domicilios particulares. “…Mientras, Amado Yánez se la pasa culpando a los trabajadores, a los medios de comunicación se les olvidan las acciones [del empresario] que lo llevaron al reclusorio. Y [no reparan en que] nosotros estamos en la calle sin liquidación, gracias al SAE, y ahora temerosos de sufrir represalias”.

Amado Yáñez, omiso

El ir y venir del empresario Amado Yánez, dueño de la naviera, ha dejado en la incertidumbre a quienes sirvieron en su compañía, desde hace varios años.

Rafael Serrano, uno de los trabajadores firmantes de la queja ante la CNDH, comenta en entrevista que hablar de Oceanografía es remontarse a 40 años de existencia, con un crecimiento exponencial en los últimos 20 años, contratista de Pemex.

“Durante la última década trajo embarcaciones de última generación, era una empresa ícono, reconocida a nivel nacional contratos millonarios, pero lamentablemente, se inicia una investigación por la denuncia de fraude. El socio mayoritario, Amado Yañez, se somete a una investigación y la empresa es asegurada por la PGR en 2014 y entregada al servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) para que la administre”, relata.

Al ser entregada por la Procuraduría General de la República, el 2 de marzo de 2014, al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, Oceanografía ejecutaba más de 30 contratos de obra pública con Pemex, cuyos montos promedio oscilaban cada uno entre 200 y 300 millones de pesos, operaba más de 65 embarcaciones en la Sonda de Campeche y contaba con una plantilla laboral cercana a los 12 mil trabajadores, dice el documento entregado ante la CNDH.

La relatoría también indica que en marzo de 2014, con la intención de enderezar el supuesto ilegal actuar de Oceanografía y proteger la operación, las fuentes de empleo, a los acreedores y asegurar la continuidad de la producción de Pemex, el presidente de la República declara su “apoyo a los trabajadores afectadas por las acciones de gobierno federal”.

En la Cámara de Senadores se determina integrar la Comisión Especial de Seguimiento al Caso Oceanografía, para evitar que el aseguramiento de la naviera pudiera afectar, entre otras cosas, los derechos legales y humanos de los trabajadores.

En abril pasado, durante una audiencia de Amado Yáñez con el jurídico de Pemex, relata Rafael Serrano, “aprovechamos para hacer un acercamiento con él, pretendíamos entregar una carta donde le pedimos una mesa de negociación”.

Amado Yánez los recibió en el recinto judicial de San Lázaro y la respuesta fue: “son unos malagradecidos, yo les di de comer todos estos años, no saben lo que ha sufrido mi familia, ya no me hostiguen”.

“Sabemos que hay muchos expedientes que están en Campeche, en amparos que presentó Amado Yañez en contra de los laudos laborales. Mientras estuvimos cuestionando al Sae, Amado Yañez no dijo nada, pero ahora que ya es su responsabilidad se ampara”, cometa el trabajador de Oceanografía.

La falta de pagos por parte de la empresa ha generado, incluso, que algunos empleados se vayan a huelga de hambre. Así sucedió el 14 de mayo, cuando inician cuatro trabajadores en una barcaza en la bahía de Ciudad del Carmen. No contaban con diésel, agua para lastres, agua potable ni comida. Joaquín García, gerente de la empresa intentó negociar, “fue y les dijo: ‘Bájense, aquí vamos a dejar todo; vamos a arreglar todo, les vamos a pagar…’ Pero ya ha sucedido con otras tripulaciones que los bajan y los dejan en la calle, en el vil abandono”, comenta.

Medidas cautelares

Las agresiones que han enfrentado los trabajadores de la naviera han provocado que las autoridades de la Fiscalía General Regional de Ciudad del Carmen, Campeche, dicten medidas cautelares para los trabajadores que han sido amenazados, se han movilizado y han acudido a las instancias oficiales para el pago de sus liquidaciones.

Máxima Carolina Poot Herrera, agente del ministerio público del fuero común de la Agencia Investigadora de Guardia de Atención Temprana Inicial B1, Carmen, Campeche, resolvió que era procedente dictar medidas de protección a favor del ciudadano Rafael Serrano Frías.

Las medidas indican que los directivos de Oceanografía: Joaquín García Gómez, jefe de recursos humanos; Jorge Betancourt Méndez, director Relación con Inversionistas, y Amado Yáñez Osuna, socio mayoritario de la empresa, tienen prohibido acercarse o comunicarse con la víctima, limitarse para asistir o acercarse a su domicilio o al lugar donde se encuentre; así como la prohibición para “realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionados con ellos”.

La Fiscalía solicitó vigilancia en el domicilio del trabajador de Oceanografía, protección policial y auxilio inmediato de instituciones policiales, al lugar donde se encuentre al momento de solicitarlo.

Oceanografía invade predio

Además de los conflictos laborales que enfrenta la naviera, los problemas persisten para el dueño de la empresa Exincomer, SA de CV, quien ha venido denunciando la invasión de 12 mil metros cuadrados por parte de Oceanografía.

Juan Carlos Velázquez, dueño de Exincomer, relata en entrevista que antes de que Oceanografía llegara a la zona, ellos ya contaban con la concesión de estos predios en la zona federal marítima terrestre. “El problema es que Oceanografía se mete en nuestros predios, hace una invasión de forma abrupta con apoyo incluso de autoridades, principalmente de la Administración Portuaria Integral de Campeche, que está en Ciudad del Carmen y que tiene todo el control de los puertos de Campeche por una concesión.

“Invaden nuestros predios y empiezan a hacer uso de ellos en una forma irregular, los explotan con contratos con Pemex, auspiciados con el gobierno federal, básicamente se han ocupado como patios de maniobra, construcción de plataformas, manejo de embarcaciones. ¡Esto es un despojo!”, dice.

Esta situación ha llegado ante la Procuraduría General de la República, sin que hasta el momento se resuelva la situación.

Contralínea solicitó entrevista con Amado Yáñez. Su abogado, Fernando Ortiz de Velasco, informó que su cliente entraría en contacto con la reportera en cuanto regresa del extranjero.

Érika Ramírez