El presidente Donald Trump canceló la autorización de acceso a secretos militares del ex director de la CIA John Brennan (foto).

John Brennan fue jefe de la estación de la CIA en Arabia Saudita, director de la oficina de George Tenet cuando este último era director de la CIA –bajo los presidentes Bill Clinton y George Bush hijo– y fue el primer director del Centro Nacional Antiterrorista, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Favorable a la tortura, Brennan fue nombrado director de la CIA por el presidente demócrata Barack Obama.

A raíz de la cumbre de Helsinki, celebrada el 16 de julio de 2018 entre el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo estadounidense Donald Trump, John Brennan acusó a Trump de «traición».

El presidente Trump ha solicitado también que se revisen las autorizaciones de acceso a secretos militares de otros ex altos funcionarios, como James Clapper (ex director de la Inteligencia Nacional), James Comey (ex director del FBI), Michael Hayden (ex director de la CIA), Sally Yates (ex fiscal general adjunta) y Susan Rice (ex consejera de seguridad nacional del presidente Barack Obama).

En Estados Unidos, los presidentes designan a las personas que ocupan esos altos cargos, cuyos predecesores conservan sin embargo el acceso a los secretos militares y a otro tipo de información clasificada que comenzaron a manejar mientras ocupaban ese tipo de cargos. Con ello se crea una élite dirigente privilegiada con acceso a información que el pueblo ignora.

Los defensores de la ideología puritana estiman que al cuestionar esa regla se viola la Primera Enmienda (la libertad de expresión) ya que, al perder acceso a esa información, los opositores que salen de esos cargos se ven en desventaja para participar en el debate público ante quienes los ocupan.

Para los defensores de los principios de Andrew Jackson (presidente de Estados Unidos de 1829 a 1845), por el contrario, el acceso a ese tipo de información no debe ser un privilegio reservado a cierta categoría de ciudadanos ya que eso constituye una violación de la igualdad cívica que debe regir entre los estadounidenses.